Se enfrían relaciones Cuba – EE.UU.

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Jorge Legañoa Alonso        
        

¿A quién beneficia un retroceso de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?

Una y otra vez durante las últimas semanas se ha escuchado —con ligereza— hablar sobre la posibilidad de un congelamiento en las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, con argumentos que rayan lo inverosímil, y se esgrime como punta de lanza un supuesto ataque acústico contra funcionarios estadounidenses en Cuba, con afectaciones a la salud de algunos de ellos.

Pareciera que la retórica anticubana vuelve a estar de moda tras la llegada a la Casa Blanca de un Gobierno republicano.

Más allá de los discursos encendidos contra la Isla socialista y las acusaciones de siempre contra la Revolución y su pueblo, la cuestión que subyace es a quién interesaría que se dañen los vínculos entre las dos naciones, que comenzaron su camino público hacia la normalización el 17 de diciembre de 2014, cuando el propio Barack Obama reconoció el fracaso de la política de bloqueo hacia Cuba.

Un rápido recuento de lo que han sido las relaciones, deja ver avances jamás vistos en el conflicto Cuba vs. EE. UU.: el gobierno norteamericano sacó a la Isla de la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo en la cual nunca debió haber estado pues no tenía el menor sustento; el 20 de julio de 2015 se restablecieron las relaciones diplomáticas tras más de cinco décadas de alejamiento; los presidentes Barack Obama y Raúl Castro conversaron telefónicamente, se reunieron en Panamá y Nueva York, y el mandatario estadounidense viajó a La Habana en marzo de 2016.

Qué decir de los mecanismos de trabajo conjunto: seis rondas de reuniones de la Comisión Bilateral; más de una veintena de acuerdos en materias diversas como el cumplimiento de la ley, protección de la flora y fauna, la delimitación de la dona oriental del golfo de México, el reinicio de los vuelos regulares, de los viajes de cruceros a Cuba, y la llegada del correo postal directo.

Hechos estos a los que se suman que EE. UU. y Cuba lograron un acuerdo migratorio integral y como parte de ese proceso el Gobierno estadounidense eliminó la política de pies secos-pies mojados para el tratamiento diferenciado —por motivos políticos— a los migrantes ilegales cubanos; y suprimió el programa parole para médicos de la Isla que colaboraban en terceros países.

Se registraron también avances en lo político-diplomático, aunque fueron muy discretos en materia económico-comercial, por el persistente bloqueo de EE. UU., a pesar del histórico voto en Naciones Unidas en octubre de 2016, cuando ese país se abstuvo de votar en contra de la resolución cubana que pide la eliminación de esa criminal política.

El cambio de postura del Gobierno de Obama hacia Cuba permitió en 2016, aunque persiste la prohibición de hacer turismo en la Mayor de las Antillas, que 284 937 estadounidenses visitaran la Isla y al cierre de mayo de este año, ya la misma cantidad habían venido.

A pesar de las claras diferencias políticas entre los dos países, estos casi tres años de nueva era en las relaciones han demostrado que convivir es posible, por lo que hablar del cierre de la Embajada norteamericana en Cuba parecería un desatino que deja de lado el fino hilvanado de las diplomacias de ambos países para avanzar, poco a poco, sobre terreno seguro.

¿Qué cambió?

La agencia AP dijo que Estados Unidos ni siquiera sabe cómo llamarlo, unos hablan de «ataques a la salud», otros de «agresiones acústicas», y «uso de armas sónicas», mientras que el Departamento de Estado norteamericano prefiere referirse a ellos como «incidentes», pero lo cierto es que sin una sola prueba que lo corrobore, la insólita historia de diplomáticos estadounidenses que habrían sufrido pérdida auditiva y otros supuestos daños a la salud durante sus labores en Cuba, ha dado para titulares, y se pretende utilizar como motivo para el distanciamiento entre las dos naciones.

El primero de los supuestos incidentes se aleja a noviembre de 2016 y el último a hace apenas unas semanas, pero no fue hasta agosto pasado, nueve meses después, que se hizo público el entuerto.

Cuba apostó por un nuevo tipo de relación con Estados Unidos: dialogó sobre la base del respeto y la igualdad, buscó temas comunes en los que trabajar y avanzar rápidamente con resultados tangibles, y se ha conversado hasta de los asuntos en los que las diferencias son sustanciales. ¿Qué sentido tendría retroceder y agredir a esos funcionarios?

Encuestas aplicadas a cubanos residentes en Estados Unidos y a norteamericanos —desde el 2014— hablan de un apoyo mayoritario al proceso hacia la normalización de los vínculos, qué decir del creciente apoyo bipartidista en el Congreso a favor del comercio y los viajes a Cuba; por lo que todo pareciera indicar que los más interesados en una ruptura son los de siempre, el pequeño grupo de la ultraderecha anticubana y sus voceros, encabezados por el senador Marco Rubio y los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart.

El viernes pasado, una carta firmada por cinco senadores, entre ellos Rubio, de origen cubano y contrario a cualquier acercamiento con la Isla, pedía al secretario de Estado, Rex Tillerson, la expulsión de todos los diplomáticos cubanos en Washington y el cierre de la legación de ese país en Cuba, como represalia ante los supuestos «ataques» que afectaron la salud de funcionarios estadounidenses en La Habana.

La misiva, firmada además por los republicanos Tom Cotton, Richard Burr, John Cornyn y James Lankford, no ofrece luces sobre las causas de las afectaciones de salud o la supuesta «culpabilidad» de las autoridades de Cuba.

Marco Rubio impulsó la revisión de la política que decidió el mandatario Donald Trump, en junio pasado, para reforzar la aplicación del bloqueo.

Senador por Florida, con asiento en el Comité de Inteligencia del Senado, Rubio ha utilizado su posición clave en el Congreso para torpedear los vínculos.

Esgrimiendo razones de seguridad nacional, piden que el Departamento de Estado actúe sobre Cuba por el «abandono de su deber de proteger a nuestros diplomáticos y sus familias».

Lejos están de tener razón las acusaciones de los senadores Rubio, Cotton, Burr, Cornyn y Lankford; una fuente de la Isla cercana al proceso investigativo sobre los incidentes aseguró a este reportero que una comisión interdisciplinaria —por indicaciones de la más alta dirección del país— trabaja desde que se conocieron los hechos en febrero de este año, para dar con las causas y actores que propiciaron los padecimientos.

Las autoridades cubanas ampliaron y reforzaron las medidas de protección de la Embajada estadounidense y sus residencias, y se habilitaron nuevos canales de comunicación expedita con el Departamento de Seguridad Diplomática.

¿Qué sentido tiene la carta de los senadores? Queda la duda de si algunas fuerzas malintencionadas están detrás de estas acusaciones contra Cuba para lograr un enfriamiento de los vínculos.

Cooperación en la búsqueda de la verdad

Tras reiteradas insistencias de la parte cubana, han viajado a La Habana en tres ocasiones representantes de agencias especializadas de EE.UU., quienes expresaron la intención de cooperar de forma más sustantiva.

Según otra fuente consultada, las autoridades cubanas, de acuerdo con los resultados preliminares de la investigación y con los datos aportados por las autoridades norteamericanas, hasta la fecha no han encontrado evidencias que confirmen las causas y el origen de las alegadas afecciones de salud de diplomáticos de EE.UU. y sus familiares, ni ha sido posible establecer hipótesis alguna sobre el origen de estos hechos que por su naturaleza son «eminentemente sensoriales».

No existe una explicación creíble para la variedad de síntomas descritos: fuertes dolores de cabeza, mareos y pérdida permanente de la audición, deficiencias cognitivas, lesiones cerebrales, problemas para recordar palabras. Los peritos niegan la aplicación de las leyes físicas en algunas de las hipótesis manejadas, abundó la fuente.

Así mismo opinan expertos estadounidenses consultados por la agencia de prensa AP. Para Joseph Pompei, exinvestigador del MIT y experto en sicoacústica, «daño cerebral y conmociones, no es posible. (…) Alguien habría tenido que sumergir la cabeza en una piscina repleta de poderosos transductores ultrasónicos».

«No conozco ningún efecto o dispositivo acústico que pueda producir una lesión cerebral traumática o síntomas similares a una conmoción», dijo también a AP Juergen Altmann, experto en armas acústicas y físico de la Universidad Técnica Dortmund, de Alemania.

El Dr. Toby Heys, jefe de un centro de investigación sobre tecnologías futuristas en la Universidad Metropolitana de Manchester, en Reino Unido, dijo a la revista New Scientist que las ondas sonoras por debajo del rango de audición podrían teóricamente causar daño físico, pero sería necesario utilizar enormes bocinas a grandes volúmenes que serían muy difíciles de esconder.

Según la parte estadounidense, los incidentes se dieron en espacios delimitados, algunas veces dentro de una sola habitación y con precisión láser, afectando a una persona en específico, pero sin dañar al resto, tecnología que los conocedores afirman que no existe.

Otro hecho significativo es que el Departamento de Defensa de EE. UU. ha reconocido su manejo de tecnologías secretas durante décadas, incluso antes de que salieran al mercado. ¿Por qué culpar a Cuba del uso de una tecnología que si existe la pudieran tener los propios norteamericanos, y afirman que no?

Como reconoció la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, la realidad es que no se sabe qué o quién ha causado esto, por lo que la investigación continúa abierta en Estados Unidos y en Cuba.

Un experto nacional aseguró que en la nación antillana no existe el equipamiento o la tecnología que pueda ser utilizada con fines similares a los descritos como ataques acústicos.

No hay precedentes de hechos de estas características en Cuba ni siquiera en los momentos de mayor tensión y confrontación con EE. UU., reiteró; porque la Mayor de las Antillas toma muy en serio su responsabilidad en la protección de los diplomáticos en virtud de la Convención de Viena de 1961 que regula esta práctica, concluyó.

 

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