Editoriales “Golpe de Estado en Venezuela”

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El País de España

composicion-maduro-borgesLa anulación de las competencias de la Asamblea Nacional venezolana, el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el chavismo— y la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro supone un mazazo institucional de una gravedad extrema, sin parangón desde que comenzara la crisis institucional en Venezuela. Es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización. En un continente donde la democracia ha avanzado espectacularmente desde que dejara finalmente atrás regímenes de los años setenta y ochenta, el retroceso de Venezuela hacia una dictadura constituye una tristísima noticia y arroja preocupantes sombras sobre el futuro del país que de ninguna manera merece quedarse al margen del sistema de libertades felizmente mayoritario en la región.

La Asamblea Nacional es el órgano legislativo legítimo según establece la Constitución venezolana —diseñada e impulsada, por cierto, por el propio Hugo Chávez— y fue democráticamente elegida por última vez en las elecciones de diciembre de 2015. Como presidente del país, Maduro está obligado no solo a reconocer los resultados, que dieron una abrumadora victoria a la oposición, sino a colaborar institucionalmente con la Cámara por el bien y la gobernabilidad de Venezuela.

Pero el mandatario no ha hecho nada de esto, sino que ha intentado, desde el primer momento, saltarse la legalidad con todo tipo de argucias. Estas han incluido el recurso a un fantasmagórico parlamento alternativo o la aprobación de los presupuestos despreciando por completo el parecer de la Cámara. Finalmente, ha ordenado a la justicia, intervenida completamente por el chavismo, un proceso indefendible desde el punto de vista legal que ha terminado con la inhabilitación total del Parlamento. Algo inconcebible en cualquier país que aspire a ser reconocido internacionalmente como una democracia.

En este contexto no pueden extrañar las durísimas declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el informe de la misma organización que exige unas elecciones. En palabras de Almagro, “de una dictadura se sale por elecciones”.

La ruptura del orden constitucional amparada por Maduro y los suyos supone un peligrosísimo punto de no retorno en la fractura creada en Venezuela por el chavismo. A pesar de los llamamientos serios a la cordura y al diálogo reiterados durante meses por personalidades e instituciones internacionales y al intento de mediación del Vaticano, Maduro se ha negado tozudamente a cumplir los requisitos mínimos que hicieran posible siquiera buscar el entendimiento y ha acelerado su resistencia al cumplimiento de la ley en una estrategia que ha finalizado con el golpe del pasado miércoles.

Hoy Venezuela es un país aislado del resto de sus vecinos, con presos políticos, la oposición perseguida, el Parlamento suspendido y la economía destruida. Este es el verdadero legado de Nicolás Maduro y el chavismo. Algo que no merecen los venezolanos, a quienes no se les puede negar el derecho, como exige la OEA, a elegir a sus gobernantes en unas elecciones libres.

Editorial. Crisis tras crisis en Venezuela

The New York Times

Venezuela alguna vez fue uno de los países económicamente más prósperos de América Latina, así como un protagonista de la diplomacia regional. Para entender qué tanto se ha desplomado su posición global bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro, se deben considerar tan solo dos sucesos recientes.

En febrero, las Naciones Unidas anunciaron que Venezuela había perdido su derecho al voto en la Asamblea General de la ONU por segundo año consecutivo porque debe decenas de millones de dólares de cuotas. Y el 28 de marzo, pese a las protestas del gobierno de Venezuela, diplomáticos del hemisferio sostuvieron una reunión poco común en Washington para discutir qué sería necesario para restablecer la democracia y que haya alguna señal de orden en la nación empobrecida, disfuncional y autocrática.

La audiencia en la Organización de Estados Americanos (OEA) no resultó en un plan claro para lidiar con las crisis política y humanitaria en Venezuela. Pero el hecho de que se haya celebrado fue profundamente vergonzosa para un país que hace apenas una década buscaba ser un peso que contrarrestara al poder y la política estadounidenses en la región.

Los diplomáticos venezolanos han buscado presentar la creciente oposición regional al gobierno de Maduro como parte de un esfuerzo encubierto de Estados Unidos para justificar la intervención militar. Una coalición de integrantes de la OEA, actualmente liderados por México, no ha aceptado esa excusa y busca cómo hallar e implementar soluciones a la crisis.

Una propuesta es expulsar a Venezuela de la organización. Aunque sería justificado, dado que la represión gubernamental de la oposición y su paupérrimo historial en temas de derechos humanos violan la carta de la OEA, es difícil ver qué lograría. Además, podría llevar a Maduro a actuar de una manera todavía más desmedida.

Un paso más provechoso para la comunidad internacional sería encontrar maneras de aliviar los problemas más inmediatos de Venezuela. Uno de ellos es convencer al gobierno de que acepten el ingreso de ayuda humanitaria con ofertas concretas de comida y medicinas necesitadas. El número de venezolanos que pasan hambre va en aumento por una falta de comida, al igual que quienes mueren de enfermedades tratables en hospitales mal equipados y en condiciones miserables.

Otra prioridad internacional debería ser el ejercer presión contra el gobierno para que celebre elecciones locales, que fueron suspendidas el año pasado, y que libere a los presos políticos, algunos de los cuales han estado detrás de las rejas durante años. Hasta que esos prisioneros sean liberados, la posibilidad de que se restaure la democracia es baja.

Por último, la comunidad internacional podría proponer reformas macroeconómicas específicas para frenar la inflación rampante en Venezuela y estabilizar su moneda. La inflación se ha disparado a una tasa estimada de 700 por ciento, mientras los habitantes de esta nación rica en petróleo se ven forzados a escarbar entre la basura en busca de comida.

Es probable que el gobierno de Maduro haga caso omiso a todos los intentos y los presente como interferencia por parte de sus vecinos.

Aun así, rechazar estas propuestas será cada vez más difícil si una coalición internacional abarcadora las presenta a los venezolanos como una ayuda que no debe ser interpretada como una afrenta a la soberanía de su país.

Comité Editorial The New York Times

Editorial. Venezuela, camino a la dictadura

El Tiempo

Por los lazos históricos y de solidaridad que nos unen, por los miles de venezolanos que han tenido que emprender el camino de la emigración hacia Colombia para huir de la brutal crisis social y económica, nos duele tener que registrar los acontecimientos recientes, que ponen al hermano país en camino de convertirse en una dictadura –si es que ya no lo es–, por culpa de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de retirarles la inmunidad a los diputados y, más grave aún, usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.

El argumento del más alto tribunal de la justicia venezolana, que, contra lo esperado en una democracia, no es un poder autónomo o independiente del Ejecutivo, es que el actual Legislativo, elegido por el voto ciudadano en unas elecciones realizadas en diciembre del 2015 y en las que se impuso ampliamente la oposición, está en desacato.

Desacato porque tres diputados cuya elección fue denunciada por supuesto fraude se juramentaron, argucia que ha servido para anular las decisiones del Legislativo, someterlo al ostracismo y darle superpoderes al presidente Nicolás Maduro. No importa que estos diputados hayan sido desvinculados. Se configura una evidente violación del Estado de derecho y de la separación de poderes, y un claro desconocimiento de la voluntad soberana del pueblo.

Es tal la gravedad del hecho que un gran número de países en el continente y la Unión Europea han expresado su condena, su rechazo o su preocupación, en todos los tonos y matices posibles, por el peligroso rumbo que ha tomado el régimen de Maduro, al que no le ha bastado con sumir a su pueblo en el hambre y la miseria, sino que además desafía pendencieramente a los países que clamaban, con respeto y sin ánimo injerencista, por la apertura de una vía electoral, por la liberación de los presos políticos y por el respeto a la Asamblea Nacional, instituida por el mismísimo Hugo Chávez.

Y es que no se cumplían ni siquiera 24 horas del debate en la OEA en el que se analizó la crisis cuando el TSJ les propinaba esta bofetada a los Estados que acompañaban el proceso, e incluso a los que estaban empujando por lograr llevar a las partes a un diálogo impulsado por el Vaticano y los tres expresidentes (Zapatero, Torrijos y Fernández).

Con ello se estrechan las ventanas para una salida consensuada, y Caracas se expone al aislamiento internacional. En el ámbito interno, la violencia podría aparecer como el peor de los escenarios.

Por eso, las críticas y los calificativos no parecen exagerados: el secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó lo que denominó un “autogolpe”; Perú retiró a su embajador en Caracas y denunció lo que llamó un “quebrantamiento del orden democrático”; la oposición calificó lo sucedido como “golpe de Estado”, y Estados Unidos condenó lo que llamó “usurpación del poder”.

Ante este panorama, es imposible adelantarse a lo que pasará en Venezuela, cuyos habitantes podrían estar sentados en un polvorín. Y es difícil saber a qué le apuesta el régimen. ¿Se retirará Caracas de la OEA? ¿Radicalizará la revolución bolivariana? ¿Encarcelará a los diputados opositores por traición a la patria? No es claro. Lo que sí podemos decir con total certeza es que el bravo pueblo no merece esta suerte, tan triste, tan indigna.

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