Piden investigar a jueza que incumple decreto sobre demanda contra alcaldía de SPS

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***Alcalde Armando Calidonio y Corporativos, como representantes de los sampedranos, solicitan se efectúen las investigaciones sobre la conducta de la jueza Edna Judith Gonzales Cubero, ante la negativa de darle cumplimiento al Decreto Legislativo 266-2013.

San Pedro Sula, Honduras.

Armando Calidonio El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio Alvarado, junto a miembros de la Corporación Municipal, esta tarde efectuaron una denuncia pública, en defensa de los intereses de los sampedranos, en torno al accionar de la jueza Edna Judith Gonzales Cubero, que lleva el caso de la demanda promovida por la Familia Galdámez Prieto, contra la Municipalidad, por el supuesto incumplimiento de contrato de arrendamiento de bienes inmuebles e indemnización de daños y perjuicios por un monto de aproximadamente mil millones de lempiras.

La importante denuncia se dio a conocer en el salón Consistorial de la alcaldía Armando Calidonio sampedrana, donde el jefe edilicio junto a los Corporativos, indicaron que en representación de los intereses de los sampedranos, respetuosamente piden a los poderes constituidos del Estado para que a través del Ministerio Público (MP), la Inspectoría General de la República, Procuraduría General de la República (PGR) y demás órganos competentes, procedan de manera inmediata a investigar la conducta de la jueza Edna Judith Gonzales Cubero, ante la negativa de darle cumplimiento al Decreto Legislativo 266-2013, cuya finalidad no es más que la de racionalizar las demandas a las que está sujeta la administración pública establecido un mínimo de requerimiento para evitar la saturación de demandas contra el Estado.

Armando Calidonio El alcalde Calidonio precisó que el 9 de junio del año 2015 la Municipalidad de San Pedro Sula, contesto en tiempo y forma  la demanda de mérito, interponiendo entre otros, incidente de previo especial pronunciamiento para que previo a la admisión de la demanda, la jueza – Edna Judith Gonzales Cubero – diera cumplimiento al Decreto Legislativo  266-2013, el cual reforma los artículos 2 y 3 de la Ley de Contratación del Estado y en consecuencias de este, se exija a los demandantes Galdámez Prieto la rendición de una caución (Garantía) equivalente al 20 por ciento del valor reclamado, es decir dicha caución sería por la suma de 185,881,340.00 lempiras.

Armando Calidonio Según informó el alcalde Calidonio, en el caso que los demandantes (Galdámez Prieto)  no acrediten dicha caución en el término de ley, se archiven las diligencias sin más trámites.

Detalló que pese a que la jueza Gonzales Cubero, aun reconociendo la antes disposición legal, se limitó a la suspensión del juicio violentando el debido proceso, e incluso, ésta interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra el antes descrito Decreto, acción que a la fecha está pendiente de resolución por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) según expediente N0. SC0-0166-2016 del 25 de febrero de año 2016. Fundamentándose  parcialmente ella, en el artículo 82 párrafo segundo de la Constitución de la República, el cual establece que los habitantes de la república tiene libre acceso a los tribunales, desestimando que en ese mismo artículo que el acceso es en la forma que señala las leyes, por lo que el requisito de la caución  es legal, vigente y válido constitucionalmente.

Ante ese accionar, La Municipalidad de San Pedro Sula, y en pleno derecho de las defensa de los intereses de los sampedranos, recurrió en amparo a la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, quienes en sentencia del 9 de marzo del año 2016, otorgó la Garantía  Constitucional de Amparo, ordenándole a la jueza  el cumplimiento del debido proceso y aclarándole que la interposición del recurso de inconstitucionalidad no suspende la vigencia ni la aplicación de la ley  y le manda a dar respuesta a la petición planteada de confinidad a derecho.

Pese a lo anterior, la jueza en audiencia del 19 de enero de 2017, no cumplió a cabalidad la sentencia de amparo dictada a favor de la Municipalidad, haciendo caso omiso al Decreto Legislativo  266-2013, en clara afrenta a la ley vigente, declarándolo sin lugar, el incidente planteado y no exigió a los demandantes a rendir la caución ordenada, continuando con el proceso y ordenando la apertura de juicio a pruebas, señalando audiencia para evacuación de pruebas y conclusiones el próximo 16 de marzo del año en curso.

Bajo ese panorama, según la denuncia, la jueza podría haber incurrido en abuso de autoridad  y violación a los deberes de los funcionarios (Art. 349 numeral 1) del código penal, lo que será planteado según el jefe edilicio, ante el órgano administrativo pertinente a fin de que investigue y deduzca la responsabilidad del caso.

Finalmente el Ingeniero Calidonio y los Corporativos, hicieron un llamado al Presidente de la República, Juan Orlando Hernández; así como al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; al Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Rolando Argueta Pérez; además al Fiscal General del Estado, Oscar Fernando Chinchilla y al Procurador General de la República, Abrahán Alvarenga Urbina, al pueblo hondureño general y en especial a los vecinos sampedranos, para que estén atentos y vigilantes a la conducta procesal de la jueza, a fin de evitar  actuaciones lesivas  a los intereses de los sampedranos, lo que podría repercutir en menos obras a favor de la ciudad, causando con ello un caos al presupuesto municipal.

ANTECEDENTE

La demanda promovida por la familia Galdámez Prieto, contra la Municipalidad sampedrana, es por el supuesto incumplimiento de tres contrato de arrendamiento sobre tres lotes de terreno, pretendiendo cobrar un interés desproporcional  del 1,800 % anual, lo que suma la cantidad de 929, 406,700.00 lempiras,  y costas de juicio, por el supuesto pago de rentas endeudadas e indemnización de daños y perjuicios, intereses que sobrepasan cualquier tasa legalmente autorizada.

Por otra parte los contratos de arrendamiento finalizaron el 31 de agosto del año 2008, mismos que fueron pagados en su totalidad y no fueron renovados.

En la actualidad dichos predios estan siendo ocupados  por los venderos del mercado La Tara, y  fue arrendado en la administración del ex alcalde Rodolfo Padilla Sunseri en el año 2007 y cuyo contrato establece un periodo de un año, el cual ya venció.Hondudiario.

URL Corta: http://bit.ly/2jVI1dv

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