Depuración policial es precisa para recibir apoyo de EE.UU

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****Extraoficialmente se conoce que Honduras está a punto de ser certificada para recibir apoyo norteamericano en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y la Estrategia de Relacionamiento de Estados Unidos con Centroamérica.

 

Tegucigalpa, Honduras.

En la reciente declaración conjunta de los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y el vicepresidente de los Estados Unidos de América, para dar seguimiento a los avances logrados en retos regionales como la migración, seguridad, gobernabilidad, y economía en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y la Estrategia de Relacionamiento de Estados Unidos con Centroamérica.

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Con el objeto de reducir los incentivos que provocan la migración irregular, se establece con especial preponderancia las transcendentales acciones y logros significativos que la Comisión Especial nombrada -desde hace 5 meses- por el presidente Juan Hernández, ha obtenido a fin de evaluar la idoneidad y confianza de los integrantes de la Policía Nacional, implementar un profunda reingeniería en los diferentes organismos policiales y remitir al Ministerio Publico (MP) los indicios de la supuesta comisión de delitos, crímenes y actos de corrupción por oficiales y agentes de la escala básica.

Con énfasis en lo histórico de las actuaciones de los depuradores, la declaración presidencial, suscrita el pasado mes de septiembre en Washington, DC, destaca –en Honduras- como logros en objetivos a nivel nacional “los avances sin precedentes obtenidos por la Comisión Especial para el Proceso de Reestructuración y Depuración de la Policía Nacional, que ha retirado de sus cargos a un 40% de los oficiales policiales y presentó la información pertinente a los órganos de justicia”; asimismo, señala este pronunciamiento oficial, hecho público en el website de la Casa Blanca del gobierno estadounidenses, que “Honduras también continúa fortaleciendo la Policía Nacional desarticulando las bandas de trata y tráfico de personas, así como el combate continúo contra la extorsión”.

Del mismo modo, en la declaración también se destaca los logros notables por la puesta de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), el incremento sostenido de los ingresos tributarios, el lanzamiento del programa Honduras 20/20 con el fin de dinamizar sectores productivos prioritarios de la economía nacional y así potenciar la generación de empleos dignos para la población, y vigencia de la implementación del programa Vida Mejor, combatiendo la pobreza en todo el país.

Finalmente, en la manifestación conjunta, luego e esta reunión celebrada el 23 de septiembre del presente año, en las instalaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Guatemala, Jimmy Morales; y Honduras, Juan Orlando Hernández; y el Vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, “reconocieron el esfuerzo del Congreso de los Estados Unidos al asignar recursos a la Estrategia de Relacionamiento con Centroamérica en apoyo al Plan. También hicieron un reconocimiento especial al Vicepresidente Biden por su compromiso con el Plan en representación de la Administración Obama. Además, los cuatro altos funcionarios “ratificaron el establecimiento del Diálogo de Alto Nivel entre los Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica que dé continuidad a este esfuerzo de construir una Centroamérica segura, estable y próspera”.

En un artículo escrito por Adriana Beltrán, coordinadora principal del Programa de Seguridad Ciudadana de la organización no gubernamental estadounidense Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), explica que la ley de asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2016, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América, incluyó “un aumento sustancial de los niveles de asistencia para la región”, otorgando US$ 750 millones en asistencia para Centroamérica, particularmente para ayudar a los países del Triángulo Norte a atender los altos niveles de violencia e inseguridad, la débil gobernabilidad, y la falta de oportunidades económicas que impulsan la migración de la región”; Señala, que el monto aprobado está por debajo de los mil millones de dólares solicitados por la administración Obama en febrero de 2015, “no obstante, está por encima de los 675 millones asignados por el Senado en julio –del año pasado- y comprende un aumento significativo de más de 450 millones de lo que fue asignado por la Cámara Baja en su proyecto de ley”. La especialista en temas de seguridad centroamericana, menciona que “la asignación presupuestaria constituye un incremento importante a los 294 millones aprobados para el 2015, y probablemente incentive incrementos en la asistencia proporcionada por otros donantes y prestamistas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”. Aclara, que “este presupuesto no incluye los fondos asignados al Pentágono (Departamento de Defensa) para operaciones antinarcóticos en la región”.

En el artículo, Beltrán, precisa que de acuerdo a las disposiciones del órgano legislativo estadounidense, se implantan “una serie de condiciones específicas para que los gobiernos centroamericanos puedan erogar los fondos como nunca antes dispuestas para la región”. Explica, que “conforme la ley, el 50% de los fondos para los gobiernos centroamericanos no puede ser asignado hasta que el Departamento de Estado certifique que Honduras, El Salvador y Guatemala han adoptado medidas efectivas, entre las que sobresalen las ligadas a temas anticorrupción y de seguridad.

Entre esas exigencias de los congresistas norteamericanos se encuentran “combatir la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de funcionarios públicos sobre los que pesen acusaciones verificables de corrupción; implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de las fiscalías y los sistemas judiciales; combatir las actividades de redes criminales, el narcotráfico y el crimen organizado; investigar y procesar penalmente en sistemas civiles de justicia a miembros de las fuerzas militares y cuerpos policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos, y asegurar que las fuerzas militares y policías están cooperando con los casos; y desarrollar e implementar planes para crear fuerzas policiales civiles, profesionales y responsables y limitar el papel de las fuerzas militares en actividades policiales”.

Expertos han señalado, que por las condicionalidades antes mencionadas, es tan importante que la Comisión Especial para Depuración de la Policía Nacional, continúe haciendo su trabajo de efectiva, y que los logros obtenidos en esta primera etapa de evaluación de la alta oficialidad, continúe ahora que están en la fase de examinación de los integrantes de los agentes de la escala básica; asimismo, es indispensable que el proceso de reestructuración orgánica de la Policía Nacional se lleve a cabo y el anunciado incremento de agentes civiles que establecerá un numero de 26 mil los miembros de la carrera policial para el año 2022, y así despejar las dudas sobre el supuesto plan de militarización de la seguridad pública en el país.

Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, cree que, contrario a lo que históricamente ha sucedido en el país, “la agenda nacional debe definir la ruta por la cual deseamos transitar en materia de modernización y fortalecimiento de la institucionalidad estatal, y la cooperación técnica y financiera que proviene del exterior debe alinearse  los planes, estrategias y políticas nacionales”.

“Ya está trazado un sendero hacia la depuración, reforma y fortalecimiento de la Policía nacional, y gran parte de los recursos que se están invirtiendo en estas acciones son provenientes del Presupuesto General de la República y de la Tasa de Seguridad Poblacional; en tal sentido, el apoyo norteamericano será un apoyo, un respaldo y un reconocimiento a que tenemos agenda propia y la vamos ejecutar por decisión soberana” expresó Rivera.

El dirigente de sociedad civil dijo que “el proceso de depuración y reestructuración de la Policía Nacional es un ejemplo claro de la voluntad política de las autoridades estatales y del acompañamiento de los diferentes sectores de la sociedad hondureña para implementar la anhelada profilaxis y reingeniería que tanto necesitaban los distintos organismos policiales; seguro, este proceso de evaluación de la idoneidad de los oficiales y agentes de la carrera policial, es una buena carta de presentación y motivará a que los funcionarios del Departamento de Estado de los estados Unidos puedan certificar a Honduras, para recibir –lo antes posible- el apoyo financiero que complementará los esfuerzos nacionales para  a que nuestro país implementos los componentes que le correspondan en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica”. Hondudiario.

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