Mejor prostituta que víctima de trata

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Laura Aguirre     

El 20 de junio fue el día mundial de los refugiados. Yo recordé a Coni, una hondureña de 22 años que conocí en Tapachula, Chiapas. Una casi refugiada. Trabajaba en uno de tantos bares en los que muchas migrantes centroamericanas ejercen la prostitución. Había llegado a Tapachula huyendo de San Pedro Sula, Honduras. La perseguía la pandilla que gobernaba su barrio por negarse a colaborar con ellos para pagar una deuda de 18 mil lempiras que había heredado después de que asesinaron a su hermana menor.

Como casi todas las centroamericanas que trabajan en el comercio sexual en Tapachula, Coni era indocumentada. Su sueño era ahorrar, llegar a Estados Unidos y mandar a traer a la hija de cinco años que había dejado en su país. Durante los meses que estuve en la frontera, Coni estuvo frente a la oportunidad de regularizar su situación migratoria. Su historia de persecución cumplía con todos los requisitos para pedir refugio. Al ser reconocida como refugiada podría quedarse y moverse legalmente en territorio mexicano, trabajar y establecerse. Lo mejor, lograría traer con ella a su hija. Pero al final nada de eso ocurrió.

Coni se negó a asistir a la entrevista con las autoridades mexicanas para hacer oficial la petición de refugio. Sus compañeras del bar la convencieron de no acudir. Le advirtieron que si asistía no podría trabajar más en el bar, no se lo permitirían. Todavía peor, le contaron que existían unas casas donde encerraban a las mujeres que hacían esa solicitud. Desde mi posición de privilegios (mujer clase media, estudiante de doctorado con visa) intenté convencerla de ir a la cita, de que eso era lo mejor para ella. Pero me callé cuando ella dijo: “Imagínese que ya no puedo trabajar ¿Y si no me dejan salir? ¿Cómo voy a mandarle dinero a mi hija y a mis hermanas?”. Luego me preguntó si era cierto que encerraban a las mujeres en esas casas.

Al principio no supe qué responderle, no sabía de qué lugares me estaba hablando. Pero no tardé mucho en comprender a lo que se refería. Coni tenía miedo que pensarán que por trabajar en el bar ella era víctima de trata, tenía miedo de que la llevaran a uno de los albergues para mujeres rescatadas, sitios con ubicación desconocida al público y del que efectivamente las albergadas no pueden salir y están permanentemente vigiladas. Todo en nombre de su propia protección.

En el 2009 la trata fue penalizada en Chiapas. Desde entonces ha logrado más sentencias condenatorias que cualquier otro estado de México, especialmente en casos de prostitución. Sin embargo, la mayoría de mujeres en el comercio sexual que conocí, esas que para el estado son las principales víctimas de la trata, huían del rescate y la protección que la ley les ofrecía. Como Coní preferían mantenerse lo más alejada posible de las autoridades ¿Por qué? Porque en la práctica la ley, esa que en los discursos aparece para salvaguardar los derechos humanos de estas mujeres, es en realidad un instrumento para la persecución del delito y no para la protección de derechos. Por eso las políticas y prácticas estatales contra la trata se enfocan principalmente en detectar a las supuestas víctimas, detenerlas y repatriarlas a sus países.

En la frontera sur de México la presencia de centroamericanas en el comercio sexual no puede negarse. Según la Encuesta sobre Migración y Salud Sexual y Reproductiva en la frontera México-Guatemala (2009-2010) representan el 68.5% de las trabajadoras sexuales. Esto no fue sorpresa para mí. Lo sabía a través de varios trabajos periodísticos y documentales que vi antes de llegar. Lo nuevo para mí, lo que ninguno de esos trabajos me había explicado, fue que en Chiapas el trabajo sexual no es clandestino sino que está regulado por el estado. Esto significa que el gobierno de cada municipio lleva un registro de “las prostitutas” y les da autorización, siempre que tengan al menos 18 años, para trabajar en lugares legales catalogados como “giros rojos”. Ellas tienen la obligación de hacerse y pagar chequeos médicos regulares y llevar consigo una tarjeta de identificación emitida por la oficina de salud pública.

Lo anterior no significa que las mujeres tengan reconocidos sus derechos de trabajadora. Pueden trabajar, pero están sujetas a cualquier práctica de control de las autoridades. A lo que más temen es a las redadas sorpresas que hacen en los “giros rojos” para, supuestamente, detectar infraganti la trata de mujeres y niñas. Si alguna mujer por mala suerte olvidó su tarjeta de identificación es detenida y multada e incluso puede ser repatriada. Pero también depende del humor del agente que la aprese, sin importar si la mujer tiene su identificación o no, la pueden detener por considerarla de todas formas una víctima y a al final ser repatriada. Eso significa “liberarlas”.

Desde el punto de vista de las autoridades, al sacar a las mujeres de la prostitución y meterlas en albergues su deber está cumplido. Pero desde la perspectiva de las mujeres la realidad es otra. De las trabajadoras sexuales que conocí ninguna quería estar en la prostitución toda su vida. Para ellas era una actividad temporal, pero la mejor entre las que tenían acceso para alcanzar lo que consideraban una mejor vida. Por eso preferían huir y esconderse de las autoridades, aún y cuando las condiciones en las que trabajan son precarias y peligrosas.

“Ser rescatadas” les suponía muchas desventajas y pocos o ninguna beneficio: primero que todo quedarse sin trabajo y sin dinero para mantener a sus familias, pero también verse privadas de libertad, obligadas a pagar multas y muchas veces forzadas a volver a sus países de origen. Reconocerse como víctimas tampoco les garantizaba la protección de derechos de estadía, de trabajo y de movilidad. En nombre de su propio bien, la mayoría de rescatadas terminaba repatriada.

Lo que esto demuestra es la brecha que existe entre el discurso oficial y la realidad de las migrantes trabajadoras sexuales. Todos estamos en contra de la trata, pero una ley aunque parezca muy buena, no significa que será beneficiosa para los que intenta amparar. Y tal y como funciona ahora, definitivamente no lo es.

La lucha contra la trata se ha revestido de una retórica de protección a los derechos humanos de las víctimas. Se ha posicionado en los medios como la causa a la que casi ningún “bueno del mundo” se puede resistir. Pero en la práctica, no significa protección, sino casi siempre persecución. Y si nos atrevemos a ver con ojo más crítico, esa persecución se ha convertido en una política transnacional antimigratoria que justifica la violencia de los estados, especialmente en contra de mujeres y adolescentes migrantes. Lo más perverso de todo es que se ha terminado por aceptar esa violencia como necesaria. Todo sea por rescatar a las mujeres de la prostitución.

Casi un año después de la última vez que nos vimos, Coni me contactó por Facebook. Me contó por chat que estaba en alguna parte soleada de Estados Unidos. Con lo que ahorró consiguió llegar a la frontera norte de México. Ahí se hizo novia de un coyote con el que cruzó y que la llevó hasta la casa de sus parientes. Ese mismo novio le trajo más tarde a su hija y sobrino. Ahora están en trámite de regularización, sus niños van a la escuela y ella trabaja en un restaurante. Coni daba gracias a Dios.

Desde su perspectiva había tomado la decisión correcta al rechazar hacer la solicitud de refugio. Para ella fue mejor seguir en el trabajo sexual antes que arriesgarse a ser considerada víctima de trata. Esto la obligó a seguir indocumentada y a usar medios ilegales y arriesgados, pero que desde su perspectiva resultaron más seguros para lograr su sueño de vivir tranquila y sin miedo. En su lugar, muy probablemente yo habría hecho lo mismo.

 

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