Los pecados de EU y México en Centroamérica

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Jaime Hernández 

La vida paga sus cuentas con tu sangre y tú sigues creyendo que eres un ruiseñor
Roque Dalton

En septiembre de 2011, la entonces Secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, mantuvo un encuentro con representantes de los gobiernos de Centroamérica, México y Europa.

El objetivo de este cónclave, en el marco del Sistema de Integración Interamericana (SICA) creado por la administración Obama, era el de responder al alarmante aumento de la violencia en el llamado triángulo del Norte que conforman los estados de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Una violencia, por cierto, atizada por los carteles de la droga mexicanos que se habían visto desplazados hacia Centroamérica al fragor de la encarnizada guerra contra el narcotráfico que inauguró el entonces presidente de México, Felipe Calderón.

Una guerra que, hoy sabemos, se ha eternizado dejando tras de sí una estela de cadáveres, víctimas colaterales, pueblos incendiados, instituciones doblegadas y fronteras sujetas al capricho del mejor postor.

Durante ese encuentro, realizado en los suntuosos salones del Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, Hillary Clinton propuso la construcción de varias cárceles de máxima seguridad en la región para administrarlas de “forma conjunta” y combatir así los problemas derivados de la falta de seguridad en los centros penitenciarios y la ausencia de programas de rehabilitación en Centroamérica.

Es decir, en lugar de proponer una solución de carácter integral, que tuviera en cuenta las raíces mismas del problema, a Clinton se le hizo más fácil proponer la construcción de cárceles en Centroamérica.

Diplomáticos europeos que acudieron a ese encuentro, aún recuerdan el estupor que les causó tal propuesta. Una idea que, desde su punto de vista, demostraba el absoluto desconocimiento y cinismo de Washington hacia un problema que, casi una década más tarde, sigue sin resolverse.

Vale la pena traer a cuento esta propuesta (que, por fortuna no llegó a ningún lado), a propósito de la cumbre sobre seguridad y prosperidad que se realiza estos días en Miami, con la participación de México, EU y los gobiernos de Centroamérica.

Un encuentro en el que el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ha subrayado que los retos en materia migratoria y de seguridad en la región “son síntomas de una problemática estructural”. Por lo tanto, ha señalado, para avanzar, hay que tener temas de fondo “como desarrollo, generación de empleos y prosperidad”.

Más allá de la retórica de Luis Videgaray, la pregunta que hoy muchos nos hacemos es si, acaso, la administración de Donald Trump ha aprendido las lecciones del pasado o si, por el contrario, sigue avanzando por el carril de la desmemoria y la negación a la hora de abordar el gravísimo problema de la violencia, la miseria y la ingobernabilidad que han dejado en evidencia los muchos errores de cálculo de Washington en Centroamérica.

Pero, también, el desinterés de México hacia una región que siempre ha visto como al pariente pobre y lejano.

Vayamos por partes.

Parece mentira que, tratándose de elaborar una estrategia conjunta que resuelva de una vez por todas un problema que atañe a la seguridad del hemisferio norte, los pecados del pasado de Estados Unidos en Centroamérica permanezcan en el territorio de lo innombrable y, por lo tanto, sin tomar en cuenta.

No es necesario remitirse al pasado lejano de los monopolios de EU en las plantaciones bananeras de Centroamérica. O a su papel injerencista apadrinando las dictaduras que, luego, terminarían en insurrecciones y en éxodos de capitales y dictadores refugiados en Miami.

Para ocuparnos del actual ambiente de violencia, pobreza extrema e inestabilidad gubernamental, habría que remitirnos a los éxodos provocados por las guerras civiles que atizó Washington en la década de los 70 y 80.

Con su obsesión por la amenaza comunista en Centroamérica, Ronald Reagan fue el encargado de incendiar gran parte de esa región con operaciones encubiertas de la CIA y un movimiento contrainsurgente que sólo avivó el conflicto, dejando tras de sí fosas comunes, cientos de miles de desplazados y un vendaval de refugiados que buscaron el amparo de Estados Unidos a comienzos de los 80.

Entre este grupo de refugiados, que se dispersaron por Estados como California, Illinois o Virginia, los hijos de aquellos que habían participado al lado de EU en sus intentos por “mantener a raya a los comunistas” y sofocar los movimientos insurgentes.

Con el tiempo, algunos de los hijos de estos refugiados se convirtieron en la primera generación de las pandillas Centroamericanas como la Mara Salvatrucha. Y estos, a su vez, hicieron de ciudades como Los Angeles, la capital mundial de las pandillas.

Con el tiempo, esta red de pandilleros se expandiría por casi toda la nación.

En la primavera del 2007, el entonces presidente George W Bush, hizo exactamente lo que hoy intenta Donald Trump. Es decir, deshacerse de las pandillas que siguen operando en distintos puntos de Estados Unidos para deportarlas hacia Centroamérica.

Es decir, al mismo escenario que Estados Unidos y México han convertido hoy en un infierno, mientras luchan contra los carteles de la droga y las pandillas.

Las expulsiones de los pandilleros, que arrancaron desde la década de los 90, se convirtieron así en el germen de un problema mayor para Estados Unidos, México y Centroamérica.

Curiosamente, hoy nadie menciona durante las cumbres sobre seguridad en Centroamérica los cientos de vuelos charter que Estados Unidos alquiló desde la década de los 90 para expulsar a los pandilleros que infestaron ciudades como Los Angeles y que hoy siguen siendo parte del problema.

Nadie habla de las alianzas que, durante los últimos 30 años, las pandillas forjaron para sobrevivir a las políticas de “mano dura” de gobiernos y grupos paramilitares en Centroamérica. Nadie hace mención de la forma en que, las redadas y deportaciones, los convirtieron en los aliados naturales de los carteles de la droga y el crimen organizado.

En muchos sentidos, la fallida guerra de más de 40 años contra el narcotráfico se convirtió en la principal fuente generadora de una industria de la violencia de la que hoy se siguen nutriendo los narcotraficantes, los traficantes de personas, los pandilleros y el crimen organizado transnacional en general.

Pero nadie habla de ello. Y, personajes como John Kelly, el Secretario de Seguridad Interna (DHS), o el Secretario de Estado, Rex Tillerson, prefieren hablar de los posibles vínculos “terroristas” con los carteles de las drogas o las pandillas.

De la “amenaza” que representan grupos terroristas como el Estado Islámico (EI), y sus potenciales alianzas con las pandillas y los carteles de las drogas en todo el hemisferio.

Quizá por ello, algunas organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por que Estados Unidos vuelve a tropezar con la misma piedra. Tratando de desviar su asistencia financiera a un enfoque más militarizado con el apoyo entusiasta de John Kelly, ex jefe del Comando Sur y hoy, principal defensor de una política que apuesta por la seguridad, desoyendo los reclamos de aquellos hoy insisten en la necesidad de reducir y prevenir la violencia, generar oportunidades, fortalecer las instituciones y combatir la corrupción.

 

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