Crisis sobre los precios de la electricidad

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Economistas frente a la crisis

ocotepeque-300x167Declaración de Economistas Frente a la Crisis sobre los precios de la electricidad

Ante la desorbitada subida de los precios de la electricidad en estos días, Economistas Frente a la Crisis EFC quiere señalar que nos encontramos ante una situación que en España empieza a ser recurrente como ponen de manifiesto situaciones semejantes verificadas en los inviernos de 2013, 2015 y 2017 y julio de 2015, periodos caracterizados también por escasez de lluvias, poca generación eólica, y aumentos en el precio de los combustibles fósiles. Pero los aumentos de los precios de la electricidad observados no son sólo achacables a las condiciones meteorológicas.

También hemos asistido a una disminución de las ofertas procedentes de centrales hidráulicas o de centrales de carbón o de gas o de las tres cosas, que ha contribuido al aumento del precio del mercado que retribuye la producción de todas las centrales que cubren la demanda y que pagan los consumidores. No hay que olvidar que las empresas tienen la capacidad y los incentivos para ejercer poder de mercado. Las instituciones reguladoras deben estar vigilantes para que no lo ejerzan.

Hace un año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC sancionó a Iberdrola por manipulación del precio del mercado a través de las ofertas de venta de su producción hidroeléctrica en diciembre de 2013. EFC señaló entonces su duda de que el supervisor hubiera acertado en su diagnóstico al instruir el expediente sancionador, sin tener en cuenta la gestión simultánea de las centrales hidroeléctricas y las centrales de gas.

En la presente subida de los precios de la electricidad vuelven a surgir dudas sobre ambos tipos de centrales. Por un lado, la hidroeléctrica se ha convertido en la tecnología que ha marcado una gran parte de los precios en el mercado, ofertando su producción a 70-80 €/MWh (7 a 8 veces su coste). Por el contrario, se ha reducido fuertemente la participación de las centrales de gas, sin que existan todavía datos públicos de si ha sido debido a su indisponibilidad o a una falta de gas, cuyos precios han subido en los mercados internacionales.

En relación con estas circunstancias hay que subrayar, que las centrales de gas reciben del sistema tarifario una retribución fija regulada (Pagos por Capacidad) que tienen por objeto garantizar su disponibilidad sin que esa disponibilidad sea comprobada y, por consiguiente, garantizada. Así los precios pueden acabar siendo fijados en niveles más altos por las centrales con peores condiciones de aprovisionamiento o menores rendimientos, como parece pudiera estar sucediendo ahora.

Si por el contrario, todas las centrales de gas hubieran estado disponibles, los precios hubieran podido ser contenidos por dos vías: (i) promoviendo una mayor competencia entre las centrales de gas que fijan los precios (con los que se retribuye a todas las centrales, con independencia de sus ofertas o costes) y (ii) evitando el desembalse de reservas hidroeléctricas de alto valor para la operación del sistema o el afeitado de precios extremos en situaciones justificadas.

También es posible que ahora, como parece que sucedió a finales de 2013, algunos operadores de centrales de gas hayan reducido su producción de electricidad para suplir un margen de reserva insuficiente induciendo una alteración artificial de precios que retribuye la totalidad de la electricidad en España. La reducción de la potencia (instalaciones) disponible es la mejor forma de elevar el precio del mercado (provocando escasez) de forma más difícilmente verificable por los órganos reguladores y el gobierno… y no digamos por la fiscalía.

El Regulador debería haber investigado si las centrales de gas se encontraban indisponibles en este mes de enero por causas operativas objetivas y no inducidas, o simplemente por carecer de gas, sin haberlo declarado al Operador del Sistema para no perder ingresos, lo que constituiría un grave fraude al Sistema Eléctrico. Por el contrario, las melifluas explicaciones que el Gobierno ha difundido y el silencio del Regulador parecen confirmar que no han cumplido con su deber de vigilancia.

Si verdaderamente se quiere defender al consumidor habría que haber corregido hace ya tiempo las debilidades en el diseño del mercado y de la operación del sistema, que están además agravadas por un problema estructural de concentración de oferta e integración vertical del Sector Eléctrico.

Para ello la CNMC debería ganar independencia de actuación respecto del poder ejecutivo y verse reforzada como autoridad regulatoria tal y como exige la normativa de la UE, dotándose de los medios y los equipos que le permitan llevar a cabo análisis no contestables ni por los operadores, ni por los ámbitos judiciales a los que estos suelen recurrir… y ganar. La CNMC debiera además recibir el mandato de velar por la adecuación de la oferta y la demanda en el largo plazo, contando para ello con el soporte técnico de los Operadores de los sistemas eléctrico y de gas.

En cuanto al Operador del Sistema Eléctrico, éste debe verificar la disponibilidad de las centrales térmicas que reciben pagos por disponibilidad, no sólo para evitar un fraude económico, sino para conocer el estado real de la reserva del sistema y garantizar su margen de seguridad, anticipando la necesidad de nuevas centrales. No se trata de saber sólo si están en condiciones de funcionar, sino también si tienen contratados peajes y suministros de gas que aseguren un funcionamiento sostenido en el tiempo.

Por otro lado, hay que aumentar la coordinación de los operadores del sistema eléctrico y gasista para poder detectar situaciones de riesgo cruzado en el abastecimiento al mercado nacional. La integración vertical aprovisionamiento, comercialización y consumo en las centrales eléctricas de gas, también implica una posición de dominio cuyo abuso hay que prevenir.

El precio de la electricidad, frente a lo que proclaman los directivos empresariales del sector, es en España superior al de otros países europeos comparables. Los efectos sociales que esto causa y la animadversión que genera en la sociedad contra las empresas eléctricas, se agrava por el lastre que supone sobre la competitividad de la industria española.

Pero es necesario reiterar, más allá de la experiencia que suministran estas situaciones, que con manipulación o sin manipulación de precios, la regulación del Sector Eléctrico español es la responsable fundamental de los altos precios de la electricidad en España. El mercado, tal y como está diseñado, no revela los costes de abastecer la demanda de electricidad sino tan sólo los costes de la central más cara del mix tecnológico que la abastece. Esta regulación del Sector Eléctrico es insostenible porque es dañina para los ciudadanos, para la sociedad y para la economía de este país. El momento de abordar de una vez una profunda reforma de la regulación eléctrica llegó hace ya años.

Pero el transcurso del tiempo agrava y acumula sus efectos dañinos. Frente a la pasividad, el silencio y la opacidad que envuelve a este sector de la economía, el Sector Eléctrico, de efectos tan sistémicos como los que puedan tener otros sectores como el sector financiero o el mercado de trabajo, resulta indignante el discurso dominante de las “reformas estructurales” que, bajo el pretexto de la competitividad, agravan, además, la vida de los ciudadanos.

Economistas Frente a la Crisis EFC reiteradamente ha señalado algunos de los puntos que necesariamente debieran ser abordados por una reforma sería y solvente del Sector Eléctrico:

  • La sobre-remuneración de las centrales hidroeléctricas y nucleares.
  • Los Pagos por Capacidad de las centrales que los perciben como contrapartida a su disponibilidad en toda circunstancia de ocurrencia probable.
  • El establecimiento de tarifas eléctricas que reflejen el coste real del mix energético que abastece la demanda.
  • Una coordinación estrecha entre los Operadores del Sistema Eléctrico y de Gas.
  • El reforzamiento y especialización de los órganos reguladores para garantizar una efectiva y profesionalizada supervisión de las empresas reguladas.
  • La recuperación por el Estado, a través de las instituciones públicas que corresponda, de las siguientes funciones y responsabilidades:
    • Fijación del índice de cobertura de la demanda de electricidad,
    • Determinación del mix energético tomando en consideración los efectos externos de cada tecnología, en particular los que afectan al medio ambiente, a la salud humana, a la seguridad de abastecimiento y al empleo.
    • Organización de un mercado de subastas para las nuevas centrales y su convocatoria.
    • Revisión de las concesiones hidroeléctricas,
    • Gestión de las reservas y almacenamientos hidroeléctricos con criterios de optimización hidrotérmica para el conjunto del país.

Mientras una reforma de esta naturaleza no sea abordada, los precios de la electricidad -bien esencial y no prescindible- seguirán manteniendo niveles inasumibles para una ciudadanía cuya indignación será creciente y legítima. Una respuesta de nuestras instituciones democráticas es urgente.

 

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