Piden 5 años de cárcel para el diputado Nelson Abdaláh por caso “Ciudad del Ángel”

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Coma

***En el caso del delito de Abuso de Autoridad por el cual fue encontrado culpable el diputado Abdaláh, el artículo 349-2 del Código Penal en relación con el 36, establece una pena de tres a seis años aumentada en un cuarto, mientras que por Violación de los Deberes de los Funcionario el mismo artículo establece una pena de tres a seis años.

 

Tegucigalpa, Honduras.

En Audiencia de Determinación de la Pena en el caso “Ciudad del Ángel”, el  ente acusador del Estado solicitó al Tribunal de Sentencia, para el diputado del Congreso Nacional Nelson Abdaláh Ghawi, una pena en Concurso Ideal de 5 años 6 meses de reclusión por el delito de Abuso de Autoridad.

Asimismo, solicitó para  Darío Alberto Mejía Valdivieso y José Valery Boris Espinal Ponce la imposición de una pena de 4 años,  por el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, además la Inhabilitación Especial por el doble del tiempo que dure la pena a imponer para las tres personas que resultaron penalmente responsables en el caso denominado Ciudad del Angel.

En el caso del delito de Abuso de Autoridad por el cual fue encontrado culpable el diputado Abdaláh, el artículo 349-2 del Código Penal en relación con el 36, establece una pena de tres a seis años aumentada en un cuarto, mientras que por Violación de los Deberes de los Funcionario el mismo artículo establece una pena de tres a seis años.

El diputado Abdaláh Ghawi,  al momento de los hechos fungía como titular de la Dirección Ordenamiento Territorial de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), según el Ministerio Público en fecha 27 de junio de 2012, éste aprobó 21 permisos de construcción, dándole el consentimiento a la constructora Bienes y Raíces Arias S.A de realizar modificaciones al proyecto, acciones que según se constató no fueron debidamente aprobadas, tal como lo estipulaban los debidos procesos.

En el caso de José Valery Boris Espinal Ponce, durante su gestión como representante de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) y mientras se realizaban las gestiones para realizar el proyecto habitacional Ciudad del Ángel, él personalmente emitió un dictamen, haciendo referencia a que los terrenos sobre los cuales sería construido el complejo habitacional, no presentaría ningún inconveniente, a sabiendas de que la documentación adjunta establecía todo lo contrario.

 Este dictamen, según los medios probatorios fue ratificado por Darío Alberto Mejía Valdivieso, extitular de la Dirección de Evaluación de Control Ambiental (DECA), entidad adscrita a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), quien no examinó la documentación adjunta donde se evidenciaba la mala calidad del suelo, procediendo a concluir que la urbanización no presentaría problemas y que era completamente viable para su edificación.

Los hechos refieren de acuerdo a las investigaciones realizadas, por la autoridad competente, que los delitos antes mencionados fueron cometidos por estos funcionarios en perjuicio de la administración pública, derivados de distintas decisiones que los ahora culpables cometieron como funcionarios gubernamentales, acciones que los comprometieron en el caso “Ciudad del Ángel”, denominado así por el derrumbe acaecido en el complejo habitacional del mismo nombre, donde unas 120 casas se derrumbaron debido a deslizamientos en el terreno.

El Tribunal estuvo conformado por las Magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rina Auxiliadora Alvarado Moreno quien presidió, Lidia Álvarez Sagastume y Reina Auxiliadora Hércules Rosa y cómo cuarto juez el magistrado Edwin Ortez.

El Tribunal convocó a las partes para la lectura de la sentencia para el día martes 11 de octubre a las 3:00 de la tarde.Hondudiario.

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