Conadeh justifica “error” y advierte que no volverá a opinar sobre asuntos políticos

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*** El Ombudsman reiteró que se abstendrá de dar nuevas declaraciones o consideraciones sobre temas  judiciales ligados a la “política”, como el tema donde tácitamente apoyó la reelección de Juan Hernández al margen que se violentó el proceso constitucional.

Tegucigalpa, Honduras

herrersa-caceresEl Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, informó en su cuenta de Tweeter y a través de un comunicado oficial, que “no volverá a opinar sobre asuntos judiciales, considerando la versión emitida en días pasados, sobre la reelección presidencial.

Según el Conadeh, dice que en dos comunicados y las recomendaciones emitidas en días pasados “sólo se limitan a expresar el respeto debido a las sentencias judiciales en un Estado Democrático de Derecho e instó a la población a darle lectura integra al contenido de los mismos”.

El CONADEH se pronunció inicialmente el 8 de mayo de 2015 y luego lo hizo el 27 de diciembre del año recién pasado, sobre la sentencia  emitida por la Corte Suprema de Justicia el 22 de abril de 2015, en la que declara inaplicables algunos artículos constitucionales que hacen referencia a la reelección presidencial.

Ambos documentos están a disposición de la población en la página del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos www.conadeh.hn, dice el comunicado, justificando su postura.

Recordó que desde el 8 de mayo de 2015, se manifestó sobre este trascendental asunto, mediante comunicado escrito y conferencia de prensa, en los que dio a conocer públicamente sus consideraciones y recomendaciones sobre el vínculo de la justicia constitucional con la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

dt-common-streams-streamserver-1Según el Comisionado, “debe haber un equilibrio democrático entre la soberanía popular y la supremacía constitucional; y debe también respetarse la independencia de la judicatura”

“Hubiéramos preferido una mayor participación ciudadana en la solución de esta situación relativa a la reelección, aplicando lo previsto por la Constitución al instituir el plebiscito, referéndum y la iniciativa de ley ciudadana, y lograr asegurar el equilibrio democrático entre la soberanía popular y la supremacía constitucional”, sostuvo el titular del CONADEH.

El Defensor del Pueblo considera que “ni la soberanía popular puede expresarse al margen de la Constitución de la República ni la supremacía constitucional puede impedir el ejercicio de la soberanía por el pueblo”.

En atención a la realidad del sometimiento de esa situación a la Corte Suprema de Justicia, recordó  los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura.

Esos estándares internacionales señalan que “La Judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley”.

Además, que “la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.

Sostuvo que por el respeto a la independencia de la judicatura, también se recomendó que en el espíritu del fortalecimiento progresivo del Estado democrático y social de Derecho en Honduras, se proceda igualmente a cumplir con la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 7 de mayo del 2003, que salvaguarda la intangibilidad y progresividad de los derechos humanos de los y las habitantes de Honduras.

Indicó que el pronunciamiento del 2015 se  hizo para aportar criterios e impulsar oportunamente el responsable debate y la valoración consecuente, por la sociedad, de la sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad.

Agregó, que ante la discordancia y tensiones entre personas sectores o grupos, sobre el  fallo de la Corte Suprema de Justicia, el CONADEH estimó sensato y oportuno que el pueblo conociera el funcionamiento de la justicia constitucional en los Estados de Derecho y el vínculo ineludible con la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

“Control del convencionalidad” es  una institución impulsada por la Corte IDH y de carácter obligatorio  en Estados Democráticos de Derecho, como Honduras

En su análisis, el defensor de los derechos humanos expresó que la Corte Suprema de Justicia, además de realizar el  “control de constitucionalidad” cumplió con su deber internacional de aplicar el “control de convencionalidad”.

Explicó que dentro del sistema interamericano de derechos humanos, el control de convencionalidad ordena a los magistrados reputar inaplicables las normas internas, incluyendo las de la Constitución de la República, opuestas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la interpretación dada a ésta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Agregó que el “control de convencionalidad” es una institución que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido aplicando y desarrollando, desde el inicio del presente siglo XXI.

El propósito es que los Estados concreten nacionalmente su obligación de garantizar la efectividad del goce de los derechos humanos conforme a lo que prescribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados, y la interpretación que les haya dado la Corte IDH.

Puso como ejemplo que, en la aplicación del “control de convencionalidad” ya se ha declarado que normas constitucionales son inaplicables por ser inconvencionales o  contrarias a la Convención Americana sobre Derechos  Humanos, tal como la Corte IDH lo hizo, en el 2002, con una norma constitucional de Chile, en el caso denominado “La Última Tentación de Cristo”.

Indicó  que el  “control de convencionalidad” es obligatorio en todo Estado, en el cual esté en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos y haya sometimiento voluntario a la jurisdicción de la Corte IDH, como ocurre en el caso de Honduras.

El Defensor del Pueblo reafirmó finalmente que, sobre dicha sentencia, se abstendrá de dar nuevas declaraciones o consideraciones, para evitar ser envuelto en el juego de malabares político- partidistas y otros que pretendan afectar la independencia de esta institución estatal de protección y promoción de los derechos humanos, al servicio exclusivo de la dignidad de las y los habitantes, en el marco del fortalecimiento progresivo del Estado Democrático y Social de Derecho, la seguridad humana, paz social, libertad y  desarrollo sostenible nacional. hondudiario

 

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