Congreso Nacional aprobó reformas a Ley de Tarjetas de Crédito

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**** La ley establecer que cuando el tarjetahabiente presente dificultades para hacer frente a las obligaciones de tarjeta de crédito, por morosidad o impago, podrá presentarse en las oficinas del emisor a fin de gestionar un arreglo de pago.

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó este miércoles, con dispensa de dos debates, las reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito, donde se delimitan los intereses y techos, como también permitirá la readecuación de las deudas que se mantienen bajo estrategias financieras confusas e imposibles de pagar.

Al respecto el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, destacó que estas reformas permitirán no solo una baja en el cobro de la tasa de interés sino que se podrá aliviar, readecuación y consolidación de deudas de un sector importante de la población hondureña.

Con esta ley Honduras llegará a una tasa de interés máxima de 49 por ciento, poniéndose en una posición competitiva con el resto de países de la región centroamericana, explicó el secretario del Consejo de Ministros y asesor presidencial Jair Díaz.

En la aprobación de la ley, participó el secretario del Consejo de Ministros y asesor presidencial Jair Díaz, quien retiró el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y se adhirió al dictamen elaborado por la comisión ordinaria de presupuesto, así como representantes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Mediante el decreto se reforman los artículos 4, 31 y 32 y adicionando el artículo 32-A, 33 y adicionando los artículos 33-A, 33-B, 33-C, 34 y adicionando los artículos 38-A, 38-C y 44 del decreto legislativo 106-2016 que contiene la Ley de Tarjetas de Crédito y sus reformas.

En ese sentido, el Artículo 4 establece que únicamente están facultados para emitir tarjetas de crédito en el territorio nacional, los bancos y las sociedades emisoras debidamente autorizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito debidamente autorizadas por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas, podrán emitir tarjetas de crédito conforme a lo dispuesto en la presente ley y previa no objeción de la Superintendencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito dependiente de dicho consejo.

En el Artículo 31 señala que las disposiciones contrarias que modifiquen o declaren en suspenso disposiciones establecidas en esta ley y demás normas aplicables a las tarjetas de crédito, las que faculten al emisor a modificar las condiciones de los contratos estableciendo cargos, comisiones o primas adicionales no pactadas con el tarjetahabientes en el marco de lo establecido en la presente ley.

Las que establezcan cargos o penalidades por cancelación del contrato, administración de créditos o de giros, cargos por rehabilitación de cuentas, emisión, impresión o envío de información por medio de correo electrónico, gestión de cobranza, renovación o vencimiento del plástico, activación de la cuenta, reposición por daño, robo o pérdida, caducidad o terminación del contrato, cargos por la no utilización de la tarjeta o cualquier cargo adicional similar a estos, independientemente de su denominación.

Las que establezcan o impliquen la disminución o pérdida de servicios, beneficios o premios computados a favor del tarjetahabiente sin previo aviso y notificación comprobada a éste, conforme a lo dispuesto en la presente ley y cualquier otra clausula contraria a lo dispuesto en la presente ley o en el resto de la legislación aplicable.

Se prohíbe a las instituciones reguladas en esta ley imponer a los tarjetahabientes y a su carácter la obligación de suscribir documentos adicionales, adendum o anexos donde no se especifique el monto líquido de la obligación real o cargos que correspondan a costos por servicios operativos.

El Artículo 32 se refiere al consentimiento por incorporar algún cargo por otro servicios ofrecidos como beneficios que no fueren incluidos en el contrato por ser incorporado posterior a su suscripción, el tarjetahabiente deberá expresar su consentimiento mediante autorización escrita que compruebe claramente su anuencia sin perjuicio de que el emisor de tarjeta de crédito debe documentar los términos o condiciones del servicio y el consentimiento del tarjetahabiente debiendo entregar a éste último copia de dicho documento.

En ningún caso el silencio por parte del tarjetahabiente puede ser tomado como señal de aceptación; las pólizas de seguros que sean requeridas para cubrir el riesgo asociado a la operación de la tarjeta de crédito debe ser contratada por el emisor con instituciones de seguros autorizadas atendiendo las normas que para tales efectos emita la CNBS.

Las primas de dichas pólizas serán consideradas como costos por servicios operativos a cargo del emisor.

Entretanto, el Artículo 32-A establece que los sujetos de la ley están en la obligación de informar al tarjetahabiente las políticas y condiciones asociadas a los planes de lealtad al inicio de la relación contractual, así como enviar de forma mensual el detalle de los beneficios acumulados.

En ningún momento, las instituciones del sistema financiero que otorguen beneficios de planes de lealtad, puntos, millas u otros beneficios acumulados podrán ser penalizados, disminuidos o cancelados los derechos de los tarjetahabientes.


En el Artículo 33 se establece que el pago mínimo establecido por el emisor debe incluir: la totalidad de los intereses, comisiones y cargos no financiables, más una proporción del saldo de capital vigente no menor al 2.6 por ciento, más el capital vencido del (los) pago (s) mínimo (s) del (los) mes (es) anterior (es). La CNBS debe reglamentar el procedimiento técnico a aplicar sus modificaciones y porcentajes.

Los cargos no financiables tienen prelación de pago después de los intereses corrientes y moratorios y no generarán intereses en ningún momento.  Para tales efectos se considerarán cargos no financiables la comisión por retiro de efectivo en ventanilla o cajero automático, membrecía  y cualquier otro cargo que a criterio de la CNBS puedan ser clasificados como tal.

El Artículo 33-A, señala que cada emisor es responsable de conocer y documentar la capacidad de pago del tarjeta-habiente previo a suscribir contrato de tarjeta de crédito, o al realizar modificaciones a las condiciones establecidas en el mismo, a fin de que el límite máximo de crédito corresponda a la real capacidad de pago amortizable por el tarjetahabiente.

Cuando el tarjetahabiente presente dificultades para hacer frente a las obligaciones de tarjeta de crédito, por morosidad o impago, podrá presentarse en las oficinas del emisor a fin de gestionar un arreglo de pago por cancelación de tarjetas de crédito, para lo cual el emisor deberá suscribir, en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de la solicitud correspondiente,  el respectivo contrato con el tarjetahabiente, en el cual se documentará el traslado del saldo adeudado a la fecha a un préstamo personal y simultáneamente tendrá que cancelar todas las tarjetas de crédito que el tarjetahabiente mantenga en la sociedad emisora.

Al transferir el saldo de la línea de crédito de la tarjeta a un préstamo personal a nombre del tarjetahabiente, los gastos de cierre, administrativos, operativos y legales no pueden ser superiores al uno por ciento del valor a financiar y la tasa de interés nominal, sobre saldos insolutos, no puede exceder de 1.25 veces  la tasa promedio ponderada de las tasas anuales de interés nominales del sistema financiero nacional publicada por el Banco Central de Honduras.

Los emisores de tarjetas de crédito no deben cobrar ninguna comisión o prima a los tarjetahabientes como requisito para gozar del beneficio de arreglo de pago, ni exigir ninguna documentación adicional a la obtenida del tarjetahabiente cuando se le otorgó su tarjeta de crédito.

El plazo que otorgará el emisor al tarjetahabiente será de hasta 60 meses según la conveniencia y capacidad de pago del tarjetahabiente y debe entregar sin ningún recargo una tabla de amortización que establezca detalladamente las fechas máximas y montos de cada pago, los abonos correspondientes a capital e intereses y el saldo resultante al final de cada período de pago. El tarjetahabiente puede realizar pagos anticipados, sin penalización alguna.

Los créditos otorgados a los clientes beneficiarios del presente artículo deben ser identificados en la Central de Información Crediticia como readecuación o refinanciamiento según corresponda al caso; conservando la categoría de riesgo que mantenía al momento de formalizarse el arreglo de pago.

Dicha categoría debe ser modificada conforme a los criterios establecidos en las Normas para la Evaluación y Clasificación de Cartera. Para tal efecto, corresponderá a la CNBS mantener en la central de información crediticia la información que sea necesaria para que las instituciones financieras conozcan los casos de tarjetahabientes que tengan proceso de readecuación y/o refinanciamiento de su deuda.

Queda prohibido al emisor otorgar una nueva tarjeta de crédito hasta que el deudor beneficiario haya pagado al menos dos terceras partes del saldo del préstamo personal, siempre y cuando cuente con la capacidad de pago correspondiente. Dicha restricción aplica para el resto de emisores que quieran otorgar o ampliar límites de créditos a estos clientes.

Los emisores de tarjeta de crédito deben dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, en el caso de cancelación de tarjeta de crédito mediante los mecanismos de consolidación de deudas que se establezcan.

Una vez cubiertas o cumplidas las obligaciones de pago del préstamo personal, la sociedad emisora de tarjetas de crédito debe otorgar un finiquito de forma gratuita, dentro de los primeros cinco días hábiles.

El Artículo 33-B, establece que cuando el tarjetahabiente durante seis (meses consecutivos u ocho meses alternos de los últimos 12 meses solo efectúe abonos menores, iguales o superiores al pago mínimo pero que no represente más del 30 por ciento de la obligación total, el emisor debe informar a éste que puede someterse al procedimiento de arreglo de pago establecido en el artículo anterior, debiendo dejar evidencia de dicha gestión.

De su parte, el Artículo 33-C, señala que el pago mínimo establecido por el emisor debe incluir la totalidad de los intereses, comisiones y cargos no financiables, más una proporción del saldo de capital vigente no menor al 2.6 por ciento, más el capital vencido del (los) pago (s) mínimo (s) del (los) mes (es) anterior (es).

La CNBS debe reglamentar el procedimiento técnico a aplicar sus modificaciones y porcentajes. Los cargos no financiables tienen prelación de pago después de los intereses corrientes y moratorios y no generarán intereses en ningún momento.

Para tales efectos se considerarán cargos no financiables la comisión por retiro de efectivo en ventanilla o cajero automático, membrecía  y cualquier otro cargo que a criterio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros puedan

En el Artículo 33-D, se señala que los emisores mantendrán un período de un mes calendario entre las fechas de corte. La fecha límite de pago no debe ser menor de 20 días calendario posteriores a la fecha de corte.

Mientras tanto, el artículo 34, señala que las tasas de interés aplicables sobre tarjetas de crédito deben convertirse a su equivalente anual y aplicarse al saldo a financiar en cada periodo de pago, y para su efectividad debe notificarse en el estado de cuenta correspondiente.

En caso de incrementos en las tasas de interés, el emisor debe notificarlos al tarjetahabiente en el estado de cuenta anterior al período de pago al cual deba aplicarse. Cuando el tarjetahabiente no esté de acuerdo con dicho incremento, tiene derecho a solicitar la cancelación de la tarjeta de crédito conforme a lo establecido en la presente ley.

La CNBS debe emitir las normas que sean requeridas en el contexto de ésta ley, de tal forma que las tasas de interés, cargos y comisiones cobradas a través de los contratos de tarjetas de crédito respondan a los mejores intereses de país en cuanto al financiamiento de sectores estratégicos, a la inclusión financiera con dignidad, a la competitividad del mercado y a las mejores prácticas y estándares técnicos que internacionalmente rigen la materia; debiendo vigilar además que las primas de seguro y sus comisiones de intermediación  cumplan el principio de equidad, suficiencia y moderación respecto al riesgo cubierto y parámetros de mercado.

Para tales fines, la CNBS debe procurar que las tasas de interés de los contratos de tarjetas de crédito sean ajustadas gradual y progresivamente al promedio observado a nivel latinoamericano y asegurar que en ningún caso ni momento, la tasa de interés anual aplicada por los emisores en las operaciones de tarjeta de crédito, pueda ser mayor al promedio ponderado de la Tasa de Interés Nominal Activa en Moneda Nacional (TINA-MN) multiplicada por dos punto ocho, siete, tres, ocho, seis, nueve, uno (2.8738691) veces, para las operaciones en moneda nacional, ni podrá ser mayor al promedio de la Tasa de Interés Nominal Activa en Moneda Extranjera (TINA-ME) multiplicada por dos punto ocho, siete, tres, ocho, seis, nueve, uno (2.8738691) veces para las operaciones en moneda extranjera; tomando como referencia en ambos casos los valores oficiales publicados por el Banco Central de Honduras.

Esta es la tasa máxima de interés de referencia para la realización de las operaciones financieras de los prestamistas no bancarios o casas comerciales que se dediquen al financiamiento de bienes y servicios o de dinero.

Toda transacción comercial y financiera por encima de las tasas de referencia del presente artículo por parte del sistema financiero nacional, prestamistas no bancarios y casas comerciales constituye delito de usura.  

La CNBS debe verificar la aplicación correcta de la presente ley y su reglamentación, debiendo sancionar a los infractores por los cobros o cálculos incorrectos efectuados en perjuicio de los tarjetahabientes, con multas correlacionadas a la ganancia obtenida indebidamente y/o pérdida ocasionada; lo anterior sin perjuicio de la devolución de valores cobrados en exceso a los afectados.

En el Artículo 38-A, se prohíbe a los emisores de tarjeta de crédito: cargar cuotas de préstamos, financiamientos o extrafinanciamientos de cualquier tipo en las tarjetas de crédito; permitir excesos del límite de la línea de crédito autorizada mediante el contrato suscrito entre el tarjetahabiente y el emisor por consumos y retiros de efectivo permitidos por este, conocidos como sobregiros; realizar cargos por rehabilitación de la línea de crédito por incumplimiento de pago; aumento de la línea de crédito, sin consentimiento expreso del Tarjeta-Habiente y análisis de la capacidad de pago de éste; cobrar nuevos cargos en concepto de comisiones por servicio que no hubieren sido incorporados al contrato o incrementar los cargos por comisiones ya pactadas, a menos que hayan sido autorizados expresamente por el tarjetahabiente y ofrecer cualquier producto o servicios financieros a los Tarjeta-Habientes por medio de mensajes de texto y llamadas telefónicas, sin previa autorización del cliente.

El Artículo 38-B, señala que los emisores y procesadores de tarjetas de crédito o débito deben cumplir con las normas de gestión de riesgos y seguridad de la información, que para tal fin emita la CNBS, a fin de proteger al tarjetahabiente y a la infraestructura asociada a los productos y servicios a los cuales se pueda acceder a través de tarjetas de crédito o débito.

En el 38-C se establece que los emisores deben aprobar a nivel de junta directiva o Consejo de Administración, políticas que regulen el nivel de endeudamiento en los tarjetahabientes, habilitando para tales efectos los mecanismos, instrumentos o herramientas que les permitan monitorear de forma permanente el nivel de endeudamiento de los mismos.

En dichas políticas, y considerando lo establecido en el párrafo siguiente, cada Emisor debe definir el límite de crédito máximo de endeudamiento permitido por tarjetahabiente.

El límite de crédito otorgado al tarjetahabiente no debe exceder de cuatro veces sus ingresos brutos en todo el sistema financiero. El incumplimiento a esta disposición será tipificado como una falta grave y sancionado de conformidad al reglamento de sanciones aprobado por la CNBS.

Mientras tanto, el Artículo 44 establece que los establecimientos comerciales no podrán aplicar recargos que encarezcan el precio de los bienes y servicios para compensar las comisiones que deban pagar a la sociedad emisora de la tarjeta de crédito o débito.

 Asimismo, los establecimientos comerciales afiliados no podrán adoptar prácticas discriminatorias como consecuencia de la realización de pagos utilizando la tarjeta de crédito o débito en vez de efectivo, particularmente los referidos a descuentos, ofertas y promociones.

La CNBS mediante norma debe asegurar que las comisiones cobradas por las emisoras a los comercios afiliados por la utilización de la tarjeta como medio de pago, en ningún caso podrán ser superiores al 3.75 por ciento del saldo de la compra.

Si recibida la resolución por parte de los emisores responsables, éstos no proceden a la no desafiliación del establecimiento comercial infractor, la CNBS les impondrá una multa de hasta 20 salarios mínimos. Si el establecimiento comercial es afiliado por un emisor, operador o comercializador durante el mismo período de desafiliación, se le impondrá la misma sanción.

El Artículo d del decreto indica que en virtud de las atribuciones contenidas en su ley, la CNBS emitirá en un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la vigencia del presente decreto, el reglamento respectivo. El decreto entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. hondudiario

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