Fondos de pensiones

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Por: Paulina Acevedo Menanteau

jubilados (1)En los últimos años se ha generado una creciente demanda ciudadana por la introducción de reformas profundas al sistema de las AFP (Aseguradoras de Fondos de Pensiones), reformas que apunten a garantizar de un modo efectivo el derecho a la seguridad social en el país.

Esta demanda, que recientemente se ha expresado en manifestaciones en diversas ciudades del país, las que han congregado a más de un millón de personas, ha logrado visibilizar la precariedad de las pensiones que reciben hoy más de un 90% de la población jubilada, evidenciando con ello la desprotección social que impone el sistema de las AFP. Haciéndose eco de esta demanda, la Presidenta Bachelet ha anunciado reformas parciales al sistema de pensiones hoy vigente, que data de la dictadura.

En este artículo aportamos antecedentes a este debate desde una perspectiva de derechos humanos, en particular en relación al derecho a la seguridad social garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), ambos de Naciones Unidas, y respecto al seguro de vejez establecido en el Convenio Nº35 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todos instrumentos ratificados y vigentes en Chile.

Antecedentes

El sistema de AFP, basado en la capitalización individual mediante ahorro forzado, fue impuesto en dictadura a través del decreto ley Nº 3.500 del 13 de noviembre de 1980. Dicho sistema se sustenta en los aportes obligatorios realizados por el trabajador dependiente que posee contrato laboral. Hasta ese año el sistema previsional se regía por criterios de reparto sobre la base de principios como la solidaridad y la universalidad, siendo sustituido por este sistema privado administrado por sociedades anónimas con fines de lucro. A contar de esa fecha los trabajadores dependientes, salvo aquellos que hasta entonces cotizaban en el sistema de reparto antiguo y que tuvieron el derecho a mantener su afiliación a dicho sistema, y las Fuerzas Armadas, que permanecieron en el mismo sistema, debían obligatoriamente afiliarse a las AFP.

Durante casi cuatro décadas de vigencia, este sistema solo registra una modificación previa. Esta consistió en un paquete de medidas implementadas el 2008 que, entre otros aspectos, incluyó el establecimiento de una pensión básica solidaria (PBS), complementos a la pensión contributiva (aporte previsional solidario, APS), además de bonos y subsidios específicos para reducir inequidades de género y etarias.

Si bien estos cambios son relevantes a fin de corregir situaciones discriminatorias y de mayor desventaja, constituyen políticas parciales de asistencia pública y cargo fiscal, que no modifican la esencia misma de este sistema altamente abusivo, el cual reporta millonarias ganancias a las empresas administradoras.

Como lo aclara el economista Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco, quien define al sistema de AFP “como un mecanismo que saca recursos de los salarios y del fisco, que les paga dos billones de pesos con subsidios monetarios al año (a estas empresas)”.

Dichas medidas no resuelven, por ejemplo, el problema que está a la base de las exiguas pensiones percibidas por los cotizantes, como son una capitalización deficiente producto fundamentalmente de los bajos salarios, la falta de continuidad en las cotizaciones (que afecta de modo más amplio a las mujeres, debido a los periodos de embarazos) y el nulo aporte de los empleadores, como si ocurre en el caso del seguro de desempleo. Frente a lo se requiere cambios de fondo, más aun considerando a la envergadura del problema y a que somos una sociedad que envejece.

Las cifras del descontento

Las insuficiencias del actual sistema de pensiones para garantizar una pensión básica que asegure la vida digna, no obstante el apoyo del Estado, y para superar las inequidades que éste genera fueron constatadas el 2015 en el informe de la Comisión sobre el sistema previsional conformada por la propia Presidenta Bachelet (Comisión Bravo, 2015). En el diagnóstico realizado por la Comisión, se advierte que un 50% de los pensionados, entre los años 2007 y 2014, recibe pensiones iguales o inferiores a $82.650, considerando en este monto el Aporte Previsional Solidario.

Otra situación crítica constatada por el mismo informe es una brecha importante entre los montos de pensión de hombres y mujeres. Mientras la mitad de las mujeres obtiene pensiones iguales o inferiores a los $42.561, los hombres reciben pensiones de $112.333 o inferiores. Lo anterior se explica en parte por la diferencia en la edad legal de jubilación de las mujeres y la edad a la que se tiene acceso a los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias. El mismo informe observa que el 50% de los pensionados recibe pensiones que, como máximo, equivalen al 34% de su salario promedio de los últimos diez años. (Ibid)

La precariedad de las pensiones otorgadas por las AFP es constatada también por la Fundación Sol. A partir de informes de la Superintendencia de Pensiones, dicha Fundación da cuenta que al 30 de abril de 2016 las AFP pagaron un total de 357.054 pensiones de vejez bajo la modalidad de retiro programado. Sosteniendo que el monto promedio recibido ese mismo mes por los jubilados del sistema, que administran siete de cada diez pensiones en Chile, fue igual e incluso inferior al 50% del salario mínimo (es decir, menos de $125.000 mensuales) en 12 regiones del país, con la sola excepción de las regiones Metropolitana ($175.907), de Antofagasta ($143.006) y de Magallanes ($132.384). (SP, 2016)[1].

Estos indicadores contrastan con las rentabilidades obtenidas por las AFP en las últimas décadas. Según infografías de la misma entidad, entre 1997 y 2015 estas alcanzaron una rentabilidad promedio de 26,3%. En tanto que las ganancias del sistema, a diciembre de 2015, ascendía a $1.558 millones diarios (SP, 2016)[2].

Gracias a esta rentabilidad, la Superintendencia de Pensiones estableció en 2015 que los fondos acumulados por las AFP equivalían al 69,5% del PIB del país (US$ 165 mil millones) (SP, 2015)[3], siendo una fuente financiera activa de la economía. Las inversiones realizadas por las AFP para aumentar los fondos que administran se concentran en muy pocos actores económicos y financieros, como los grupos Luksic, Angelini, Solari, Cuneo, Del Río, Matte, Saieh, CGE, Enersis, entre otros, los que mantienen múltiples vínculos con las administradoras del sistema. Consolidándose así una concentración económica que ensancha aún más los índices de desigualdad en la distribución de los ingresos en Chile, uno de los más altos del planeta.

Como ejemplo de lo anterior, Fundación Sol ha difundido información a través de su web y redes sociales donde establece que US$31 millones de dólares fueron invertidos en solo 10 bancos que operan en el país, mientras que US$4.469 millones fueron entregados a nueve empresas del grupo Matte, evidenciando con ello que las AFP son un sistema en donde los recursos de los trabajadores terminan financiando a las empresas de estos grupos económicos[4].

Derecho a la seguridad social

El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) establece que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, a través de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Esto es reafirmado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo organismo, en su artículo Nº 9, el que dispone que los Estados Partes deben reconocer “el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”, dentro del cual se encuentran comprendidas las pensiones.

El derecho a la seguridad social es fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto. Debiendo los estados establecer, hasta el máximo de sus recursos disponibles, prestaciones de vejez no contributivas, servicios sociales y otros tipos de ayuda para todas las personas que al cumplir la edad de jubilación prescrita en la legislación nacional no tengan cubiertos períodos mínimos de cotización exigidos, garantizándoles así su derecho a disfrutar de una pensión de vejez, y el acceso a cualquier prestación o ayuda de la seguridad social cuando se carezca de otra fuente de ingresos.

Por su parte el Comité de expertos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), en su Observación General Nº 19 de 2007, añade que “la seguridad social, debido a su carácter redistributivo, desempeña un papel importante para reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social”, entregando importantes directrices a los estados para su cumplimiento, agrupadas en cuatro elementos que identifica como constitutivos de este derecho: disponibilidad, riesgos e imprevistos, nivel suficiente y accesibilidad.

Se trata por tanto de un derecho estrechamente ligado a garantizar protección, así como acceso en condiciones de igualdad y no discriminación a prestaciones básicas para el desarrollo de una vida digna, en particular de las poblaciones más vulnerables, teniendo como principios base la solidaridad y la redistribución. Algo que está lejos de reflejar el actual sistema privado de pensiones, más allá del pilar solidario instituido con las reformas de 2008, como veremos a continuación.

Solidaridad y redistribución

El 2014, en su informe complementario al Comité DESC en el marco del examen a Chile sobre sus avances en la implementación del Pacto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2014) fue categórico en advertir que la obligatoriedad de cotización en el sistema de AFP -impuesta por el decreto de 1980 durante la dictadura y extendido a los trabajadores a honorarios en las modificaciones introducidas el 2008- vulnera el derecho a la libertad considerado en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.

Agrega que ello debilita el acceso al derecho a la seguridad social “al entregar esta dimensión exclusivamente a entidades privadas”, convirtiéndolo así en un “sistema de seguros privados de escasa solidaridad”, con “serias brechas de inequidad”, y que posee “límites en materia de rentabilidad y tasa final de sustitución de los ingresos”. Asimismo, afirma que el “sistema de capitalización individual mantiene y reproduce inequidades, dado que –por su propia naturaleza– omite mecanismos de solidaridad intra e inter generacional”, fundamentales para “redistribuir sobre el pilar contributivo de manera de hacer efectivo el principio de solidaridad” (INDH, 2014).

Al respecto se ha pronunciado también la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Resolución de 19 de junio 2009 referida al Convenio Nº 35 sobre seguro obligatorio de vejez para asalariados, donde se enfatiza que el sistema chileno está organizado sin consideración a los principios de solidaridad, riesgos compartidos y financiamiento colectivo, que forman la esencia de la seguridad social.

Cabe destacar, además, que entre las características establecidas por dicho Convenio para habilitar la implementación del seguro obligatorio están: la contribución de asegurados, empleadores y de los poderes públicos a la constitución de los recursos de este seguro, su administración por instituciones que no persigan ningún fin lucrativo y la participación de los representantes de los asegurados en la administración de las instituciones de seguro.

Disponibilidad y acceso

El INDH advierte a su vez que “el acceso a pensiones básicas solidarias no es universal, sino un beneficio por exclusión al que accede el 60% más pobre de la población”, dejando fuera a beneficiarios/as de pensión del sistema previsional, y que “persisten omisiones respecto de trabajadores/as silvoagropecuarios temporales y de casa particular”, mucho/as de los cuales no cuentan con contrato de trabajo (cerca del 50%) o no cotizan en el sistema de pensiones (alrededor del 25%). (INDH, 2014).

A lo anterior suma graves inequidades en materia de género, debido a las edades fijadas para la jubilación (60 años las mujeres y 65 los hombres) y las esperanzas de vida en cada caso, las que deben ser subsanadas en las reformas que se proponen. Pues hoy, al vivir los hombres cerca de 75 años, su fondo debe alcanzar para 10 años, mientras que las mujeres con un promedio un tanto superior a los 80 años, deben financiar algo más de 20 años. Por lo tanto, “al jubilar ambos a la respectiva edad legal y con el mismo fondo acumulado, las pensiones de ellas serán casi la mitad de las de ellos”, informó el INDH al Comité DESC. (INDH, 2014).

Tras conocer estos antecedentes, el Comité DESC, en sus recomendaciones finales a Chile, manifestó su preocupación por que “un gran sector de la población aún esté fuera del sistema previsional y que el Estado parte aún no cuente con un sistema de protección social universal que brinde niveles mínimos de protección a toda la población”. (Comité DESC, 2015).

Por lo mismo, insta al Estado a intensificar “sus esfuerzos por elaborar un sistema de seguridad social que garantice una amplia cobertura social que asegure las prestaciones adecuadas a todos los trabajadores y a todas las personas, incluidos los grupos más desfavorecidos y marginados a fin que puedan tener condiciones de vida dignas” y a que se tomen “las medidas necesarias para asegurar que el sistema de seguridad social funcione de forma efectiva, aun cuando la responsabilidad de hacer efectivo este derecho, particularmente en el sistema de pensiones se haya delegado a entes no estatales”. (Comité DESC, 2015).

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