La Justicia de Guatemala analizará si retira la inmunidad a Jimmy Morales

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***El inicio de este trámite para retirar la inmunidad a Jimmy Morales se ha conocido el mismo día en el que se han detenido y encarcelado de manera provisional a otras cinco personas por el incendio que causó la muerte a 41 menores y dejó heridas a otras 15, algunas de las cuales sufrieron amputaciones a consecuencia de las quemaduras.

Guatemala 

El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, podría ser investigado por la muerte de 41 niñas en el incendio del Hogar Seguro el pasado 8 de marzo en caso de que se le retire su inmunidad. El Ministerio Público (MP), ha dado el primer paso para ello al trasladar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la denuncia presentada el pasado 14 de marzo por dos diputados de Convergencia que consideran que el mandatario tuvo responsabilidad en la muerte de las 41 menores que estaban bajo el resguardo del Estado.

Así lo ha revelado la secretaria general del MP, Mayra Véliz, quien ha señalado que la Fiscalía ha realizado una investigación preliminar de la denuncia planteada por los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán, al tiempo que ha recabado información de los nombramientos que hizo el jefe del Ejecutivo de las tres personas que a día de hoy están encarceladas desde el pasado 14 de marzo por el citado incendio: ex secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas; la ex subsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social, Anahí Keller, y ex director del Hogar Seguro, Santos Torres. Precisamente, en la denuncia, los parlamentarios acusan a Morales de designar a personas para estos cargos sin que ninguno de ellos tuviera las capacidades para ostentarlos.

Una vez realizados estos trámites, el MP ha trasladado la solicitud de antejuicio contra Morales, lo que podría suponer su pérdida de inmunidad. No obstante, habrá que esperar varios meses para ello, dado que en primer lugar el Pleno de la CSJ deberá votar para decidir si la citada denuncia responde a un juicio político.

En caso de que considere que no es así, este organismo nombrará a un juez para que recopile las pruebas e investigue en un plazo máximo de 60 días si hay indicios para retirarle la inmunidad al mandatario. Solo en caso de que el Pleno de la CSJ aceptara dar trámite a esa investigación, ésta se trasladaría a una Comisión del Congreso formada por cinco diputados elegidos al azar que decidirán si aprueban o no el informe del magistrado.

Únicamente si se da el visto bueno, se votaría en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde serían necesarios 105 de los 158 votos para poder retirar la inmunidad al Presidente de Guatemala para que pueda ser juzgado.

Tras conocerse la decisión del MP, el portavoz del Gobierno de Guatemala, Heinz Hiemann, ha señalado que Morales aún no ha sido notificado de la denuncia en su contra, si bien ha recalcado que en su año y medio de gestión ha recibido “tres o cuatro procesos de antejuicio que finalmente no han procedido y, entonces, no podemos especular”.

Respecto a la acusación que han hecho los diputados de que el Presidente nombró a personas que no estaban preparadas para proteger a la niñez, Hiemann ha defendido que los contratos fueron “legales” al cumplir los requisitos establecidos en la Constitución. Además, ha añadido que los criterios de “idoneidad y honorabilidad” de los cargos nombrados por el jefe del Ejecutivo son “cosas subjetivas” que no están contempladas en la Ley.

El inicio de este trámite para retirar la inmunidad a Jimmy Morales se ha conocido el mismo día en el que se han detenido y encarcelado de manera provisional a otras cinco personas por el incendio que causó la muerte a 41 menores y dejó heridas a otras 15, algunas de las cuales sufrieron amputaciones a consecuencia de las quemaduras.

Actualmente, ya son ocho los encarcelados por este suceso, que ocurrió después de que se encerraran bajo llave a 56 chicas adolescentes en un aula como castigo por su intento de fuga el 7 de marzo para huir de las violaciones, los malos tratos y la comida con gusanos que recibían en este hogar estatal destinado, en teoría, a proteger a los menores en riesgo.

Concretamente, este lunes fueron arrestadas la defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro; el jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Augusto Flores; la jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas, Brenda Julissa Chaman; el subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC), Luis Armando Pérez Borja, y la subinspectora de la PNC, Lucina Eva Marina Marroquín.

El juez que instruye el caso, Carlos Guerra, les ha hecho saber el motivo de su detención y los ha enviado provisionalmente a la prisión militar de Mariscal Zavala a la espera de la audiencia de primera declaración que se

Tras los arrestos, la fiscal de delitos contra el Femicidio del MP Berónica de León ha desvelado la gran incógnita que había hasta ahora: quién tenía la llave del aula de la escuela en la que se encerraron bajo candado a las 56 menores. Así, ha revelado que la persona encargada de abrir y cerrar la puerta era la hoy detenida subinspectora de la PNC Eva Marina Marroquín Carrillo, quien “estaba en frente del salón de clase y pudo ver que las adolescentes se estaban quemando y no abrió la puerta”.

“Simplemente no quiso abrir la puerta”, lamentó, al tiempo que informó de que las niñas soportaron las llamas durante nueve minutos sin que nadie las liberara pese a sus gritos de auxilio.

De León ha relatado que el 7 de marzo, varios adolescentes, tanto chicas como chicos, se escaparon del Hogar Seguro debido a los “malos tratos” que recibían, si bien el ex director de este centro, Santos Torres, decidió llamar a la PNC para que los recapturaran, tal como hicieron empleando incluso gas pimienta y esposando a algunos de los menores. Posteriormente, los concentraron frente al portón de las instalaciones, donde permanecieron “a la intemperie, descalzos y mojados” desde las 16.00 hasta las 00.00 horas vigilados por los agentes policiales.

Durante ese tiempo en el que los menores estuvieron en unas condiciones “inhumanas”, las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, así como el procurador de la niñez de la PGN y el subcomisario de la PNC buscaron un lugar para encerrar a los adolescentes, de manera que a los chicos se les introdujo en el auditorio y a las 56 chicas en un aula del área de pedagogía. Al mismo tiempo, delegaron ilegalmente a la PNC el cuidado de las menores en el interior del Hogar Seguro, de forma que estas decisiones se recogieron en un acta firmada por todos ellos y suscrita también por la defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH, que rubricó como “intermediaria”.

Tras ofrecerles el desayuno, De León ha indicado que las menores pidieron ir al baño, si bien las agentes policiales que se encontraban en el exterior se negaron a ello, lo que provocó que tuvieran que hacer sus necesidades en una letrina improvisada con alguna de las 22 colchonetas que les dieron para dormir. “Cansadas de estar encerradas, las adolescentes decidieron apilar las colchonetas y, posteriormente, una de ellas decidió prenderles fuego con el afán de intentar llamar la atención de sus captores pensando que las iban a liberar, pero no fue así hasta 9 minutos después”, señaló la fiscal. Ello provocó que 19 niñas, de entre 13 y 17 años fallecieran en el lugar, mientras que otras 22 murieran en los hospitales. El Mundo.

 

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