Sobreseimiento definitivo y Auto de Formal Procesamiento dictan en caso “Fe de Erratas”

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***Los diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Román Villeda, según La MACCIH y UFECIC, modificaron la voluntad del pleno del Congreso Nacional, al mandar a publicar en en diario oficial La Gaceta, disposiciones distintas a las aprobadas en el Palacio Legislativo.

Tegucigalpa, Honduras.

El juez natural Rafael Bustillo, este miércoles 27 de junio, dio a conocer la resolución en el caso conocido como “Fe de Erratas”, donde dictó Sobreseimiento Definitivo para el secretario del Congreso Nacional (CN) Tomás Zambrano, por no haber encontrado participación en los delitos de Falsificación de Documentos Públicos, Abuso de Autoridad e ilícitos contra la forma de Gobierno.

Asimismo, abrió Auto de Formal Procesamiento contra el actual vicepresidente de ese poder del Estado, Román Villeda, por los delitos que le fueron desestimados a su compañero de Cámara Legislativa, Tomas Zambrano.

En ese sentido, el portavoz de Poder Judicial, Melvin Duarte, detalló que para el parlamentario Román Villeda, se mantienen las medidas señaladas durante la Audiencia de Declaración de Imputados, que le prohíbe salir del país, y tendrá que firmar cada viernes en la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), o en el Juzgado de Letras Penal de Ocotepeque con el objetivo de verificar el cumplimiento de no poder abandonar las fronteras nacionales.

Cabe recordar que ambos congresistas fueron señalados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y la UFECIC, de supuestamente haber incurrido en “conductas delictivas” con el propósito de crear una ley a favor de la corrupción.

Zambrano y Villeda fueron acusados meses después de la aprobación de la Ley de Presupuesto, cuando se publicó en el diario oficial La Gaceta un párrafo que no había sido leído en su totalidad en sesión y que llevó a los diputados a presentar una Fe de Errata para rectificar el error.

Dicha modificación incluyó disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados provocando la imposibilidad de comenzar las investigaciones contra funcionarios que habrían manejado fondos públicos mientras no culminaba la investigación por el Tribunal Superior de Cuentas en un plazo de tres años.

Ante la modificación el Poder Judicial, a través de los Tribunales en Materia de Corrupción, determinó archivar la denuncia argumentando que la acción no procedía con un enjuiciamiento debido a la nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.SB/Hondudiario

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