Reformas penitenciarias prohíben la sobrepoblación en cárceles del país

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***Con estas reformas las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, pretenden tener un poco más de control en los centros penales.

Tegucigalpa, Honduras.

Sobrepoblación en carceles de HondurasEl Congreso Nacional (CN) aprobó una serie de modificaciones a varios artículos de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP), con el objetivo de establecer las normativas que tiene que ver con el tratamiento a los privados de libertad, destacando los artículos que tienen que ver con la sobrepoblación, sanciones disciplinarias y la comunicación y visitas que tendrán los penitenciarios a nivel nacional.

En tal sentido, el artículo 66 establece que el número de personas internas en cada establecimiento debe estar preestablecido en relación con su capacidad real y no excederse a fin de asegurar una adecuada convivencia.

En el caso de que el número de personas internas en un establecimiento penitenciario alcance el máximo permitido, el director nacional, debe proceder a distribuir la población penitenciaria en otros establecimientos, notificando en su caso  a los respectivos jueces de ejecución.

Carcel HNCuando se lleve a cabo la distribución poblacional por agotamiento de la capacidad máxima de un establecimiento penitenciario, se debe velar porque las personas internas de mayor antigüedad accedan a la etapa de pre-liberación o libertad condicional, si es posible, dentro del marco de la ley.

En todo caso, el traslado de personas internas se debe realizar a los establecimientos penitenciarios más cercanos al lugar de residencia de sus familiares.

Sanciones por faltas disciplinarias

TORONESPor su parte, el artículo 56 que establece las sanciones que deben imponerse por la Comisión de faltas disciplinarias, que  incluye ahora el aislamiento en celdas destinadas para tal fin, dentro del centro y en su defecto a las de otro centro penitenciario que cuente con las mismas, y, además reevaluar la clasificación de peligrosidad o de agresividad de  la persona privada de libertad.

En el  mismo sentido, las  nuevas reformas a la Ley del INP aclaran que  en ningún caso se debe aplicar a la persona privada de libertad, medidas disciplinarias distintas a las anteriores.

En el artículo 59 se indica que los medios de coacción sólo pueden aplicarse cuando concurran en ciertas circunstancias. En todo caso, lo ocurrido debe comunicársele inmediatamente al servicio médico del establecimiento penitenciario, al Departamento de Seguridad, Inteligencia  y Logística, seguidamente  también a la Dirección Nacional del INP.

Comunicación y visitas en los Centros Penales  

COMUNICACION EN CENTROS PENALESEn lo relacionado con las visitas y comunicación que tienen los recluidos, las reformas abarcan una serie de derechos y limitaciones que tendrán los penitenciarios.

El artículo 83 indica que las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse periódicamente en forma oral y escrita, con sus familiares, allegados y abogados defensores, en los días y horas establecidas, y en la forma que autoricen los reglamentos, debidamente vigilado y supervisado por la autoridad penitenciaria, salvo las disposiciones especiales establecidas mediante ley o reglamento”.

Por tanto, el artículo 86 indica que todos los establecimientos penitenciarios deben contar con un área especialmente acondicionada para visitas, salvo las disposiciones especiales establecidas mediante ley o reglamento. Para mantener la seguridad no se debe permitir el ingreso de visitantes a otras zonas distintas a las acondicionadas para este propósito, las cuales podrán ser en todo tiempo monitoreadas y supervisadas por la autoridad penitenciaria.

VISITAS 2Las reformas al artículo 88 establecen que la dirección del establecimiento penitenciario, previo el informe favorable de consejo técnico disciplinario y del departamento de Seguridad, Inteligencia y Logística, puede autorizar salidas de personas internas en el establecimiento a su cargo.

Entretanto, el artículo 89 señala que las personas internas pueden gozar del beneficio de recibir visitas íntimas de su cónyuge o compañera de hogar en instalaciones o dependencias adecuadas para ello, la frecuencia del otorgamiento de este beneficio debe ser objeto de regulación por razones de salubridad y otras circunstancias calificadas en el reglamento; exceptuando de este beneficio a las personas privadas de libertad que son consideradas de alta agresividad o alta peligrosidad. Hondudiario. Por: AT.  

A continuación todos los Artículos de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario  que recibieron reformas

Tratamiento a privados de libertad

Por su parte, en el artículo 26 se establece que los centros penitenciarios  deben mantener separados: las personas procesadas y sentenciadas, enfermos mentales, los sordomudos, los ciegos, los fármaco dependientes y cualquier tipo de personas que, sufriendo serias limitaciones físicas o mentales, queden dentro del ámbito del derecho penal y puedan ser recluidas en instituciones especializadas.

Las personas que pertenecen a grupos o asociaciones ilícitas pueden ser separadas del resto de la población penitenciaria, dependiendo de la etapa del tratamiento penitenciario en que se encuentren y de las disposiciones que en materia técnica y de seguridad establezca la dirección nacional.

El artículo 27, señala que una vez realizado el estudio técnico criminológico y la correspondiente clasificación de la persona sujeta a privación de libertad, de acuerdo con esta ley y sus reglamentos, se le debe ubicar de acuerdo a su clasificación de la manera siguiente:

1)  Las personas privadas de libertad clasificados como personas de alta peligrosidad y alta agresividad, al régimen de seguridad  máxima o alta seguridad;

2) Las personas privadas de libertad clasificadas como media peligrosidad y media agresividad, al régimen de seguridad media; y,

3) Las personas privadas de libertad clasificadas como baja peligrosidad y baja agresividad, al régimen de seguridad mínima.

Los Reglamentos deben establecer las condiciones, forma de tratamiento, régimen disciplinario, custodia, distribución numérica y restricciones de régimen de vida que corresponden a cada una de estas unidades.

La reforma al artículo 33 de la Ley del Sistema Penitenciario, establece las atribuciones y obligaciones de los directores de establecimientos penitenciarios:

Mediante el artículo 35 A, se crea la Academia Nacional Penitenciaria como órgano responsable de organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar los procesos de formación del personal de la carrera penitenciaria.

La Carrera de Personal de Servicios Penitenciarios constituye un sistema técnico, reglado cuyas directrices permiten al personal ascender sucesivamente a cada grado jerárquico, ocupar cargos, recibir títulos y reconocimientos que determine la ley,  así como cumplir con las obligaciones y jercer los derechos que le corresponde según su posición y categoría dentro de un sistema jerarquizado y disciplinado, fundado en disposiciones legales.

El personal de la Carrera de Servicios Penitenciarios se regirá por su propio estatuto, el personal administrativo, técnico de servicio, de los departamentos y de las unidades se regirá por lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil y el reglamento regulara su funcionamiento.

Mientras tanto, el artículo 38 señala que los miembros de la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario están sujetos a la obligación de recibir y aprobar, antes de quedar en posesión del cargo, los cursos de inducción, rehabilitación, reinserción y formación teórica y práctica que imparta la Academia Nacional Penitenciaria.

Asimismo, en el transcurso de su desempeño como miembros de la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario, deben recibir y aprobar los cursos de formación y especialización que la academia imparta y aprobar las pruebas de evaluación de confianza.

Por su lado, el artículo 40 establece que en cada centro penitenciario debe funcionar un consejo técnico interdisciplinario, organizado por el Departamento  de Gestión Penitenciaria  del  INP, bajo la coordinación del director del establecimiento, el cual es un órgano colegiado e integrado por profesionales de la medicina, siquiatría, sicología, del derecho, trabajadores sociales y de otras disciplinas que se considere necesarias, quienes deben estar sujetos a las políticas establecidas por el consejo directivo del Instituto y las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan.

En el artículo 46 se instaura que cada centro penitenciario debe contar con los servicios de maestros, sicólogos, trabajadores sociales e instructores técnicos necesarios para coadyuvar en la rehabilitación, reeducación y reinserción de las personas privadas de libertad a la sociedad al cumplir sus penas.

El artículo 51 define que el tratamiento penitenciario progresivo es el conjunto de acciones graduales fundadas en ley, ejecutadas por el personal de un centro penitenciario, previamente razonadas y orientadas por el consejo técnico interdisciplinario de dicho establecimiento de conformidad con las políticas dictadas por la dirección nacional del INP, con el fin de prevenir la reincidencia y habitualidad y fomentar en las personas privadas de libertad el respeto a sí mismas, los conceptos de responsabilidad y convivencia social, la voluntad de vivir conforme a la ley y, en definitiva, lograr su adecuada reinserción social.

De su parte, el artículo 56 que establece las sanciones que deben imponerse por la comisión de faltas disciplinarias incluye ahora el aislamiento en celdas, destinadas para tal fin, dentro del centro penitenciario y en su defecto a las de otro centro penitenciario que cuente con las mismas y reevaluar la clasificación de peligrosidad o de agresividad de  la persona privada de libertad. En ningún caso se debe aplicar a la persona privada de libertad, medidas disciplinarias distintas a las anteriores.

En el artículo 59 se indica que los medios de coacción sólo pueden aplicarse cuando concurran en ciertas circunstancias. En todo caso, lo ocurrido debe comunicársele inmediatamente al servicio médico del respectivo, al establecimiento penitenciario, al departamento de Seguridad, Inteligencia  y Logística, y a la dirección nacional del INP.

Por su parte, el artículo 66 establece que el número de personas internas en cada establecimiento debe estar preestablecido en relación con su capacidad real y no excederse a fin de asegurar una adecuada convivencia.

En el caso de que el número de personas internas en un establecimiento penitenciario alcance el máximo permitido, el director nacional, debe proceder a distribuir la población penitenciaria en otros establecimientos, notificando en su caso  a los respectivos jueces de ejecución.

Cuando se lleve a cabo la distribución poblacional por agotamiento de la capacidad máxima de un establecimiento penitenciario, se debe velar porque las personas internas de mayor antigüedad accedan a la etapa de pre-liberación o libertad condicional, si es posible, dentro del marco de la ley.

En todo caso, el traslado de personas internas se debe realizar a los establecimientos penitenciarios más cercanos al lugar de residencia de sus familiares.

En el artículo 68 se añaden otras prohibiciones al personal penitenciario como organizar o participar en manifestaciones o huelgas en contra de la institución por tratarse esta de seguridad nacional y las demás conductas que esta ley y sus establezcan como prohibidas.

El artículo 73, establece que en todos los establecimientos penitenciarios se debe permitir a las personas privadas de libertad la lectura de periódicos, revistas y libros de libre circulación en el país, adecuados a sus necesidades de instrucción, formación y sana recreación,  siempre y cuando estos sean autorizados y controlados por la  dirección del establecimiento penitenciario.

Se exceptúan los casos en los cuales de acuerdo al tratamiento penitenciario de la persona privada de libertad, por mandato de la ley o los reglamentos restrinjan tal derecho para tales efectos, la administración penitenciaria debe fomentar la organización de bibliotecas fijas o ambulantes.

En el artículo 76 donde se establece la asignación de trabajo a la persona interna se debe hacer bajo modalidades siguientes que ahora incluye el trabajo comunitario ordenado por el juez de ejecución, de conformidad a las modalidades que éste disponga, en coordinación con el departamento de Gestión Penitenciaria  del INP y el director del establecimiento penitenciario.

Asimismo, el trabajo contratado por personas naturales o jurídicas de carácter privado, para ser realizado dentro de los centros penitenciarios, siempre y cuando la práctica de esta actividad laboral haya sido autorizada por el director del establecimiento, previo dictamen favorable del Departamento de Gestión Penitenciaria del INP.

También otras modalidades autorizadas por el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), previa solicitud de su Director(a) Nacional y dictamen favorable del Departamento de Gestión Penitenciaria  del Instituto, siempre que no contraríen los fines y principios del Sistema Penitenciario Nacional y los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de la República.

Por su lado, el artículo 83 indica que las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse periódicamente en forma oral y escrita, con sus familiares, allegados y abogados defensores, en los días y horas establecidas, y en la forma que autoricen los reglamentos, debidamente vigilado y supervisado por la autoridad penitenciaria, salvo las disposiciones especiales establecidas mediante ley o reglamento”.

De su parte, el artículo 86 indica que todos los establecimientos penitenciarios deben contar con un área especialmente acondicionada para visitas, salvo las disposiciones especiales establecidas mediante ley o reglamento. Para mantener la seguridad no se debe permitir el ingreso de visitantes a otras zonas distintas a las acondicionadas para este propósito, las cuales podrán ser en todo tiempo monitoreadas y supervisadas por la autoridad penitenciaria.

En el artículo 88 se establece que la dirección del establecimiento penitenciario, previo el informe favorable de consejo técnico disciplinario y del departamento de Seguridad, Inteligencia y Logística, puede autorizar salidas de personas internas en el establecimiento a su cargo.

Entretanto, el artículo 89 señala que las personas internas pueden gozar del beneficio de recibir visitas íntimas de su cónyuge o compañera de hogar en instalaciones o dependencias adecuadas para ello, la frecuencia del otorgamiento de este beneficio debe ser objeto de regulación por razones de salubridad y otras circunstancias calificadas en el reglamento; exceptuando de este beneficio a las personas privadas de libertad que son consideradas de alta agresividad o alta peligrosidad.

Por su lado, el artículo 91 se refiere a que el traslado individual o colectivo de personas internas de un establecimiento penitenciario a otro, o de un establecimiento penitenciario a sede judicial, sólo puede ser ordenado por el director nacional y por los subdirectores de los respectivos centros penitenciarios.Advierte que se debe procurar no exponer a la persona interna a la curiosidad pública.

El traslado está exento de publicidad y debe efectuarse en medios higiénicos y seguros de transporte. Se debe establecer en los reglamentos las precauciones que han de adoptarse para prevenir evasiones, las cuales en ninguna circunstancia deben causar molestias innecesarias o sufrimiento físico a la persona interna.

En el artículo 92, se establece que el traslado de personas internas que cumplan condena de un establecimiento penitenciario a otro, debe ser comunicado al Juez de Ejecución con al menos 24 horas de antelación; exceptuando los traslados de personas privadas de libertad calificadas de alta peligrosidad o agresividad por razones de seguridad, se comunicará al juez de ejecución al momento que se realice el traslado.

Este traslado también debe ser informado por la autoridad penitenciaria al apoderado legal del interno y al  representante de derechos humanos que esté a cargo en la Institución.

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