La OEA da un paso atrás ante la crisis en Venezuela

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El Nuevo Herald

      Mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) desestimaba el lunes una resolución contra una maniobra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para mantenerse en el poder, el mismo día un joven de 17 años caía mortalmente herido en una protesta popular en Caracas contra el gobierno.

El joven, Fabián Urbina, recibió un disparo en el pecho durante un enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana en el barrio de Altamira.

Con su muerte, la cifra de víctimas fatales en las protestas que comenzaron hace unos 80 días se elevó a 75.

El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, del bando opositor, dijo en Twitter que condenaba “el uso de armas de fuego para reprimir ciudadanos que ejercen derecho constitucional a manifestar pacíficamente”.

Pero el régimen de Maduro se muestra decidido a todo con tal de seguir controlando el país.

El día siguiente, el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides, indicó que había ordenado el arresto de dos miembros de la Guardia implicados en el sangriento hecho. Y el ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo que estaba abriendo una investigación sobre el “uso indebido y desproporcionado” de fuerza por parte de agentes de policía.

Aún no sabemos cómo marcha la investigación oficial del asesinato de Urbina. Pero el saldo de 75 muertos y más de mil heridos en las protestas en Venezuela es una penosa afirmación de que la situación en el país sudamericano es insostenible.

Sí, los culpables de la muerte del joven Urbina deben ir a los tribunales. Y esperemos que las autoridades lleven la investigación del crimen hasta sus últimas consecuencias, en vez de ocultar el atropello bajo un manto de complicidad. Pero aun cuando los culpables sean enjuiciados, queda mucho más por hacer. Los abusos de la policía contra los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta deben cesar. La represión debe cesar.

Ese es el espíritu que animó a los funcionarios que el lunes trataron de que se aprobara una resolución en la OEA contra el régimen de Maduro. La resolución solicitaba al gobierno venezolano que abandonara la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, en realidad un ardid de Maduro con el propósito de sortear la crisis nacional y seguir residiendo en el Palacio de Miraflores. Y el documento también pedía al gobierno de Venezuela que respetara los derechos humanos. Sin embargo, la resolución quedó eliminada al no alcanzarse los 23 votos necesarios para su aprobación.

Luis Videgaray, canciller de México, que estaba a favor de la resolución, dijo que mientras en la OEA no se llegaba a un acuerdo, “la violencia sigue en las calles de Venezuela”.

Es penoso comprobar que, a pesar de los abusos y la crisis en Venezuela, el chavismo conserva aliados en la región.

La votación en la OEA le da luz verde a Maduro para convocar la Constituyente y redactar una Carta Magna a la medida de sus deseos. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en la reunión del organismo hemisférico que la Constituyente es un mecanismo de diálogo con el objetivo de resolver la crisis nacional. Pero la realidad en Venezuela es que, como dijo Videgaray, se ha roto el orden democrático.

Si Maduro de veras quiere un diálogo, no tiene que recurrir al trabajoso proceso de crear una nueva Constitución, cuya utilidad para resolver la crisis de la nación es dudosa. Lo que debe hacer es suspender los atropellos contra los derechos humanos, escuchar las demandas de la gente, entender el sufrimiento del pueblo. Lamentablemente, nada indica que Maduro tenga la menor intención de frenar la represión, y nada indica que esté dispuesto a escuchar a los que se juegan la vida en las protestas.

 

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