Las reformas electorales en Honduras, una necesidad urgente

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***Por Oscar Armando Melara Facussé.

Tegucigalpa, Honduras

El reciente proceso electoral en Honduras estuvo marcado por una serie de inconsistencias y fallas que tienen al país sumido en una nueva crisis política e institucional. Para entenderla, es importante conocer los antecedentes políticos bajo los cuales ha transitado el país en la última década.

La tensión política en Honduras comenzó desde 2009, cuando el fantasma de la reelección comenzó a rondar en el ambiente político. Con el planteamiento realizado por el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales alrededor de una cuarta urna para consultarle al pueblo si estaba de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar una nueva Constitución de la República, rápidamente se propagó la idea que la intención detrás de esa iniciativa era la reelección del expresidente Manuel Zelaya Rosales. El proceso iniciado por el ex presidente Manuel Zelaya Rosales concluyó en un golpe de Estado el 28 de junio de 2009.

A raíz del golpe de Estado, se genera una fuerte división en el Partido Liberal de Honduras, partido al que pertenecía el ex presidente Manuel Zelaya Rosales, al punto que su candidato, que llevaba una amplia ventaja sobre el contendor del Partido Nacional, pierde las elecciones generales de 2009 ante el Partido Nacional liderado por Porfirio Lobo Sosa. Con la llegada al poder del Partido Nacional y su continuidad a través de la elección del Presidente Juan Orlando Hernández, inicia un proceso de control institucional (Poder ejecutivo, legislativo, judicial e inclusive el Tribunal Supremo Electoral) cuya intención se revela en el momento que un grupo de diputados de su Partido presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una solicitud para que se declararán inaplicables los artículos de la Constitución de la República que impedían la reelección, con la clara intención de viabilizar un proyecto reeleccionista del Presidente Juan Orlando Hernández.

La Sala de lo Constitucional, removida y a su vez nombrada por el Congreso Nacional presidido por Juan Orlando Hernández, emitió un fallo (para la gran mayoría ilegal), mediante el cual declaró inaplicable los artículos de la Constitución de la República que impiden la reelección, abriendo la posibilidad de la misma y sumiendo nuevamente a la población hondureña en una enorme crisis política, social y económica, con un país polarizado y dividido en dos grupos, los que están con Juan Orlando Hernández (que muchos lo están por estar en contra de Manuel Zelaya Rosales) y los que están en contra de Juan Orlando Hernández.

Es así como, llegamos a la elección general de noviembre de 2017. Dicho proceso transcurrió como cualquier otra elección del pasado, con fallas e inconsistencias:

1-Los centros de votación, como nunca antes en la historia, se cerraron a las cuatro de la tarde (4:00pm), cuando la regla general siempre fue extender el horario de votación hasta las cinco de la tarde (5:00pm).

2-Como en todas las elecciones generales anteriores, los resultados preliminares y la tendencia no fueron revelados alrededor de las 7-9pm de la noche de la elección, sino que, el primer informe del Tribunal Supremo Electoral se dio en la madrugada del día siguiente, indicando una ventaja de alrededor de 5% a favor de Salvador Nasralla como candidato de la Alianza de Oposición (cuyo coordinador general es el expresidente José Manuel Zelaya Rosales) obteniendo 855,847 votos (45.17%) sobre Juan Orlando Hernández del Partido Nacional que obtenía 761,872 votos (40.21%), habiéndose escrutado el 57.18% de las actas electorales.

3-A pesar de dar un resultado preliminar, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no indicó, como en las pasadas elecciones generales, que ese resultado ya reflejaba una tendencia.

4-El sistema de transmisión de datos se colapsó y dejó de funcionar en diversas ocasiones.

5-El conteo de votos se detuvo y no se volvieron a procesar datos sino hasta alrededor de tres (3) días después, datos que poco a poco fueron reduciendo la brecha existente entre Salvador Nasralla y Juan Orlando Hernández, hasta que, con el 82.89% de las actas procesadas, Hernandez superaba a Nasralla, al punto que al concluir la transmisión de los datos totales, Hernández resultó con una ventaja de 1,410,888 votos (42,95%) sobre Salvador Nasralla que terminó con 1,360,442 votos (41.42%).

Ante los hechos antes enunciados, comienza un proceso de descredito del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y comienzan las denuncias de fraude por parte de los partidos de la oposición y de un alto porcentaje de la población, denuncias que iban desde la compra de credenciales (documentos de identificación del representante en la mesa electoral) para alterar las actas electorales (documento que certifica el resultado electoral en la urna) hasta la manipulación electrónica del sistema de transmisión y recepción de resultados, entre otros.

Incluso, organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea en sus comunicados iniciales emitieron serias dudas respecto de la transparencia del proceso electoral, criticando el hecho que una buena parte del material electoral llegó abierto, en ocasiones incompleto y sin ningún mecanismo de seguridad, así como, declaraciones respecto que el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE) no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad; al grado que la OEA claramente indicó que “la falta de garantías y transparencia no permiten a esta Misión tener certeza sobre los resultados”.

El proceso electoral de 2017, y todas sus fallas e inconsistencias tienen al país sumido en una nueva crisis política igual o peor a la crisis del golpe de estado de 2009. La familia hondureña nuevamente se encuentra dividida y la tensión en las calles se siente y se respira.

Es duro y difícil el reto que tenemos adelante los hondureños, pues no solamente debemos dar solución inmediata a la crisis que actualmente vivimos, sino que se hace necesario devolverle al hondureño la confianza en sus instituciones y en especial en los procesos electorales, y para ello, se hace urgente reformas electorales, dentro de las cuales se incluyen las siguientes: (i) la despolitización del Tribunal Supremo Electoral, para dar paso a un ente técnico, profesional, confiable y apolítico; (ii) la ciudadanización de las mesas receptoras del voto, para permitir que el control del voto y el resultado de la sumatoria sea respetado; (iii) el voto electrónico como un mecanismo de evitar la manipulación de los documentos físicos que hoy forman parte de nuestro proceso electoral; (iv) la segunda vuelta electoral, pues al haber más de dos fuerzas políticas, este mecanismo garantiza un gobierno con alto respaldo popular; y, (v) la depuración del censo y padrón electoral, para que solamente voten las personas realmente habilitadas para votar, y que voten en el sitio de su real y verdadero domicilio.

El Congreso Nacional debe atender a la brevedad reformas electorales que permitan procesos electorales transparentes en donde se respete la voluntad electoral y de esa forma la población pueda tener certeza respecto del resultado electoral y así evitar caer nuevamente en otra crisis política que el país seguramente no soportará. El reto es grande, pero es necesario y urgente.

**Oscar Armando Melara Facussé, Abogado y Notario

URL Corta: http://bit.ly/2Rksya3

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