En mes del periodista: Piden derogar “ley mordaza”

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***México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo según el experto azteca, Ricardo Luévano.
Oscar Hernández
Tegucigalpa, Honduras
El gobierno debe derogar el artículo 335  en su sección “B” del Código Penal, pues en el fondo constituye una “ley mordaza” en perjuicio de la libertad de prensa, concluyeron periodistas nacionales y extranjeros que participaron en el Segundo Encuentro Nacional de la Red de Alertas a Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales”, auspiciado por la organización C-LIBRE.
El polémico artículo 335 “B”, en vigencia, sanciona la apología del delito y de acuerdo a los asistentes al foro eso atenta contra la libertad de expresión a pesar de ser “maquilado” por el Congreso Nacional.
Para el caso, el experto mexicano Ricardo Luévano, miembro de la entidad  Artículo 19, cuestionó las amenazas existentes en contra del libre pensamiento en muchos países.
“México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y Honduras, también tiene algunos problemas en ese sentido”, admitió.
Journalists and protesters march with their mouths taped shut that read in Spanish “If I speak I die” and hold signs that read “Freedom of expression!” as they protest violence against members of the media in the capital city of Tegucigalpa, Honduras, Friday, May 25, 2012. Journalists protested the murder of Honduran radio journalist Angel Alfredo Villatoro just last week and other recent attacks on the local media. According to the Committee to Protect Journalists, CPJ, Honduras is one of the most dangerous countries in the region for journalists. (AP Photo/Fernando Antonio)

Según el analista, el estado general  de la libertad de prensa en Honduras presenta algunos inconvenientes legales, pues por un lado se presiona en aras de la seguridad nacional con policías y militares en las calles y por el otro, no hay garantías para que el ciudadano pueda reclamar justicia cuando siente que le han violado los derechos humanos.

Encontró extraño que un ente como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no sea autónomo, pues depende directamente del Estado.
Eso demuestra que los organismos defensores de los derechos humanos y otras conquistas no son garantes para cumplir con  su cometido, agregó.
Por su parte, la subdirectora de C Libre, Amada Ponce,  demandó a la Corte Suprema de Justicia admitir el recurso  que se presentó en contra del artículo 335 “B”.
Ese amparo aún no ha sido admitido por la Sala, pero se espera que los magistrados cumplan con su deber, pues la  medida no solo afecta a los periodistas, sino que a toda la ciudadanía, agregó.
Deploró que en los últimos años unos 20 periodistas han sido querellados en los tribunales de justicia supuestamente por haber afectado con sus declaraciones el honor de otras personas.
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