Candidato Presidencial Luis Zelaya “la esperanza” de los hondureños

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**** El plan de gobierno del presidencialista liberal tendrá cuatro pilares básicos fundamentados en la Reconstrucción del Estado de Derecho y la Institucionalidad,  la Seguridad Humana, la Reactivación Económica para la Generación de Empleo, Educación, Salud y Protección Social, fortalecido como un Gobierno Eficiente y Tecnológico.

Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial por el Partido Liberal Luis Zelaya, presentó su propuesta de gobierno, con el objetivo de recuperar la esperanza del pueblo, prometiendo devolver a los hondureños la ruta del desarrollo enmarcado en el “Plan Esperanza: Oportunidades para todos, Privilegios para aadie”.

Zelaya realizo su propuesta en hotel capitalino, acompañado de su esposa y ante más de un millar de dirigentes y simpatizantes del Partido Liberal de todo el país, quienes por varias veces ovacionaron al líder que con tono firme detalló su plan de gobierno e indicando los errores administrativos del actual gobierno que sólo es una fachada mediática y que mantiene secuestrados los valores de los empresarios y otros sectores.

El candidato presidencial liberal resumió su presentación bajo esta linea de comunicación, al indicar que “el desarrollo de Honduras se ha visto mermado a causa de tres factores fundamentales: Debilidad Institucional, Modelo Educativo Fallido y Modelo Económico Extractivo.

“Para lograr un modelo de desarrollo inclusivo, con oportunidades para todos y sin privilegios para
nadie, que convierta a Honduras en un país socialmente solidario, seguro y próspero, donde
el ser humano sea el centro de la acción del Estado, proponemos un Plan de Gobierno,
basado en el liberalismo social, sustentado en cinco pilares o ejes temáticos.

1.- Reconstrucción del Estado de Derecho y la Institucionalidad
2.- Seguridad Humana
3.- Reactivación Económica para la Generación de Empleo
4.- Educación, Salud y Protección Social
5.- Gobierno Eficiente y Tecnológico

Asimismo indicó que la prosperidad es producto de un modelo de desarrollo inclusivo que busca el bienestar de las mayorías, combatiendo la pobreza y desigualdad como los principales problemas del país.

Por eso nuestros indicadores claves sobre los cuales nos mediremos serán los índices
de desarrollo y progreso social y el índice de competitividad, para obligarnos a crear un
sistema de gestión basado en resultados, con un gobierno facilitador del desarrollo.

1. Reconstrucción del Estado de Derecho y la Institucionalidad
Una de las principales causas del deterioro de nuestro país es el incumplimiento o la
distorsión de la ley, lo que genera un clima propicio para abusos, corrupción y desigualdad.
Nuestra invitación al pueblo hondureño es para que conjuntamente establezcamos
instituciones estables, fuertes y apolíticas, lo que favorecerá un fortalecimiento de nuestra
democracia. Ésta tiene como pilar fundamental la independencia de poderes, hoy
atropellada por una concentración en el Poder Ejecutivo, que ha menoscabado el necesario
sistema de pesos y contrapesos.

Es indispensable entonces fortalecer la institucionalidad del país, partiendo del principio
fundamental que la Ley es la Ley y que nadie está por encima de ella. Debe prevalecer
principalmente el respeto a la supremacía de la Constitución, que es la ley de leyes y a la
que todos, sin excepción, debemos respeto. Nuestro país tiene establecidos los procesos
para eventualmente modificarla, por lo que no debe hacerse violentándolos. Es decir,
debemos hacer prevalecer el principio de legalidad, que ha sido pisoteado por el actual y
recientes gobiernos.

Las decisiones de gobierno que impacten en la organización política de la República, deben
ser legitimadas por la aprobación de la voluntad general, por lo que deberán practicarse
consultas ciudadanas mediante los mecanismos de plesbicito y referéndum, y así fortalecer
la democracia participativa.

Sin privilegios para nadie es un principio e ideario establecido dentro del liberalismo social,
que cree firmemente en las libertades del individuo, principalmente en las de expresión, de
movilización, de empresa y de credo. Bajo esa premisa innegociable deviene entonces la
imperiosa necesidad de devolver la credibilidad y confianza de la sociedad en sus
instituciones claves y emblemáticas para una institucionalidad sólida, estas son -entre otrasla
Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General (Ministerio Público), el Tribunal Superior de
Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas, el Instituto de
Acceso a la Información Pública, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la
Procuraduría General de la República.

La despolitización de las instituciones del Estado es entonces impostergable, lo que implica blindar el proceso de selección de los funcionarios que las dirigen y su debido seguimiento para el cumplimiento irrestricto de la Ley.

Dentro del sector justicia y para reforzar el cumplimiento de la ley de los operadores del
sistema, es necesario la creación de un organismo independiente de investigación de la
conducta de los operadores de justicia, para que de forma autónoma se instruyan las
investigaciones respecto a hechos con apariencia ilícita en los que incurran. Junto con ello
habrá que instaurar un régimen genuino de carrera en los operadores de justicia, para
contar con las mejores personas en estas funciones, sometidos únicamente a la ley, y en el
que se garantice la selección por idoneidad; para ello también habrá que impulsar la
emisión de la Ley del Consejo de la Judicatura.

Dentro del Ministerio Público, deberá promoverse la restauración del funcionamiento del Consejo Ciudadano del Ministerio Público, para garantizar la participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de las políticas y actuaciones de ese órgano clave del Estado de Derecho.

Se debe fortalecer la supremacía de la Constitucion. Para ello será necesario la creación del
Tribunal Constitucional, que garantice la protección del orden constitucional, además de
que promueva la regulación para facilitar la deducción de responsabilidades a los
violadores del marco constitucional, fortaleciendo, a la vez a la Fiscalía Especial de Defensa
de la Constitución.

A la vez, deberá promoverse la independencia de los Poderes del Estado. En ese contexto
deben revisarse las leyes que conceden facultades al Presidente de la República, y que
constitucionalmente son propias de otros poderes del Estado. Asimismo, deberá hacerse
una revisión del marco legal actual para fortalecer la independencia del Poder Judicial y del
Ministerio Público, como por ejemplo la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad,
y así sustraer de ese órgano a instituciones independientes del Poder Ejecutivo, que
condicionan sus ejecutorias a las decisiones del Consejo.

Debemos rescatar la seguridad jurídica como principio del derecho, que genera la aplicación
igualitaria de la ley; por lo que nuestro gobierno fortalecerá la profesionalización de los
servicios de investigación criminal, los que deberán alcanzar certificación internacional. Con
el mismo fin crearemos el Instituto de Ciencias Forenses y suscribiremos convenios de
cooperación internacional para el fortalecimiento de capacidades de los servicios de
investigación.

Una institucionalidad sólida debe entenderse como un combate frontal a la corrupción e
impunidad, cuyo flagelo es una carga muy pesada que impide un desarrollo que beneficie a
las mayorías. Nuestra propuesta incluye la certificación del servidor público y su
profesionalización por medio de una revisión al régimen del servicio civil, que le permita
acceder y ascender en el puesto por competencias y sobre bases éticas, y no por filiación
política o personalismos. Incluye también la derogación de la Ley de Secretos y la revisión
inmediata de los fondos de la tasa de seguridad; así como brindar un apoyo firme a la
MACCIH y otros organismos que investigan y combaten la corrupción, y propiciaremos la
medición de los resultados de cada uno de ellos.

Generaremos iniciativas legales para que se declaren imprescriptibles los delitos de
corrupción y para que en todos los contratos a ser suscritos por la adminstración pública se
incluya una cláusula anti-corrupción que mande la rescisión de los contratos en los que se
constate prácticas corruptas por el contratista. Propiciaremos el fortalecimiento de la
Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la promoción de la
regulación legal para aplicar medidas cautelares patrimoniales para los delitos contra la
administración pública, una reforma legal para que todos los actos de la Comisión para la
Promoción de las Alianzas Público-Privadas sean públicos, la prohibición en los procesos de
contratación bajo este esquema de las claúsulas que establezcan contigencias en perjuicio
del Estado, cuando no se reúnan las cuotas o expectativas de flujo en las obras contratadas,
como en la actualidad existe respecto al peaje y en los proyectos aeroportuarios, y la
formulación de una política de información y rendición de cuentas para los actos del
gobierno.

2. Seguridad Humana
En el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2016, un total de 27,714 niños y jóvenes
han sido víctimas de homicidio. También se detectó el desplazamiento forzado entre 2004
y 2014 de un total de 174,000 personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares.
En el delito de violencia contra la mujer, entre 2006 y 2016 se registró un total de 97,055
casos distribuidos en seis manifestaciones de violencia que afecta a víctimas del sexo
femenino (homicidios/femicidios, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia
doméstica, suicidio y lesiones interpersonales). Respecto a la impunidad, un 96% de los
delitos cometidos quedan impunes (únicamente el 20% de los delitos son judicializados y
de éstos apenas el 4% han concluido en condena).
La seguridad humana hace énfasis en el individuo, la seguridad inclusiva y el respeto a los
derechos humanos (DDHH), mediante una estrategia integral de inclusión, en tal forma de
garantizar que la seguridad llegue a todos los sectores de la población. El objetivo es atacar
las causas al igual que las consecuencias del delito y la criminalidad, mediante el fomento
de una policía capacitada, profesional, técnica y moderna, cuya gestión se medirá por
resultados, el apego a los DDHH y estará sujeta a la rendición de cuentas. Los elementos de
este Plan serán la prevención, el control, la disuasión y la rehabilitación e inserción.
Prevención: Seguridad Casa por Casa, Comunidad por Comunidad, C4 será la estrategia de
seguridad. Se formará una Unidad Especial de Rescate Comunitario para la recuperación,
control y transición comunitaria. Una vez que el sector sea rescatado, se aplicará
inmediatamente el Programa de Integración Comunitaria, con servicios públicos como
educación formal y no formal, salud, agua potable, iluminación, pavimentación de las calles
para que se habilite un sistema de transporte público, organización comunitaria, deportes
y áreas recreativas. Se promoverán los Centros de Excelencia para jóvenes y el servicio
comunitario para el desarrollo humano. Nuestro Plan además propone la implementación
de un Programa de Seguridad Humana para la Mujer (PSHM) enfocado en la prevención de
todos los factores de riesgo y vulnerabilidades que precipitan la violencia y la criminalidad
que afectan específicamente a niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Control: Se diseñarán e implementarán Círculos Concéntricos de Seguridad con el uso
integrado de todos los medios disponibles del Estado, desde la periferia del territorio
nacional, hasta el interior, a nivel urbano y comunidad. Se incrementará el número de
policías. Se procederá a la certificación de la Fuerza Policial como la estructura fundamental
y primaria para el control de la delincuencia, con énfasis en el fortalecimiento de policías
que sean parte de la comunidad misma y en la policía de investigación y policía municipal.
También se fomentará y fortalecerá la dignificación de la carrera policial con beneficios
tanto para los miembros de la Policía Nacional como de sus familiares inmediatos;
estableceremos incentivos y beneficios de tal forma que la moral en sus miembros se
mantenga, y su sentido de pertenencia y la continuidad laboral se consoliden.

Las Fuerzas Armadas (FFAA) constituirán una Estrategia de Escudo de Protección de la
Soberanía Nacional. Sus tareas primordiales serán la soberanía de las fronteras terrestres,
marítimas y aéreas, el control del terrorismo, del narcotráfico y del crimen organizado, la
defensa y seguridad nacional, la ejecución de las órdenes de extradición y la inteligencia
interior del Estado. También apoyarán la protección de los recursos naturales y adaptación
al cambio climático. Se promoverá e impulsará una nueva Ley de Tenencia y Portación de
Armas.

Disuasión: El disuasivo más importante es terminar con la impunidad. Entre otras
actividades se certificará al Ministerio Público (MP), se creará el Instituto de Ciencias
Forenses, independiente del MP, se fortalecerá la policía de investigación certificada y se
hará una modernización tecnológica de la Operación Policial, mediante el fomento de
unidades especializadas.

Rehabilitación e Inserción: Se abordarán mediante el fortalecimiento de instituciones
penitenciarias certificadas de mínima, media y máxima seguridad, con énfasis en la
tecnificación del sistema e incorporación de aduanas. Se promoverán programas
educativos, granjas penitenciarias de producción y talleres de manufactura para privados
de libertad por delitos menores. Se consolidará el Sistema de Justicia para Menores
Infractores y se creará el Programa de Internamiento Diferenciado para Menores
Infractores. Se establecerá el Programa de Acompañamiento para la Inserción a la
comunidad de aquellos privados de libertad y menores infractores que hayan cumplido con
sus respectivas condenas.

3. Reactivación Económica para la Generación de Empleo
Un modelo de desarrollo inclusivo implica que la riqueza debe generarse desde todos los
sectores y con amplitud para aquellos que bajo su propio esfuerzo, méritos y trabajo arduo
puedan abrirse paso en un mundo competitivo, pero con reglas claras e igualitarias para
todos (sin privilegios para nadie). Cada región se debe empoderar de su propio desarrollo
con el apoyo del Estado. Oportunidades para todos se refiere a que los mismos dejen de
estar en todo y en todas partes bajo condiciones favorables, dejando por fuera a quienes
suponen una potencial competencia.

Por ello es necesario que se realicen inversiones en Infraestructura Física, Logística,
Productiva y Comercial, que permitan a todos ser competitivos en términos de calidad,
oportunidad y menores costos, a través de una red vial apropiada, y una red de energía
eléctrica disponible en todo el país a un precio justo y razonable.

Honduras es un país históricamente agrícola y forestal; sin embargo, ambos sectores han
carecido de políticas públicas y visión de desarrollo a mediano y largo plazo. Para revertir
esta situación, se ejecutará un programa de Reactivación Agropecuaria para impulsar la
producción agroalimentaria con un abordaje integral y no aislado; junto con todos los
productores, procesadores y comercializadores del sector, reorientando la institucionalidad
del agro, para atraer y retener inversión que permita producir más con menos y lograr que
el Sector Agroalimentario se consolide como el mayor generador de empleo masivo,
inclusivo y permanente.

Se crearán parques agroindustriales con alta tecnología y apuntando a mercados internacionales, que darán apoyo a los productores locales para incrementar su producción y productividad, y que procesarán sus productos, agregándole valor para hacerlos competitivos internacionalmente. Lo que en los años 90’s representó la explosión de la industria de la maquila en Honduras, será lo que representará la explosión de los parques agroindustriales a nivel nacional, utilizando materia prima local, a la que se le agregará valor.

Asimismo, otra fuente de empleo y polo de desarrollo es la industria de servicios
compartidos, así como la manufactura y el turismo. Para ello se creará un programa que
tendrá como objetivo estimular la inversión local y extranjera mediante acciones que
promuevan nuevas inversiones o la ampliación de las existentes, que generen la
contratación de empleos permanentes. Honduras tiene una población joven en razón del
bono demográfico, el cual debemos aprovechar, preparando a nuestros jóvenes en carreras
técnicas vocacionales de alta empleabilidad, sobre las cuales hay una demanda mundial y
escasez de oferta, para generar una oportunidad de corto plazo.

Para promover el empleo es necesaria la inversión y para la inversión se requieren recursos,
por lo que se ejecutará una Reforma a la Banca de Desarrollo para Democratizar el
Financiamiento, de forma que la banca de desarrollo nacional promueva proyectos de
inversión viables y rentables en los sectores productivos generadores de empleo y calidad
de vida, con apoyo financiero y técnico. Asimismo, se derogará del Artículo 9 de la Ley de
Ordenamiento a las Finanzas Públicas que impone el cobro de un 1.5% sobre los ingresos
iguales o superiores a diez millones de Lempiras, de manera que estos recursos se
mantengan en la economía para ser invertidos en la creación de puestos de trabajo y
haciendo más competitivas a las empresas.

Por otro lado, se creará el Fondo para la Comunidad Segura con Calidad de Vida y
Sostenibilidad para dotar de los recursos necesarios para la ejecución de obras sostenibles
en comunidades que se hayan recuperado de las maras o pandillas y que a la vez generen
empleo en esas mismas comunidades durante la ejecución de esas obras.

Asimismo, se creará el Programa de Asistencia y Promoción a la Economía Social y
Solidaria (ASISTE) para la promoción y asistencia técnica y financiera de aquellas empresas
creadas y gestionadas por trabajadores y cooperativas, así como por mujeres y jóvenes
emprendedores.
4. Educación, Salud y Protección Social
4.1 Educación
El modelo educativo de Honduras es un modelo fallido en términos de cobertura, calidad,
eficiencia y eficacia. Incuestionables cifras estadísticas comprueban que el sistema
educativo hondureño no ha cumplido las metas requeridas para que el país transite por una
ruta de desarrollo basado en conocimiento.

Bajo el modelo actual, el país lejos de acercar a su niñez y juventud a competir en la
economía del conocimiento se aleja cada día más, y deja sin oportunidad a nuestra juventud
de un futuro digno producto de su propio esfuerzo.

Nuestra propuesta educativa tiene cinco pilares fundamentales: 1) Educación en Valores;
dado que la educación es más formativa que instructiva, es elemental fomentar los valores
desde la niñez y juventud para que hagan la combinación perfecta de aptitud y actitud.

Fortaleceremos los valores éticos, cívicos y morales en todos los diseños curriculares. 2)
Educación Bilingüe; pues en un mundo globalizado y bajo una economía del conocimiento,
el dominio del idioma inglés es indispensable como herramienta de comunicación global.
Implementaremos un plan a corto, mediano y largo plazo para convertir a Honduras en un
país bilingüe. 3) Reducción de Brecha Digital; en tanto el mundo competitivo de hoy
requiere que los jóvenes tengan competencias tecnológicas; se hace necesario reducir la
brecha digital entre jóvenes que estudian dentro del sistema educativo público y privado,
en los diferentes niveles de enseñanza. 4) Educación para el Trabajo; ya que hay una clara
desarticulación entre la oferta educativa y la demanda laboral, no solo local y regional sino
que también mundial, una educación pertinente, en función de las necesidades de la
economía y los polos de desarrollo que el país puede y debe explotar, es fundamental para
generar empleabilidad. Desarrollaremos la educación técnica vocacional universitaria y no
universitaria.

Con esa visión transformaremos el INFOP en una institución de educación
técnica vocacional de primer nivel que sea la respuesta a los jóvenes que hoy se sienten
frustrados en virtud de la falta de empleo y oportunidades. 5) Fomento de una Cultura del
Emprendimiento; para que el ciudadano del hoy y del mañana aplique esta cultura en su
vida diaria, asumiendo riesgos que le permitan aprovechar oportunidades para lograr un
mejor bienestar social. Incluiremos la enseñanza del emprendimiento desde el nivel de
educación pre-escolar a educación media, y articularemos programas de acceso al crédito
para jóvenes emprendedores.

La educación en sí misma es la mejor forma de prevención ante la criminalidad que vive el
país como resultado de la falta de oportunidades y el desempleo imperante, a niveles
históricos. En ello la articulación con la familia es fundamental, pues ella sigue siendo el
pilar fundamental de la sociedad. Los jóvenes deberán estar bajo un sistema educativo
articulado que establezca jornadas dobles, una de ellas dentro del sistema escolar ya
definido y la otra por medio de actividades co-curriculares en Centros de Excelencia
Artística, Deportiva, Académica y de Liderazgo, que estableceremos a nivel nacional,
partiendo de la premisa que todo joven tiene un talento y debe potenciarse al máximo.
4.2 Salud.

Es un hecho que el Sistema de Salud hondureño se caracteriza por un débil ejercicio del rol
rector, falta de gobernanza sobre la red de prestadores de servicios de salud, ya sean
públicos o privados, y una deficitaria cobertura de servicios, que según la última Encuesta
Nacional de Demografía y Salud del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) rondaba el 60%,
pero que los últimos datos estadísticos de la propia Secretaría de Salud, la ubican con una
tendencia al descenso (51%).

También se caracteriza por una serie de estrategias para ampliar el acceso y diversas iniciativas o modelos de gestión, mal implementados, que tienden a la privatización de los servicios de salud, en vez de una real desconcentración y descentralización de los mismos, lo que aunado a los procesos poco transparentes de adquisición, compra y contratación en sus entidades emblemáticas, han colocado al sistema de salud, al borde del colapso.

Bajo la premisa de un modelo de desarrollo inclusivo, transformaremos el actual gasto en
salud en una adecuada inversión, que permita a ese sistema dar un salto cualitativo para
reducir la brecha que nos impide ser capaces de dar respuesta a la demanda de servicios de
salud de la población hondureña de cara al siglo XXI. Proponemos tres (3) líneas estratégicas
con características de transversalidad y seis (6) ejes de acción, para el sistema.

Las líneas estratégicas son: 1) Cobertura universal: Es fundamental asegurar que todas las
personas reciban los servicios de salud que necesitan, sin tener que pasar penurias
financieras para pagarlos. La cobertura universal es un componente fundamental del
desarrollo sostenible y para la reducción de la pobreza, y un elemento clave de todo
esfuerzo para reducir las desigualdades sociales. 2) Atención primaria en salud: Es la
asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente
fundamentadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y
familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y
el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu
de autorresponsabilidad y autodeterminación. La atención primaria forma parte integral del
sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal. 3)
Descentralización de los servicios de salud: Es una estrategia de mejora de la calidad, la
equidad y la eficiencia del sistema de salud, así como del incremento de la satisfacción de
los usuarios y facilitador de la participación de las comunidades en la toma de decisiones
relacionadas con la salud, y en consecuencia en la esencia de la democracia.

Los seis ejes de acción son: 1) Fortalecimiento de la red hospitalaria nacional, mediante la
asignación a los hospitales regionales, de recurso humano adecuado para atender las
demandas de la población, mejora de su infraestructura y un adecuado equipamiento, que
permitan mejorar su capacidad de respuesta para descongestionar los hospitales
nacionales. 2) Mejora de la calidad y eficiencia en el abastecimiento de medicamentos
esenciales, que respondan a los estándares de calidad internacional certificados por
instancias como OMS/OPS. 3) Gestión tecnológica innovadora, que permita la creación de
una plataforma informática para la implementación del expediente único digital,
mejorando el sistema de información en salud. 4) Optimización del recurso humano,
conforme a ley, en términos de asignación y distribución de los diferentes trabajadores de
la salud, que figuran bajo el régimen de servicio civil, a fin de lograr una mayor equidad del
personal de salud que presta los servicios a la población. 5) Fomento de salud preventiva,
bajo un modelo de atención primaria en salud universal, integrador e inclusivo, enraizado
desde las comunidades, que permita cambiar el modelo asistencialista vigente y que bajo
iniciativas sectoriales que se interrelacionan en beneficio de las necesidades más sentidas
por la población (acciones de promoción y prevención en salud), y que atienda el cambio
demográfico que en términos de enfermedades crónicas y degenerativas el país posee,
como la hipertensión arterial, diabetes o cáncer entre otras. 6) Fortalecimiento
Institucional, para recuperar el rol rector y la gobernanza intersectorial en materia de salud,
para lo que revisaremos las leyes y reglamentos a fin de delimitar y definir el marco jurídico.

4.3 Protección Social.

Oportunidades para todos implica hacer valer la esencia del liberalismo social que
establece que la persona humana es el eje central de toda iniciativa en beneficio de las
mayorías. En ese sentido, invertir en la gente para que ésta sea dueña de su propio destino
es liberalismo social.

El Estado debe ofrecer a sus ciudadanos una red de protección social para garantizar la
vigencia de los derechos humanos, reducir la vulnerabilidad y mejorar su calidad de vida,
especialmente de las mujeres, niñez, adulto mayor y personas con discapacidad, para que
tengan una vida digna y estén en capacidad de asumir su propio desarrollo. Es necesario
construir un sistema integrado de protección social con servicios básicos adicionales a
educación y salud, como nutrición, agua y saneamiento, vivienda, acceso a empleo, auxilios
por desempleo, invalidez, vejez y muerte, acceso a programas de jubilación y acceso al
crédito, asi como subsidios y ayudas a personas en condiciones de pobreza y extrema
pobreza.

Una Honduras socialmente solidaria, segura y próspera es nuestra brújula, por lo que
cambiaremos el modelo asistencialista impuesto bajo una visión sectaria proselitista.
Revisaremos el marco jurídico de la protección social y formularemos políticas públicas para
la familia, la madre soltera que es padre y madre al mismo tiempo, el adulto mayor, la niñez
abandonada, y las personas con discapacidades.

4.3.1 Adulto Mayor: Formularemos la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que
permita asegurar un envejecimiento activo con espacios y entornos saludables. Lo haremos
especialmente para esa Honduras olvidada, que espera nuestra solidaridad y compromiso,
y crearemos los Centros de Atención Integral al Adulto Mayor.

4.3.2 Mujer: La erradicación de la pobreza es una ambiciosa tarea, que exige aprovechar
todoslos recursos a nuestro alcance; uno de nuestros más valiosos recursos son las mujeres
vistas como agentes transformadoras y promotoras de cambios positivos. En nuestro
gobierno, será prioridad potenciar las capacidades de las mujeres y las niñas; nuestra tarea
será la de agilizar los mecanismos para eliminar las discriminaciones legales, políticas,
laborales y económicas de las mujeres, así como, entendiendo la realidad de las mujeres
del mundo rural, abogar por el acceso a la tierra y recursos, por medio de la promoción del
empoderamiento y emprendimiento; esto es, aprovechar todo el potencial económico de
las mujeres. Si queremos cambiar los parámetros de desigualdad debemos tener en cuenta
a las mujeres.

Entender la necesidad de garantizar la seguridad física y sicológica de las mujeres y las niñas
es un deber. El sector justicia debe trabajar para aumentar la seguridad de las víctimas de
agresiones en todas las etapas, mediante desarrollo de protocolos de seguridad y
disponibilidad de espacios seguros que brinden apoyo y asistencia (Centros de Atención a
Víctimas de la Violencia).

Todo lo anterior, pone en alto relieve, la necesidad de fortalecer el Instituto Nacional de la
Mujer, de manera que las mujeres tengan espacios beligerantes en la toma de decisiones y
sobre todo, que se articulen estrategias y políticas preventivas, que ponderen la necesidad
del respeto y el reconocimiento de las mujeres, y su indelegable rol en la sociedad.

4.3.3 Personas con Discapacidad: Colocar en el plano de la conciencia nacional el tema de
los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y hacer visible la necesidad de
transformar y evolucionar hacia una sociedad accesible e incluyente de las diversas formas
de expresión de la discapacidad, es un compromiso moral y jurídico, que debe ser entendido
como una obligación colectiva en la que nuestro Gobierno pondrá énfasis especial. Es por
ello importante introducir una cultura de sensibilidad, convivencia y verdadera inclusión
educativa y laboral, que preserve y exalte la dignidad de las personas con discapacidad.
Aspiramos como Gobierno y Sociedad a ponernos en su lugar para juntos avanzar hacia una
Honduras de equidad capaz de levantar las barreras de la indiferencia y exclusión.

4.3.4 Previsión Social: La iniciativa de la Ley Marco es preferencial, sigue sin atender a la
mayoría de la población y no soluciona el problema de fondo. Para lograr un sistema
previsional que cubra a la mayoría de la población actualmente desprovista, o mejorar a
quienes sí cuentan con un sistema proponemos: 1) Formular políticas de previsión social
desde el Consejo Económico Social (CES), incluyendo Sistemas de Jubilación, generadas en
forma tripartita para establecer un modelo universal, incluyente y financieramente
sostenible. 2) Revisar el modelo de supervisión de los institutos públicos y privados,
reforzando las políticas pertinentes en la Comisión Nacional de Banca y Seguros. 3) Definir
políticas claras de la inversión de los recursos de los institutos públicos y privados de
jubilación, que generen menos riesgos y garantías, pero que aporten al desarrollo de
proyectos de interés nacional. 4) Revisar en materia fiscal los incentivos a los aportes a
jubilación obligatorios y voluntarios, generando beneficios por ahorro.

4.3.5 Vivienda: Para revertir la falta o condiciones deficitarias de vivienda, que enfrenta
no sólo la población en condiciones de pobreza sino también amplios sectores de las capas
medias, formularemos y ejecutaremos la Politica Nacional de Vivienda y la Regulacion del
Bono de Vivienda, para eliminar los obstáculos burocráticos existentes y agilizar la ejecución
de proyectos habitacionales masivos.

Con esta Política facilitaremos el desarrollo de al menos 400 mil soluciones habitacionales
durante el próximo periodo de gobierno, que se distribuirán en los 18 departamentos del
país. Priorizaremos 350 mil soluciones habitacionales gratuitas para las familias que viven
en condiciones de extrema pobreza, especialmente familias de madres solteras, y 50 mil
viviendas para otras familias que puedan adquirir su casa por medio del sistema de aportebono-crédito.

(ABC). Incrementaremos el techo de los ingresos de hogares a 30 mil lempiras
mensuales para que parejas y profesionales jóvenes puedan recibir un bono de vivienda,
con el objetivo de que las personas de clase media adquieran su propia vivienda.
4.3.6 Agua: El agua es un recurso vital, sin agua no hay vida ni desarrollo y Honduras es
un país con abundancia de agua y precipitación pluvial; sin embargo, gran parte de este
recurso se desperdicia. Un alto porcentaje de la población carece de abastecimiento de
agua potable y saneamiento. El agua es necesaria para la agricultura, para asegurar la
producción de alimentos y es un recurso que puede ser aprovechado para la generación de
energía.

El 90% del abastecimiento de agua potable es intermitente, solo el 44% dispone de cloración
efectiva y solo el 37% de las comunidades urbanas cuentan con acceso al servicio de
alcantarillado sanitario y de este solo el 10% de las aguas residuales son tratadas. También
es importante mencionar que hay una institucionalidad amplia con una deficiente
coordinación entre ellas, con la consecuente disgregación de presupuesto y duplicidad de
funciones.

Por lo tanto, se hace necesario la creación de la Secretaría del Agua, para que todo el país
tenga el vital líquido en cantidad y calidad, y también se aprovechen sosteniblemente y se
protejan los recursos naturales. Esta Secretaría tendrá como responsabilidad el manejo de
los recursos hídricos, para mejorar el acceso al agua potable y saneamiento, para impulsar
el desarrollo de sistemas de riego a nivel nacional que contribuyan a la seguridad
alimentaria e incrementen la productividad agrícola, para el control de inundaciones, así
como para la gestión de ecosistemas, con enfoque de manejo de cuencas. Para ello es
importante empoderar a los municipios para que gestionen la operatividad de los proyectos
de agua.

Asimismo, se construirá el Centro de Investigación y Educación en Ciencias Marinas y
Recursos Costeros, que será un centro de referencia mundial e incluirá un acuario, en
apoyo al desarrollo de prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus
efectos. Con los resultados de este Centro de Investigación se protegerá uno de los
ecosistemas del mundo con más alta biodiversidad que sirve de protección natural contra
oleajes y que genera beneficios económicos por sus recursos marinos, además de que atrae
el turismo y genera empleo.

5. Gobierno Tecnológico y Eficiente
Es necesario modernizar la administración gubernamental del país. No puede continuar
funcionando en el siglo XXI con mecanismos del pasado, además que ese retraso facilita no
sólo la inoperancia sino que también la falta de control y, con ello, la corrupción e
impunidad. Asimismo, este retraso favorece la desigualdad imperante en nuestra sociedad,
lo que requiere de una política fiscal que no sólo contribuya a disminuirla sino que además
dinamice la economía en beneficio de toda la población.

Por eso nuestro planteamiento comprende propuestas tanto en los aspectos de
modernización tecnológica de los entes gubernamentales y descentralizados del Estado,
como también en lo correspondiente a la política fiscal del país.

En lo concerniente a la modernización tecnológica proponemos desarrollar las siguientes
iniciativas por medio de la articulación de los recursos humanos y tecnológicos nacionales
con la cooperación internacional:
Revisión y definición de la estructura funcional y marco legal para la implementación del
Gobierno Electrónico, que permita una gestión gubernamental transparente, simplificada
y competitiva, con rendición de cuentas.

Transformación del Registro Nacional de las Personas (RNP) e implementación de una
Tarjeta de Identificación de Ciudadanos sin intervención política, con tecnología segura y
de punta, permitiendo que sea la base de la seguridad nacional sobre la cual todos los
demás sistemas del Estado se integrarán y articularán.

Transformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para desarrollar sistemas y
tecnologías limpias e independientes que no dependan de la contratación de empresas
externas en cada proceso, por un lado; y por el otro que sea un ente despolitizado y con
credibilidad ante la opinión nacional e internacional.

Innovación y simplificación de procesos administrativos en las instituciones con mayor
demanda de los ciudadanos y empresas, tanto en los entes gubernamentales como en los
descentralizados, lo que implicará la realización de procesos de reingeniería para
modernizar los procesos para volverlos eficaces y eficientes.

Por otra parte, en lo correspondiente a la Política Fiscal, impulsaremos lo siguiente:
Reversión gradual del Sistema Tributario de regresivo a progresivo, basado en la doctrina
del liberalismo social que impulsa una mayor contribución de aquellas personas que más
tienen o más ganan; con lo cual dinamizaremos la economía en beneficio de todos los
ciudadanos, tanto los que ofrecen bienes y servicios como de quienes los consumen.

Reordenamiento del Presupuesto Nacional para elaborarlo, discutirlo y aprobarlo con
transparencia, eliminando asignaciones globales que se otorgan a diferentes instituciones
del Estado y la discrecionalidad en el uso del mismo por parte del Presidente de la República.
La administración presupuestaria se modernizará por medio del gobierno electrónico, para

mayor transparencia, eficiencia y control. Asimismo, habrá control de los fideicomisos
constituidos por el gobierno como forma de administración pública. Los presupuestos de
Educación y Salud se incrementarán anualmente en forma sustantiva, para impulsar no sólo
esos dos derechos humanos fundamentales, sino que también para volver al país más
competitivo.

Los Ingresos Públicos deberán ser suficientes para cubrir las funciones del Estado,
establecidas en la Constitución de la República. La carga tributaria no será superior al 18%
del PIB y los ingresos fiscales del Sector Público Combinado no serán inferiores al 26% del
PIB, al mejorarlos métodos de gestión en el resto del sector público. Por otra parte, el déficit
fiscal no deberá ser mayor al 3% del PIB. Asimismo, se revisarán y reducirán las
exoneraciones fiscales, así como la defraudación y evasión fiscal.

El Gasto Público elevará su calidad, y se ejecutará con base en prioridades claras,
correspondientes a una visión de largo plazo. Los subsidios se focalizarán y otorgarán por
mecanismos transparentes y coherentes que eliminen sectarismo político y propaganda de
los poderes estatales; así mismo, se revisará la actual Ley de Contratación del Estado para
fortalecer el combate a la corrupción en el ámbito de las compras y contrataciones.

La Deuda Pública se administrará con probidad y se destinará únicamente para la inversión;
además, se controlará la deuda flotante. El gasto corriente se financiará con ingresos
corrientes, no con deuda pública. Ésta deberá ser complementaria y no sustitutiva del
esfuerzo interno, y no superará al 50% del PIB.

La Administración Tributaria será modernizada por medio de –entre otros- cadena de
mando profesional y con liderazgo claro, accesibilidad al servicio por parte del
contribuyente, administración financiera eficiente, ampliación de bases tributarias,
programas de control tributario, inteligencia fiscal, costo de cumplimiento y compromiso
social de los contribuyentes.

Un Sistema de Gestión basado en Resultados de Desarrollo, que será perfeccionado para
dar un manejo ético, eficaz y eficiente a los recursos y mejorar sustancialmente el bienestar
de la población por inversiones en las áreas prioritarias del Plan de Gobierno. hondudiario

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