Ambientalistas y protección de corruptos

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Iván Restrepo

Asesinato de líderes ambientales

ambietalistasTodavía estaban frescas las conclusiones de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (la COP13), celebrada en Cancún en diciembre. Entre ellas, respeto a los derechos humanos y reconocimiento que los pueblos originarios tienen del patrimonio natural en cada país; de cómo son los mejores aliados para defender y conservar la flora y la fauna del planeta. Y es asesinado Isidro Baldenegro, integrante del pueblo rarámuri, con larga trayectoria en defensa de los bosques de su comunidad y los del estado de Chihuahua, saqueados por los intocables caciques.

Sobre su asesinato, ni una expresión de duelo por parte del mundo oficial. Ninguna promesa de las agencias gubernamentales para castigar a quienes cometieron el crimen. Quizá porque, como ya es costumbre, la muerte de los defensores de la naturaleza queda en la impunidad. Los últimos 40 años en la Tarahumara han asesinado a 11 activistas ambientales.

Cabe recordar cómo el becario de Harvard, el señor Calderón, prometió hacer justicia en el caso del joven Aldo Zamora, asesinado el 15 de mayo de 2007. Fue una clara venganza porque su padre, Ildefonso, ha encabezado la lucha contra los talamontes en la región de Zempoala, estado de México.

En Honduras asesinaron en marzo del año pasado a la líder ambientalista Berta Cáceres. Ella, igual que el líder tarahumara, fue reconocida con el Premio Medioambiental Goldman, el máximo que se otorga a escala internacional. Berta es símbolo de la lucha contra las políticas depredadoras del Banco Mundial y los inversores chinos. Uno de sus victimarios fue detenido hace dos semanas en Tamaulipas.

Como sucede con el asesinato de defensores del medio ambiente, en México, la solución de relevantes casos de corrupción de funcionarios y empresarios, las autoridades pretenden que el tiempo los borre de la memoria colectiva. Dos casos recientes ilustran lo anterior. El primero se refiere a la constructora brasileña Odebrecht, enjuiciada en un tribunal de Nueva York por sobornar a importantes personajes de 12 países con 788 millones de dólares. Para cerrar el caso en el tribunal de esa ciudad, la poderosa firma brasileña pagó, por lo menos, 4.5 millones de dólares.

El asunto salpicó ya a los gobiernos de Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y Colombia, donde funcionarios y familiares de políticos y hasta presidentes de la republica aparecen implicados. Ya hay algunos detenidos. Como el ex viceministro de transporte de Colombia cuando Álvaro Uribe era presidente. Recibió 6.5 millones de dólares.

 

En México la constructora brasileña pagó entre 2010 y 2014 sobornos con 10.5 millones de dólares a funcionarios de Petróleos Mexicanos a cambio de beneficios por casi 40 millones de dólares. Emilio Lozoya, anterior director de la paraestatal (muy cuestionado por su desempeño), afirmó ser ajeno a esos sobornos. ¿Quiénes entonces los recibieron? Además, ¿qué otros funcionarios otorgaron obras a cambio de recibir ilegalmente dinero de la mayor empresa constructora de América Latina?

Otro caso de corrupción, conocido también gracias al Departamento de Justicia de Estados Unidos, se relaciona con el sector salud durante el gobierno del becario de Harvard, ahora dedicado a hablar de combate a la corrupción y a tratar de ocupar por segunda vez Los Pinos a través de su esposa, la señora Margarita. Se trata de la empresa israelí Teva, el mayor fabricante de medicinas genéricas en el mundo.

Como denuncié aquí oportunamente, Teva aceptó haber dado sobornos millonarios a funcionarios de Ucrania, Rusia y México con el fin de que le aprobaran sus productos, se los compraran y los incluyeran en las recetas expedidas por los médicos de los hospitales públicos. Gracias a los sobornos, Teva incrementó su participación en el mercado de genéricos en los países citados y sus ganancias. En México sus ventas al sector salud sumaron casi 17 millones de dólares. Seguramente el doctor José Narro Robles conoce los nombres de los involucrados en esa trama de corrupción. Y ha presentado la denuncia ante las instancias correspondientes. Es su obligación. Igual que en Pemex.

 

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