Aislamiento en centros penales es para proteger a la sociedad

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***Según Herrera Cáceres, para proteger a la sociedad se  pueden tomar medidas excepcionales, inclusive de aislamiento, siempre y cuando esas medidas especificadas estén detalladas, estén previstas e individualizadas.

 

Tegucigalpa, Honduras.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres,  reconoció hoy que  las cárceles de máxima seguridad son excepcionales  y solo deben ser para llevar personas que ponen en peligro a la sociedad y el orden interno dentro de las prisiones.

Conadeh

El ombudsman hondureño explicó que la privación de la libertad persigue un doble propósito, uno es proteger a la sociedad de las personas que han delinquido y transgredido las leyes y,  lo otro, es lograr la rehabilitación, reeducación y reinserción social del privado de libertad.

Indicó que si bien la  Constitución, las leyes y los tratados internacionales, establecen  expresamente que debe respetarse la dignidad inherente al ser humano, que está representado también por las personas privadas de libertad,  el Estado tiene  la potestad de tomar medidas de seguridad, respetando las condiciones básicas del hecho que se trata de seres humanos.

Según Herrera Cáceres, para proteger a la sociedad se  pueden  tomar medidas excepcionales, inclusive de aislamiento, siempre y cuando esas medidas estén detalladas, estén previstas e individualizadas.

En su criterio, esas  medidas de aislamiento  no se pueden generalizar para todas las personas, tienen que ser  de carácter  temporal y estar siendo objeto de supervisión.

Mencionó que, en el caso de Honduras y de otros países, se tiene como límite que no se vaya a incidir en penas adicionales a las establecidas en las sentencias y que vayan a incurrir en figuras como la tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes.

Explicó que en el país  hay instituciones  como el Poder Judicial que,  a través de los jueces de ejecución, vigila como se están ejecutando las penas.

Agregó que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, acaba de anunciar que ha creado  una Unidad que se encargará de verificar la situación de las personas privadas de libertad en los centros penales.

También se refirió a la existencia del Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV),  que es la institución especializada que verifica, en todos los centros de detención, como se encuentran las personas privadas de libertad.

De tal manera dijo, el Defensor del Pueblo, que el Estado debe estar presente para verificar la conciliación entre las medidas de seguridad a favor de la sociedad y el hecho del tratamiento humano  a las personas privadas de libertad.

Añadió que  si se concilian ambas cosas se puede encontrar el término que puede garantizar temporalmente una mayor confianza por parte de la sociedad.

Reiteró, que las  medidas que se tomen en las cárceles de máxima seguridad deben ser siempre excepcionales y a la misma solo deben llevar  personas que ponen en peligro a la sociedad o ponen en peligro el orden interno dentro de las prisiones o cuando  hay situaciones  de corrupción generalizada.

 Destacó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) acaba de saludar el esfuerzo  hecho  por  Panamá, al desmantelar  redes de corrupción en los centros penitenciarios.

Señaló que ese tipo de corrupción crea un desbalance desfavorable en cuanto al aprovechamiento de recursos que no llegan a todos los privados de libertad, principalmente a los más débiles que se ven sometidos por los más fuertes

El ombudsman hondureño recomendó que todos esos aspectos tienen  que ser examinados conjuntamente y que, por eso, el manejo de las cárceles tiene que ser con personal profesional, como lo establece la Ley del sistema penitenciario  vigente desde el 2012.

37 privados de libertad, considerados de los más peligrosos líderes de asociaciones delictivas  al interior de los centros penales, fueron  enviados, el lunes 19 de septiembre, hacia la cárcel de máxima seguridad denominada “El Pozo” ubicada en el municipio de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara.

Un informe reciente de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) reveló que el 80% de los atentados  a empresas privadas, rubro del transporte y otros ilícitos, son  ordenados desde los centros penales por los cabecillas de maras y pandillas.Hondudiario.

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