“Bulla de ordenes de captura del caso Pandora”, sólo son para los que no quieren presentarse “voluntariamente”

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**** En este proceso empujado por la MACCIH, se mencionan a 38 personas, de las cuales, uno ya falleció y otro esta preso, de los restantes la mayoría ya se presentó a los tribunales para coordinar su defensa y que no sean exhibidos en su captura.

Tegucigalpa, Honduras

Las anunciadas ordenes de captura que emitió la juez natural, Lidia Álvarez Sagastume, contra los imputados del caso Pandora, que empuja la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que incluye ex funcionarios y funcionarios públicos, como también dirigentes políticos, que serían ejecutadas en las próximas horas sólo son para quienes no han solicitado su presentación voluntaria ni han acreditado defensor.

Enmedio del bullicio mediático por las exigencias de los dirigentes del transporte que reclaman una rebaja a los precios del combustible y la negativa del gobierno, este sábado trascendió que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había emitido órdenes de captura contra las personas mencionadas en la malversación de unos 283 millones de lempiras del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para gastos de la campaña política del actual presidente Juan Orlando Hernández y del Partido Liberal, entre otros, estas no serán aplicadas para quienes se han presentado voluntariamente ante los tribunales.

Según el proceso, del requerimiento fiscal, la juez natural, libró todas las órdenes de captura contra los imputados, pero quienes se han apersonado y acreditado su defensor “no tienen problema”, pues no serán capturados públicamente.

En tal sentido, se aclara que las ordenes serían efectivas en las próximas horas pero en contra de aquellos que no han solicitado su presentación voluntaria ni han acreditado defensor.

Se informó que la juez natural libró “atentos oficios a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) para el seguimiento y realización de las órdenes de captura y alertas migratorias”, para todos los mencionados, pero su ejecución será sólo para quienes no se han presentado “voluntariamente”, que se desconoce quienes son.

Extraoficialmente se informó que la mayoría de acusados se presentarán este lunes, de manera voluntaria; mientras que otros, por medio de sus defensores, estarán promoviendo los recursos pertinentes para facilitar su entrega sin ser exhibidos en una detención.

Muchos mencionados en el caso, a través de sus abogados defensores estarían haciendo su presentación voluntaria, previo a una resolución de la juez.

La magistrada Álvarez Sagastume concedió “la solicitud de decretar el aseguramiento e incautación por lo que se debe de proceder a la inscripción de la medida de prohibición de celebrar actos y contratos en el registro público de los bienes inmuebles, los cuales serán puestos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados para su custodia y administración”.

De las 36 órdenes de captura libradas se efectuarán aquellas cuyos imputados no comparezcan este lunes o sus defensores. También se estarán presentando recursos judiciales de presentación voluntaria de algunos que estaban a la espera de las decisiones de la juez natural.

Los acusados son el ex ministro de la SAG: Jacobo Regalado, por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y lavado de activos; Norma Keffy Montes Chandías, por violación a los deberes de los funcionarios y fraude; William Chong Wong (fallecido), Velkis Hernández, cuatro delitos de falsificación de documentos públicos.

Asimismo, Fernando Suárez por fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos, prevaricato y lavado de activos; Jaime Antonio Suárez, por fraude, uso de documentos y lavado de activos; Laura Aidee Arita Palma, falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y lavado de activos por ocultamiento, en perjuicio de la economía del Estado.

También, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado; Lenín Rigoberto Rojas Velásquez, Félix Francisco Pacheco Reyes, Eduardo Enrique Lanza Raudales, José Adolfo Sierra Morales y Luis Fernando Urrutia Ramírez, por suponerlos responsables del delito de lavado de activos en la modalidad de encubrimiento, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

Los diputados y políticos, José Celín Discua, Rodolfo Irías Navas y Miguel Edgardo Martínez Pineda, además Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Claudia Noriega, Arnold Gustavo Castro, Franklin Toruño, Jean Francois Marie de Peyrevave, Alba Luz Ramírez, Mario Rolando Suazo, Mario Edgardo Suazo Matute, Dalia Esmeralda Palma Sánchez, Josué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Elvin Ernesto Santos Lozano y Ernesto Galeas Martínez, por suponerlos responsables del delito de lavado de activos. Además, Sixto Pineda Hernández por lavado de activos por testaferrato.

La medida de aseguramiento e incautación fue solicitada sobre un bien ubicado en la colonia Payaquí, matrícula 469711; tres terrenos de la Villa Universitaria, etapa II matrículas 652314, 652316 y 652315; otro matrícula 704590 relacionada a Valery Nicolle Quiroz Palma, Mía Isabela Palma Sánchez y Alessandra Nicole Flamenco Palma.

Asimismo, otro inmueble ubicado en Torre Metrópolis, matrícula 750263-H0010 y 750263-H0011, adquiridos por Fernando Suárez y pagados con dineros de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.

La Fiscalía solicita que se libre oficio a las oficinas de Migración para que prohíban la salida de los imputados, así como a las oficinas bancarias a fin de que sirvan para asegurar los saldos que presenten los productos bancarios de los investigados por el delito de lavado de activos y que se ordene la incautación de los bienes inmuebles detallados en el requerimiento fiscal, ya que hay pruebas fehacientes que fueron adquiridos con dinero de las fundaciones arriba mencionadas. hondudiario

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