MACCIH advierte que reformas a la Ley de Privación de Dominio beneficiarán al crimen organizado

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Coma

***En los próximos días, la MACCIH estará emitiendo un análisis más completo sobre esta iniciativa, con base en documentos oficiales del Congreso, sin embargo, en este momento, quiere dejar constancia de su preocupación por este proyecto.

Tegucigalpa, Honduras.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a través de un comunicado emitido este jueves  hizo  recomendaciones en relación a la reformas de la Ley de Privación de Dominio que beneficiará a los funcionarios y al crimen organizado.

“Es en este marco también que entendemos necesario realizar comentarios a proyectos que de aprobarse pueden generar contradicciones con la normativa jurídica interamericana”, indica la MACCIH.

El 6 de marzo, el Diputado Dennis Armando Castro Bobadilla, del Partido Alianza Patriótica (AP), presentó el Proyecto de reformas a la Ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito y la Ley de lavados de activos.

De tal manera, que la Misión recomienda que “se debe vincular  el procedimiento de incautación y privación del dominio de bienes ilícitos a sentencia condenatoria y firme recaída en proceso penal;  establecer un régimen privilegiado para los funcionarios públicos imputados por el delito de malversación por apropiación”.

Continúa el oficio  “determinar la aplicación retroactiva de esta nueva norma, sobre los casos que ya se encuentran judicializados, incluyendo procesos  de la  Unidad Fiscal Contra la Impunidad y la Corrupción   (UFECIC), Ministerio Público (MP) y la MACCIH, así como  limitar en el tiempo las acciones de extinción del dominio”.

Según la Misión,  es necesario hacer notar que se trata de dos procesos independientes y autónomos, “conviene recordar que los objetivos de política criminal que se tuvieron en cuenta al emitir la Ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito (Decreto No. 27-2010), en el año 2010”.

De aprobarse el proyecto según las líneas reseñadas, se estaría estableciendo un tratamiento especial para los funcionarios o empleados públicos encausados por el delito de malversación por apropiación (art. 370º del Código Penal), situación que entraría en conflicto con el principio de igualdad que contempla la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras.

Finalmente, invitan “a la reflexión a todos los diputados y diputadas del Congreso Nacional, a los órganos del Estado encargados de la aplicación del proceso de incautación de bienes, a la sociedad civil,  a los países que cooperan con Honduras en el combate de la corrupción y la criminalidad organizada y transnacional”. TT/Hondudiario.

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