Vendedores y pobladores exigen aprobar reformas al Código Penal

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***”Somos nosotros quienes hemos sufrido a diario las amenazas y la intimidación, queremos trabajar en paz, somos gente trabajadora que se levanta a diario desde las 4:00 de la mañana para llevar el alimento de forma honrada a nuestros hogares”, señalan los vendedores de los mercados y ferias de la capital.

Tegucigalpa, Honduras.

Un numeroso grupo de afiliados a la Federación Nacional de Vendedores de Mercados y Ferias de Honduras (Fenavemerh), así como pobladores de colonias de la capital, se presentaron este miércoles hasta las instalaciones del Congreso Nacional, para exigir a los diputados que procedan a aprobar las reformas penales enviadas por el Poder Ejecutivo con el fin de combatir delitos como la extorsión, asociaciones ilícitas de maras y pandillas y otras formas de crimen organizado.

Diputado David Chavez recibe a Lideres de mercados apoyando las Peformas Penales-3

Los dirigentes de los mercados de la capital y los pobladores fueron recibidos por el diputado David Chávez Madison, miembro de la comisión de dictamen del paquete de reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y otras leyes, quien escuchó atentamente el clamor de este importante segmento de la sociedad afectado por ese tipo de delitos.

En sendos comunicados emitidos por esas organizaciones, plantean que durante muchos años, a diario enfrentan el hostigamiento y el terror que provocan quienes se dedican a extorsionar, amenazando con quemar sus negocios y hacer daño a ellos y a sus familias sino cumplen con sus demandas.

En ese sentido, le piden a los líderes de todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional, que no utilicen este tema para hacer política, pues se trata de un problema de país pues los extorsionadores no preguntan a qué partido político pertenecen para asesinar a las personas por lo que para ellos, este es un tema de vida o muerte.

“Somos nosotros quienes hemos sufrido a diario las amenazas y la intimidación, queremos trabajar en paz, somos gente trabajadora que se levanta a diario desde las 4:00 de la mañana para llevar el alimento de forma honrada a nuestros hogares”, señalan los vendedores de los mercados y ferias de la capital.

Fueron claros al demandar de los congresistas que “les pedimos que regresen y que aprueben las reformas penales para que existan penas más fuertes, hemos sufrido la pérdida de nuestros hijos, compañeros de trabajo y amigos; hagan un alto en la política, porque para nosotros este es un asunto de prioridad nacional, ya no queremos más violencia”.

Asimismo, los demandantes agradecieron la presencia de la Policía Militar que desde  hace más de un año permanece en los mercados y ferias de la capital, desde entonces, dicen sentirse más seguros, pero creen que deben endurecerse las penas porque muchas veces ven cómo después de ser capturados salen libres.

Además, aprovecharon para solicitar más agentes policiales que patrullen esos centros de comercio porque cada vez la presencia de clientes a los mercados incrementa y quieren garantizar la protección tanto de compradores como de vendedores.

El recrudecimiento de las acciones criminales por parte de extorsionadores en el país en contra del transporte público, privado, negocios, y recientemente un colegio privado, ha provocado  que el clamor popular de diferentes sectores se levante con más fuerza para que no se dé más largas a la aprobación del paquete de reformas contenidas en la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad enviadas por el Poder Ejecutivo.

Las reformas al Código Penal buscan agregar un párrafo al artículo 335 para tipificar que incurre en el delito de terrorismo quienes formen parte de asociaciones ilícitas y desarrollen de forma sistemática acciones cuyo propósito sea -mediante la comisión de delitos violentos o amenaza de cometerlos- alterar gravemente la paz pública, aterrorizar o intimidar a la población o a parte de ella, para obligarla a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Además, se modifica el delito de extorsión para garantizar que se considere cometido desde el momento que se hace la amenaza, sin que se necesite haber logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, es decir sin necesidad de que se haya pagado dinero a cambio de no sufrir la repercusión.

Pero también se aumenta la pena en un tercio más cuando concurran siete agravantes, entre ellas que el delito sea cometido en el ámbito de un grupo delictivo organizado; cuando se cierre una empresa o que la orden de extorsionar emane de un centro penal o del extranjero.

No obstante, como es público los líderes del partido Libertad y Refundación (Libre), y del Partido Anticorrupción (PAC), han expresado su férrea oposición a la aprobación de las reformas pese al clamor popular. Hondudiario.

 

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