Una estabilidad incierta, frágil y demasiado cara

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Los magistrados del Supremo serán los que tengan la última palabra, pero el cambio de criterio de la Fiscalía General del Estado sobre la situación procesal de Joaquim Forn, después de que hace apenas una semana informara en contra de su excarcelación, parece servir al desbloqueo de la situación en Cataluña. Si finalmente el Supremo admite los argumentos del fiscal general, Julián Sánchez Melgar, que ha pedido la puesta en libertad bajo fianza del ex conseller de Interior, y si aplica el mismo criterio al líder de la ANC, Jordi Sánchez, que ya se ha declarado dispuesto a renunciar su escaño, el camino quedaría libre para que fuese investido un candidato a la Presidencia de la Generalitat que no se encuentre en prisión.

Pero mientras los líderes nacionalistas no se decidan a elegir un aspirante que no esté acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos, como todos los que formaron parte del Gobierno de Puigdemont durante el golpe institucional, el nuevo president será inevitablemente provisional. Por eso no se entiende este cambio de criterio de la Fiscalía, impuesto por el principio de jerarquía. Menos aún, después de que Llarena rechazara en febrero la petición de libertad de Forn por considerarle responsable directo de la inactividad de los Mossos el 1-O y por desconfiar de que su voluntad sea la de respetar la legalidad, a pesar de haber renunciado a su escaño. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha apresurado a explicar que la Fiscalía ha actuado “en el ejercicio de su autonomía”, aunque en este caso resulta sorprendente que este cambio de criterio coincida con los intereses del Ejecutivo.

Dejando la Justicia al margen, el Gobierno no puede eludir sus responsabilidades en el alto precio que está dispuesto a pagar por conseguir el apoyo del PNV a los Presupuestos y evitar la convocatoria de elecciones anticipadas. Los nacionalistas vascos habían condicionado su apoyo al desbloqueo por parte del PP de las reformas de la llamada Ley Mordaza y la Ley de Secretos Oficiales. La primera podrá ser modificada en la Comisión de Interior del Congreso gracias al cambio de actitud de Ciudadanos a finales del mes pasado. La segunda también podrá serlo tras el beneplácito dado ayer por el PP, lo que supondría, en la práctica, la desclasificación de documentos sobre la Guerra Civil y el franquismo, la Transición o incluso las actuaciones de los GAL.

Pero el PNV había puesto una condición más: el fin de la aplicación del 155 en Cataluña. Si el Supremo sigue el criterio de Sánchez Melgar, la solución podría estar más cerca, a falta de que la CUP acepte al futuro candidato. La estabilidad es la principal aspiración de cualquier Estado, pero ésta no debe canjearse al precio que fijen los nacionalistas.

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