CSJ pone en vigencia plan nacional para erradicar mora judicial

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***El Plan fue trabajado en su versión preliminar por dicha Comisión Técnica conformada por jueces y magistrados de las distintas materias jurisdiccionales para el análisis del fenómeno y elaboración del documento con el fin de implementar medidas de manera inmediata y erradicar el rezago judicial existente.

Tegucigalpa, Honduras.

Corte Suprema de JusticiaEl Pleno de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos aprobó en las últimas horas el Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial recientemente entregado al Presidente del Poder Judicial, Magistrado Rolando Edgardo Argueta Pérez, por parte de una Comisión Técnica Especial.

El Plan fue trabajado en su versión preliminar por dicha Comisión Técnica conformada por jueces y magistrados de las distintas materias jurisdiccionales para el análisis del fenómeno y elaboración del documento con el fin de implementar medidas de manera inmediata y erradicar el rezago judicial CSJ existente.

El documento fue sometido a la revisión y aprobación del Pleno de la Corte Suprema de Justicia quien con los aportes de las y los magistrados fue enriquecido y finalmente aprobado en la reciente sesión plenaria donde fue conformado el Comité Coordinador Nacional para la ejecución de dicho Plan.

Este Comité estará integrado por el Magistrado Presidente Rolando Edgardo Argueta Pérez como Coordinador General; Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa, Magistrado José Olivio Rodríguez Vásquez, Magistrado Miguel Alberto PCJSineda Valle y Magistrado Wilfredo Méndez Romero.

De acuerdo a los registros oficiales, se estima que en Honduras entre ciento cincuenta y seis mil (156,000) y ciento ochenta y seis mil (186,000) casos se encuentran sin sentencia; sin embargo, el Presidente del Poder Judicial aclaró que esta cifra no significa necesariamente una mora judicial, debido a que no refiere específicamente a la inactividad del juez, sino que podría corresponder a la inactividad de una de las partes o de alguna otra entidad que tenga participación en el caso.

Para reducir el fenómeno y finalmente erradicarlo, el Plan aprobado comprende la implementación de 13 políticas de trabajo y 25 líneas de acción que deberán implementarse en el menor plazo posible a nivel nacional.

El seguimiento y verificación de estas políticas y líneas de acción será una responsabilidad directa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia quien creará 18 Comités, uno por cada departamento del país para constatar el cumplimiento de las medidas.

Asimismo, se conformará un Comité Veedor que será integrado por representantes de las asociaciones de servidores judiciales legalmente constituidas; un representante del Colegio de Abogados de Honduras; un representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; representantes de la Sociedad Civil; y la Oficial de Transparencia del Poder Judicial.

El Plan contempla hacer una revisión del estado procesal en que se encuentra cada expediente jurisdiccional en el país, y de lo que resulte se debe proceder a declarar de oficio la prescripción de las causas inactivas de acuerdo a lo señalado en el artículo 4 de la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal, y la prescripción de la pena de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código Penal.

Asimismo, los jueces podrán declarar de oficio el abandono del proceso o la caducidad de la instancia, en los casos que proceda, de acuerdo a la legislación vigente en cada materia y evitar cualquier dilación manifiesta e impertinente del litigio, de conformidad con la Ley.

En este sentido, se fortalecerán las facultades procesales del Juez o Magistrado; entre ellas, el impulso procesal de oficio, en los casos de mérito, respetando los derechos constitucionales de defensa y debido proceso.

Entre otras acciones, se certificará a los servidores judiciales mediante un proceso de evaluación del desempeño y aplicación de pruebas de confianza, debidamente reglamentado, contando con el acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

En el marco de la VII Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en México, en 2002, se emitió la Declaración de Cancún en la cual se manifiesta que “la mora judicial, entendida como el incumplimiento de plazos o como el retraso respecto de la duración razonable de todo proceso hasta su conclusión, constituye objetivo fundamental de erradicación para lograr una justicia pronta y efectiva”.

En esta Declaración de carácter internacional se conceptualiza la mora judicial como el “retraso respecto de la duración razonable o estimada del proceso en toda su amplitud temporal, incluyendo así la fase declarativa como la de ejecución de lo declarado”.

En este sentido, la mora judicial puede definirse como la dilación de los procesos judiciales que se origina cuando el juzgador desconoce los plazos legales sin motivo probado y razonable que la justifique y, con ello, se configura una violación del debido proceso y un obstáculo para la administración de justicia.hondudiario.

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