Las coimas Odebrecht

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Silvina Romano y Javier Calderón

sede-odebrecht-spY la “justicia” made in América

A fines de diciembre de 2016 adquiere visibilidad uno de los casos “más escandalosos” de corrupción en América Latina, que vincula a la empresa brasileña Odebrecht con diferentes gobiernos de la región. Se trata de una de las empresas de ingeniería y construcción más importantes de la región, que opera desde 1944 con sede en Brasil y que en las últimas décadas realizó grandes obras de infraestructura en el marco de licitaciones públicas ganadas en varios países.

Las coimas de Odebrecht son uno de los indicios que surgen del caso abierto en Brasil contra Petrobras denominado Operación Lava-Jato, en el que se puso en evidencia el soborno por parte de empresas constructoras tanto a Petrobras como a políticos de turno y que fue el punto de partida para el golpe de Estado “institucional” contra la presidenta Dilma Rousseff.

La investigación comenzó en el Estado de Curitiba, pero es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que en diciembre de 2016 estableció una multa de 3.5 mil millones de dólares a Odebrecht, por haber pagado 788 millones de dólares en coimas para lograr nuevos contratos y mantener contratos anteriores con el sector público de 10 países de la región además de Brasil: Guatemala, México, Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana y Colombia. Se trata de una de las multas más caras de la historia, y Estados Unidos se quedará aproximadamente con el 15 por ciento del monto total.

¿Qué es lo que conduce al Departamento de Justicia estadounidense a dedicarle tiempo y recursos a la lucha contra la corrupción en América Latina? ¿Cómo interviene Estados Unidos en el curso adquirido por el Lava-Jato, que ahora implica a varios gobiernos de América Latina a través de las coimas de Odebrecht? ¿es Odebrecht la única empresa implicada en la red de corrupción que se devela?

Estados Unidos y el asesoramiento judicial: cómo se construye el caso y cómo se publica

El caso Odebrecht incumbe a la justicia estadounidense al enmarcarse en la enmienda de 1998 a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (Foreign Corrupt Practices Act). Esa enmienda dispuso que pudieran investigarse y sancionarse empresas y personas extranjeras que causaran directamente o a través de otros agentes, actos de corrupción y pago de coimas en territorio estadounidense. La empresa Odebrecht ha realizado obras de infraestructura en Florida, Luisiana y Texas. Sin embargo, el modo en que se lleva a cabo la investigación y la manera en que se publicó en los medios despierta algunas dudas: se ha acusado a gobiernos sin dar a conocer las pruebas, a la vez que se exige “colaboración” con la justicia estadounidense para resolver el caso.

Como si América Latina estuviera de hecho bajo jurisdicción estadounidense. Lo interesante es que gobiernos como el de Perú o el de Panamá inmediatamente aseguraron que colaborarían con todo lo que sea solicitado desde Estados Unidos.

Pero sin dudas el líder en colaboración es Brasil. Hace varios años que la justicia brasileña viene “trabajando en conjunto” con expertos estadounidenses. Un ejemplo de esto es que el principal juez de la causa Lava Jato es Sergio Moro, participó activamente en un curso de “formación” de personal de justicia en la lucha contra la corrupción auspiciado por Estados Unidos. Se denominó “Proyecto Puentes: construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil” (2009) y consistió en asesoramiento y entrenamiento para la aplicación de leyes y habilidades prácticas contra el terrorismo. A este curso asistieron jueces de los 26 estados brasileños además de 50 policías de todo el país, incluidos participantes de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Según lo publicado en un documento secreto filtrado por Wikileaks, entre los objetivos del programa estaban “la investigación y penalización de casos de lavado de dinero, incluida la cooperación entre países, confiscación de bienes, métodos para extraer pruebas, negociación de delaciones…” y una de las conclusiones a las que se llegó es que “el sector judicial brasileño está muy interesado en luchar contra el terrorismo, pero necesita herramientas y entrenamiento para utilizar la fuerza eficazmente (…) los jueces especializados dirigirán los casos de corrupción más significativos que impliquen a individuos de jerarquía”.

Considerando esto, puede decirse que, por un lado, Sergio Moro fue uno de los mejores alumnos del Programa y cumplió al pie de la letra con los objetivos. Por otro lado, este tipo de “colaboraciones” entre el gobierno estadounidense y los poderes judiciales en América Latina tiende a propagar una forma y contenido de justicia particular, con una fuerte tendencia a la judicialización de la política. Esta tendencia se materializó en Lava Jato (y el juicio a Rousseff, quien padeció sospechas nunca confirmadas sobre su participación en la Operación y a quien se la destituyó por otra causa) y que ahora se reproduce a nivel regional con el caso Odebrecht, que tal como se presenta parecería implicar única o particularmente a los gobiernos progresistas.

Ecuador

Desde ese lugar se han comprendido las denuncias sobre Odebrecht en Ecuador, culpando directamente la gestión de Correa. La delación de Marcelo Odebrecht ante la justicia norteamericana reveló el pago de coimas para la contratación de obras en el Ecuador por 33 millones de dólares. El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, manifestó que la Justicia está actuando y ha solicitado de manera soberana que los Estados Unidos entregue toda la información sobre las personas que recibieron los sobornos. Por ahora, el único confeso culpable de corromper es el propio Odebrecht.

Es importante recordar que el presidente Rafael Correa expulsó en el 2008 a la firma Odebrecht y le impuso un conjunto de exigencias para contratar en el Ecuador, tras lo cual sólo regresó en el 2010 firmando un acta de compromiso para ser contratista. En la actualidad el único contrato vigente de la constructora brasileña es la segunda fase del metro de Quito, cuyo proceso de contratación fue realizado de forma pública, donde tuvo participación el Alcalde de dicha ciudad, opositor al gobierno de Alianza País.

En Argentina, todos los focos se dirigieron inmediatamente hacia los gobiernos kirchneristas. Se explora menos el hecho de que con la obra pública se enriquecieron empresarios que hoy tienen asiento en sillones presidenciales. El clan Macri es conocido por estar vinculado a la línea empresaria que ligo contratos en dictadura y los siguió teniendo en democracia por su afianzado poder económico. Es rentable hacer negocios con el Estado. Uno de sus familiares y dueño de la empresa Iecsa, Ángelo Calcaterra, fue denunciado por recibir sobornos y ser uno de los principales socios de Odebrecht en la Argentina, empresa que en el gobierno macrista continúo con el negocio del soterramiento de la línea del tren Sarmiento con financiamiento del Banco de la Nación Argentina.

La prensa argentina se ha centrado en las informaciones sobre la adjudicación de contratos a Odebrecht durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sin someter a escrutinio el papel de los Macri desde hace décadas en la contratación de la obra pública. Se espera que en los (pocos) archivos desclasificados de los Estados Unidos en el 2016 y en los archivos del Bancro Central de la República Argentina desclasificados en 2015 por el entonces gerente Alejandro Vanoli se empiecen a conocer las piezas sobre el patrimonio de las empresas y la obra pública en los nefastos momentos de la dictadura Argentina.

El tratamiento no es igual para casos como el de Colombia, que debería estar en el “top ten” de la corrupción. Y decimos esto porque las coimas de Odebrecht son pequeñas comparadas con los negociados de Uribe y empresas estadounidenses. En el mes de diciembre salió a la luz que altos funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010) recibieron 6.5 millones de dólares a cambio de la concesión de millonarios contratos con la firma Odebrecht. La noticia se presenta como un escándalo mayúsculo, y sin embargo es de poco peso si lo comparamos con los casos de corrupción de las estadounidenses Glencore, CB&I y Foster Wheeler que según el gobierno de Santos desfalcaron por más de 1 mil millones de dólares a la estatal petrolera colombiana Ecopetrol en los contratos de modernización de la refinadora de petróleo de Cartagena-Reficar entre 2008 y 2014.

Según la demanda interpuesta por el propio gobierno, se trataba de una obra de construcción presupuestada en 3.7 mil millones de dólares, por la cual el país terminó pagando cerca de 8 mil millones. Sobre esto los amigos anticorrupción del norte nunca advirtieron y hoy no dicen nada, aunque estamos hablando del desfalco más grande del siglo en el país.

De la misma manera, Andrés Felipe Arias ex ministro de agricultura del gobierno de Uribe, prófugo de la justicia por desfalcar a la nación por más de 30 billones de pesos (10 mil millones de dólares) está como solicitante de asilo en Miami, sin que la justicia norteamericana se indigne por los hechos de corrupción y lo regrese al país a cumplir la pena de 20 años de prisión interpuesta por la Corte Suprema de Justicia. Parece claro que el gobierno estadounidense asila a algunos corruptos mientras denuncia a otros.

Los límites de la lucha anti-corrupción: los intereses de las otras empresasEn los hechos, la corrupción no es una problemática nueva para Latinoamérica y no es exclusiva del Estado o “la cosa pública”, sino que existe porque hay empresas como Odebrecht que se prestan para acciones ilegales. Se trata de una pesada herencia labrada por los partidos políticos en las democracias liberales como uno de los tantos medios para mantener su dominación, la utilización de los recursos públicos estatales a través de mecanismos ampliamente conocidos como el clientelismo o la recepción de coimas/propinas, especialmente provenientes en los rubros de contratación estatal. De modo que es poco verosímil comprender la corrupción como el acto de una empresa en vínculo con algunos gobiernos. Habría que estar atento más bien a la red de clientelismo y coimas que involucra también a otras transnacionales.

Un dato que ha pasado desapercibido es que si tenemos en cuenta las empresas que a nivel global tienen contratos billonarios con el sector público, Odebrecht se sitúa en el puesto número 13, por encima de las estadounidenses Betchel y Fluor. Desde este lugar, podría pensarse que la multa billonaria a Odebretch es una manera de quitarla del juego para permitir un mayor protagonismo a empresas estadounidenses.

Un ejemplo de este tipo de estrategia, son los datos que emergieron de Lava Jato, pero que no se tuvieron en cuenta, como las declaraciones que implicaban a varias empresas extranjeras involucradas en el Cártel de Petrobrás, como la sueca Skanska y la francesa Technip. Esto no resultó un dato relevante, a pesar de que el número de transnacionales implicadas en el esquema de corrupción es fenomenal: Maersk, Jurong, Kawasaki, KeppelFels, Mitsubishi, Rolls-Royce, Samsung, SBM, Sembcorp Marine, Skanska, Techint, Toyo, Mitsui, Toshiba, Sargent Marine, Astra Oil, GB Marine, Trafigura, Glencore, OceanRig, Pirelli y Sevan.

A excepción de Odebrecht, el resto de las empresas pueden seguir postulándose para licitaciones de obras públicas, además de seguir operando con normalidad no solo en Brasil sino en los países latinoamericanos que están cortando el vínculo con la empresa brasileña. Así, el operativo anti-corrupción guiado por Estados Unidos es selectivo, en tanto focaliza en una sola empresa y puede pensarse que en este escenario de caída de Odebrecht se beneficien empresas estadounidenses y europeas.

El caso Odebrecht podría ser la oportunidad para abrir la caja de pandora y buscar estas conexiones entre los negocios transnacionales y las políticas neoliberales. Pero de eso no se ocupará el Departamento de Justicia estadounidense. La histórica e íntima relación entre los intereses del Estado y empresas en ese país no parece el contexto propicio para un proceso de justicia contra la red de empresas y empresarios implicados en corrupción que extiende sus tentáculos mucho más allá de Odebrecht.

En efecto, y tal como ya ha sido notado, las sanciones a esa empresa pueden ser interpretadas como un “reordenamiento” para que la mayoría de los empresarios y millonarios involucrados sigan con su buena vida luego de haber pagado el tributo imperial.

URL Corta: http://bit.ly/2iIGwxS

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