Conadeh emite recomendaciones al Ejecutivo para evitar violaciones a DD.HH

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***Entre las recomendaciones hechas al ejecutivo menciona que se exceptúe de la aplicación de ese decreto a representantes y defensores de derechos humanos, acreditados por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

Tegucigalpa, Honduras. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (ConadeH), Roberto Herrera Cáceres, hizo públicas una serie de recomendaciones encaminadas a evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos con la aplicación literal del Decreto Ejecutivo emitido en Consejo  de Ministros  que restringe la libre circulación de personas.

El objetivo de la nota enviada al Poder Ejecutivo es contribuir con observaciones y recomendaciones de modificación de algunos criterios que incorpora el Decreto Ejecutivo emitido el 1 de diciembre de 2017, y cuya aplicación literal u omisiones podría vulnerar derechos humanos de la población, dijo el Defensor del Pueblo.

Entre las recomendaciones hechas al ejecutivo menciona que se exceptúe de la aplicación de ese decreto a representantes y defensores de derechos humanos, acreditados por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

Además, a las personas que, por razones de emergencias o situaciones de diferente índole amenacen sus derechos fundamentales, como la salud personal o de sus familiares, tengan que salir de sus casas en busca de hospitales o atenciones médicas urgentes o a buscar abrigo contra amenazas a su vida e integridad.

El ente estatal de derechos humanos investiga la  muerte violenta de  más de una decena de personas.

COMUNICADO 

Recomendaciones urgentes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de modificación de criterios que afectan derechos humanos de los habitantes en el Decreto Ejecutivo PCM-084-2017, de fecha del primer día de diciembre del 2017 (Publicado, en La Gaceta, Diario Oficial de la República, No. 34,506).

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ha sido constitucionalmente creado como la garantía del Estado para fomentar la existencia real y legítima del Estado democrático de Derecho en Honduras que, en su esencia, tiene su razón de ser en el goce efectivo y disfrute de los derechos humanos de todos (as) y cada uno de los habitantes.

Así lo consigna el Artículo 59 de la Constitución de la República que dispone lo siguiente: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativas y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una Ley Especial”.

La Ley Orgánica del CONADEH, en sus artículos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 39, 42 y 45, confiere a esta institución las atribuciones necesarias para dirigirse directamente a cualquier servidor de la administración pública con referencia a las actividades de todos los poderes públicos, sin excepción, quien tendrá la obligación de contestar las peticiones y requerimientos que el CONADEH le formule.

En el contexto de esas normas legales y con la urgencia del caso, sin entrar en aspectos formales, tengo a bien presentar petición con respecto al contenido de fondo del Decreto Ejecutivo PCM-084-2017, de fecha del primer día de diciembre del 2017, teniendo presente que, según la Ley Orgánica del CONADEH, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos debe respetar los actos y resoluciones de la Administración, pero podrá formular observaciones y recomendaciones para que se modifique los criterios que los generaron.

En atención a lo que precede, tengo a bien presentar las siguientes observaciones y recomendaciones de modificación de criterios del referido Decreto Ejecutivo.

  1. Observaciones 
  1. Requisitos o condiciones para la declaración de un toque de queda o estado de excepción. La suspensión del ejercicio de ciertos derechos humanos, en caso de emergencia o perturbación grave de la paz, es una eventualidad o situación excepcional prevista, inter alia, por la Constitución de la República, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho Ordenamiento jurídico vigente contempla los requisitos o condiciones que deberá llenarse para la legitimidad y legalidad de esos estados de excepción que deben ser proporcionales, no discriminatorios de personas, limitados temporal y geográficamente, ser compatibles con la protección y el respeto de todos los demás derechos humanos, en especial derecho a la vida, a la integridad personal, al principio de legalidad, a la protección de la familia; derechos de la niñez; al acceso a la justicia; derechos políticos, entre otros; y prevén la notificación internacional de los obstáculos temporales y fundamentos que el Estado tiene para dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales en cuanto a la protección del ejercicio de un derecho, en un espacio territorial determinado del país (proporcionalidad de la medida).
  1. Fundamento y objetivo del Decreto Ejecutivo. Hemos tomado debida nota de lo que consigna dicho Decreto Ejecutivo en cuanto a que la motivación del estado de excepción o toque de queda, tiene como fundamento: “… la magnitud de las acciones violentas y vandálicas que han ejecutado en varias regiones del país, así como la agresión a los ciudadanos pacíficos, las amenazas a estos, el cierre de vías públicas, quema de llantas, y las reiteradas violaciones a las garantías constitucionales de libre circulación, libre tránsito, ponen en peligro la seguridad y la integridad personal de la ciudadanía, con lo cual estas personas rebasan su derecho constitucional a manifestarse libremente y que por lo tanto es necesario y urgente adoptar las medidas para garantizar la seguridad de las personas, mantener el orden público y el estado de derecho” y “Que es deber ineludible del Presidente de la Republica, en Consejo de Ministros, tomar las acciones necesarias para mantener el orden y la gobernabilidad en la Nación, la cual está siendo afectada seriamente por las acciones apuntadas”; y que el objetivo del toque de queda o estado de excepción es  restringir, por un plazo de diez (10) días, el ejercicio del derecho de libre circulación entre las 6 p.m. y 6 a.m.
  1. Recomendaciones 

Ajustar el Decreto Ejecutivo PCM-084-2017 a los estándares normativos de respeto a los derechos humanos y las libertades públicas, modificando los siguientes criterios expuestos en los considerandos:

  1. CRITERIO DE USO INMEDIATO DE LA FUERZA. El criterio que se desprende de la lectura del sexto considerando del Decreto Ejecutivo, evidencia que se estaría autorizando “el uso de la fuerza de instrumentos coactivos” porque ya se habría hecho llamados y agotado procedimientos pacíficos.

Ese criterio, en su redacción actual, podría llevar a actitudes contrarias a estándares internacionales de derechos humanos, en particular a los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, quienes, acorde con dichas normas, tienen un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, a la integridad personal, libertad, seguridad, inviolabilidad del domicilio y otros derechos humanos de las personas. Convendría enfatizar en este papel fundamental.

Consideramos adicionalmente que, por equidad, debe tenerse siempre presente la naturaleza de servicio social de la labor de la policía nacional y otros agentes encargados de hacer cumplir la ley. Por lo que, en el cumplimiento debido y diligente de sus funciones, su dignidad humana debe ser siempre protegida y respetada. Ello debería ser reiterado constantemente.

En todo caso, tal como lo prescribe el Código de Conducta Ética del Servidor Público, cuando exista un margen de discrecionalidad en la aplicación del Decreto Ejecutivo, la autoridad debe actuar con responsabilidad, honestidad, integridad y transparencia, con la conciencia de estar desempeñando una labor social de paz y orden público, y que el único ejercicio restringido es el del derecho a la libre circulación, en el horario y lugares establecidos, y que  violar otros de los derechos humanos como el de inviolabilidad del domicilio, trae consigo responsabilidades que deberán deducirse conforme al Estado de Derecho.

 El CONADEH recomienda que:

El sexto considerando sea modificado y ajustado a lo previsto y señalado en los “PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY”, en especial en lo que concierne a que los encargados de hacer cumplir la ley, sólo podrán usar la fuerza ”cuando sea estrictamente necesario y en la  medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” y cuando el empleo de armas de fuego sea inevitable, deberá siempre conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, por lo que deberán proceder conforme al principio de proporcionalidad debida que obliga a resolver en cada situación concreta y sin menoscabar los derechos humanos, conforme a las condiciones previstas en dichas normas internacionales y otras complementarias compatibles. 

Se incorpore también, en el Decreto Ejecutivo, la consideración reflejada en esos Principios Básicos internacionales, según la cual: “la amenaza a la seguridad y a la vida de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad”.

Se precise que todo funcionario o autoridad encargada de aplicar el Decreto Ejecutivo o cualquier normativa relacionada, deberá respetar los derechos humanos de cada persona y de toda la población, y se indique el mecanismo que fiscalizará, en ese sentido, el correcto desempeño de la policía y otros agentes, en la aplicación del Decreto Ejecutivo.

  1. DISOLUCIÓN DE MANIFESTACIONES. En el séptimo considerando se fundamenta una facultad consistente en disolver los grupos que protesten con tomas de vías de comunicación o servicios públicos. Las normas de derechos humanos requieren atender la ponderación entre la libertad de circular y los derechos a la reunión, opinión y manifestación pacífica y sin armas, tratando de encontrar vías de respeto simultáneo a todos esos derechos, es decir conciliar el ejercicio de los derechos de unos con los derechos de los demás.

El CONADEH recomienda que:

Se agregue al considerando que la autoridad se esmerará en lograr un diálogo positivo, en cada situación con los manifestantes pacíficos, de forma que ejerzan su derecho sin menoscabo de los derechos de los demás.

  1. LIMITACIÓN GEOGRÁFICA. En el Artículo 1 se expresa que el ejercicio de la libertad de circulación en el horario y tiempo que ahí se señala, se “aplicará en todo o parte del territorio nacional”. Esta expresión imprecisa es incompatible con la condición de limitación del ámbito geográfico de la restricción o suspensión, de acuerdo a lo aplicable según el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

El CONADEH recomienda que:

Se revise y precise expresamente el ámbito geográfico sujeto a la restricción o suspensión del ejercicio de la libertad de circulación, por ser un requisito habilitante en el orden internacional. Entendemos que se ha exceptuado al departamento de las Islas de la Bahía, pero la población desconoce otros departamentos en los cuales tal restricción es innecesaria y así lo reconoce también el Gobierno de la República.

  1. EXCEPCIONES. En el párrafo final del mismo Artículo 1, se expresa las personas a los cuales no es aplicable la restricción temporal de libre circulación.

Se ha omitido, el personal que debe movilizar la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, por tener una responsabilidad de primer orden en el cumplimiento de las obligaciones de protección y respeto de los derechos humanos, por parte del Poder Ejecutivo.

Además, esa Secretaría de Estado es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección para Personas defensoras de Derechos Humanos (Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia). Sistema de Protección que tiene un papel de interés relevante en esta materia.

De igual manera, hay circunstancias que tienen relación directa con la vida de la comunidad nacional (ejemplo: seguridad alimentaria) o con la vida y seguridad de las personas y sus familias en el goce efectivo de esos y otros derechos humanos no restringidos por el Decreto Ejecutivo.

El CONADEH recomienda que:

Se incluya, en las excepciones, a representantes y defensores de derechos humanos, acreditados por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

Asimismo, exceptuar a las personas que, por razones de emergencias o situaciones de diferente índole amenacen sus derechos fundamentales, como la salud personal o de sus familiares, tengan que salir de sus casas en busca de hospitales o atenciones médicas urgentes o a buscar abrigo contra amenazas a su vida e integridad; así como las personas necesitadas de circular para abastecer el mercado nacional y proveer a la seguridad alimentaria de la población. Hemos tomado nota de algunas medidas gubernamentales en ese sentido, pero es necesario señalarlo expresamente en el Decreto.

  1. AUSENCIA DE DISPOSICIÓN EXPRESA SOBRE LA NOTIFICACIÓN INTERNACIONAL DEBIDO. Esta notificación es un requisito indispensable que habilita a suspender el ejercicio de un derecho humano, en forma excepcional y temporal. 

El CONADEH recomienda que:

Se agregue una norma expresa según la cual esa información debe darse inmediatamente, por medio de la Secretaría General de la OEA, a los Estados parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; y, por medio de la Secretaría General de la ONU, a los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  1. CONVOCATORIA, AL CONGRESO NACIONAL, CONFORME EL ARTÍCULO 187 NUMERAL 4 DE LA CONSTITUCIÓN.

El Decreto Ejecutivo expresa que debe remitirse a la Secretaría del Congreso Nacional para los efectos de Ley. La Constitución de la República precisa que, en el Decreto Ejecutivo, debe convocarse, al Congreso Nacional, para que en el plazo de treinta días conozca de dicho Decreto y tome las decisiones correspondientes.

El CONADEH recomienda que:

Se complete lo indicado en el Decreto Ejecutivo con lo expresamente señalado en la Constitución de la República, conforme a lo cual se debe convocar al Congreso nacional, en el plazo establecido constitucionalmente, para que conozca de dicho Decreto y lo ratifique, modifique o impruebe.

La institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones con respecto a las actividades de todos los poderes públicos, en este caso del Poder Ejecutivo, en su papel constitucional de garantía de protección y respeto de la dignidad humana de los (as) habitantes, cumple así , a ese propósito, con su competencia de presentar observaciones y recomendaciones para que se modifique criterios citados que generaron la adopción del Decreto Ejecutivo PCM-084 2017. Asimismo, solicita respetuosamente, al Poder Ejecutivo, pronta respuesta escrita a las sugerencias planteadas.hondudiario.

URL Corta: http://bit.ly/2AX5hmp

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