Interrupciones eléctricas violentan derechos colectivos: Conadeh

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***Recordó que es  función del CONADEH investigar hechos que puedan implicar un ejercicio arbitrario, abusivo y discriminatorio  de parte de la administración pública y de entidades privadas que presten servicios públicos como el de la energía eléctrica, que tiene mucho que ver con la vida  y otros derechos humanos de las personas y de las comunidades,  en todo el territorio nacional.

Tegucigalpa, Honduras.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, advirtió este viernes que las interrupciones eléctricas que a diario se dan  en  muchos sectores del país, son un atentado a los derechos individuales y colectivos de las comunidades afectadas.

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Expresó que la energía eléctrica es un derecho humano y que es responsabilidad del Estado proveer ese servicio de manera continua y de calidad, en condiciones, precios y tarifas accesibles a la universalidad de la población hondureña.

Recordó que, en fecha reciente, se reunió con los miembros de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE) para plantearles la responsabilidad que  tiene el Estado de asegurar la provisión de  energía eléctrica a la población como un derecho humano.

La Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE), fue creada por la Ley General de la Industria Eléctrica, en vigencia desde el año 2014, que tiene entre sus atribuciones supervisar la aplicación debida de la Ley y, en particular, la continuidad y seguridad del servicio público.

Según el ombudsman hondureño, las continúas interrupciones de energía eléctrica que están sufriendo varias comunidades atenta contra los derechos individuales y colectivos y de las  comunidades afectadas por estas interrupciones.

Recomendó tomar en cuenta, en todos los análisis que hagan de las tarifas,  no solo los criterios matemáticos.

“Un servicio público, como es la energía eléctrica,  se mide por criterios sociales y, en ese sentido, se debe considerar, en forma bastante prioritaria la situación de las personas en condiciones de vulnerabilidad”, precisó.

Consultado si deben ser enérgicas las autoridades con quienes cometen abusos, respondió que es necesario ya que dentro de la garantía del Estado Democrático de Derecho, el apego y el cumplimiento a la ley con criterio de justicia, es importante.

“No podemos separar la aplicación de una ley rigurosa del criterio del respeto  y protección a la dignidad humana, porque ese es el principio que fundamenta el Estado de derecho en Honduras”, puntualizó.

Según el Defensor del Pueblo, una atribución constitucional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es velar por la protección y el respeto de la dignidad  humana de los habitantes.

Además, que es función de este ente del Estado, investigar hechos que puedan implicar un ejercicio arbitrario, abusivo y discriminatorio  de parte de la administración pública y de entidades privadas que presten servicios públicos como el de la energía eléctrica, que tiene mucho que ver con la vida  y otros derechos humanos de las personas y de las comunidades,  en todo el territorio nacional.

Recordó que proveer energía eléctrica a los habitantes es una responsabilidad del Estado, porque es un derecho humano que se le debe garantizar a la población, por medio de un servicio público continuo, disponible, accesible y de calidad, sin exclusión alguna.

Entre las recomendaciones del CONADEH al CREE está la de aplicar principios acordes con el objetivo fundamental  del servicio público que es beneficiar a todos  los habitantes.

Destacó la importancia que ninguna persona quede excluida del abastecimiento de energía que necesitan, en especial,  asegurar la inclusión en forma total de los  sectores más desfavorecidos de la población.

Herrera Cáceres considera que por ser el servicio de la energía eléctrica un tema de interés nacional que impacta en el ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes, es importante que  la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, instale  un sistema de quejas más organizado que el actual y que garantice respuestas prontas y confiables.

Además, que examine los daños que se están causándolas interrupciones eléctricas no sólo a los hogares, sino que también a las comunidades en materia de alumbrado público y de servicios prioritarios como la educación, la salud, la recreación y en una serie de necesidades que implican derechos humanos. Hondudiario. 

 

 

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