Piden al CN derogar 3 artículos de Ley de Colaboración Eficaz

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***En caso que, el colaborador forme parte de una organización criminal, se deberá valorar su grado de responsabilidad en la organización.

Tegucigalpa,Honduras

El poder ejecutivo remitió ante el Congreso Nacional (CN), el proyecto de la Ley de Colaboración Eficaz, solicitada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en la cual se pide derogar 3 artículos del Código Penal y siete del Procesal Penal.

Dado lo anterior, el presidente del CN, Mauricio Oliva, ya nombró comisión de dictamen que consta de 42 artículos, también se propone la reforma de un artículo del Código Penal y dos del Procesal Penal.

De acuerdo al proyecto de la Ley de Colaboración Eficaz, para otorgar beneficios a quienes se acojan a esa prerrogativa, se tendrá en consideración el grado de eficacia o importancia de la colaboración, conjuntamente con el grado de responsabilidad en el delito cometido por la persona colaboradora, así como la gravedad del mismo.

En caso que, el colaborador forme parte de una organización criminal, se deberá valorar su grado de responsabilidad en la organización.

La persona colaboradora deberá entregar todos aquellos instrumentos, objetos, bienes, efectos, productos y/o ganancias que haya obtenido como consecuencia de la actividad ilícita, se precisa en la iniciativa.

LOS DELITOS QUE APLICAN

También, en el proyecto se detalla que los delitos habilitantes a la Aplicación de Colaboración Eficaz, estarán los contenidos en la Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, en la Ley Especial contra el lavado de activos, en la Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo, en la Ley contra la Trata de Personas.

Además abarca, delitos contenidos en el Código Penal, como: delitos contra la vida y la integridad corporal, delitos contra la libertad y la seguridad, delitos de explotación sexual y comercial, delitos contra la seguridad interior del Estado, delitos contra la propiedad: Artículo, delitos contra la fe pública, delitos contra la economía, delitos contra la administración pública, delitos financieros, delitos en la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones y sus penas, delitos forestales, delitos de contrabando y defraudación fiscal.

En el anteproyecto, se considera colaboración eficaz la información que permita cualquiera de los resultados siguientes:
1) Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución;
2) Evitar o neutralizar futuras acciones delictivas;
3) Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando;
4) Identificar a las personas responsables de un delito cometido o por cometerse, o a los jefes o cabecillas de una organización criminal;
5) Identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento o a personas que presten una colaboración necesaria para los fines de la organización;
6) Brindar información que permita desarticular la organización criminal, menguarla o determinar la responsabilidad penal de uno o varios de sus miembros, con posición jerárquica o capacidad de decisión relevante en la misma;
7) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, objetos, bienes, efectos, productos y/o ganancias del delito, así como indicar la fuente de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales; Entregar la totalidad o cantidades sustantivamente importantes de los instrumentos, objetos, bienes, efectos, productos y/o ganancias relacionadas con la actividad ilícita a las autoridades competentes. Se entiende que disminuyen sustancialmente la magnitud o consecuencias de la ejecución de un delito, cuando se indemniza a las víctimas o cuando se logra disminuir el número de perjudicados o la magnitud de los perjuicios que habrían de ocasionar los delitos programados o en curso, mediante el oportuno aviso a las autoridades, o se impide por este medio la consumación de los mismos.

LOS BENEFICIOS SE OTORGARÁN
Para beneficiar a los que se acojan a la Ley de Colaboración Eficaz, los beneficios se otorgarán siempre que concurran las siguientes condiciones:
1) Que la persona colaboradora actúe voluntariamente y con conocimiento de los alcances del procedimiento;
2) Que admita expresamente los hechos en que ha intervenido o se le imputen. Aquellos hechos que no acepte no formarán parte del proceso por colaboración eficaz y se estará a lo que se decida en el proceso penal correspondiente;
3) Que devuelva los instrumentos, objetos, bienes, efectos, productos y/o ganancias del delito que haya percibido como consecuencia de la actividad ilícita o garantice su reintegro de forma equivalente o proporcional a los actos cometidos;
4) Que se comprometa a no cometer delito doloso en un término no menor del doble de la pena máxima que establece la Ley por el delito que se le impute o que hubiere cometido desde el momento de la autorización judicial del acuerdo de colaboración, en caso de reincidencia se revocará el beneficio otorgado al colaborador beneficiado;
5) Que se comprometa a no divulgar la información que ha entregado en el acuerdo de colaboración.

BENEFICIOS A OTORGAR
En la normativa de Colaboración Eficaz que propone el Ejecutivo, se propone otorgar los siguientes beneficios por colaboración eficaz a las personas consideradas como responsables del delito, de acuerdo a los artículos 32 y 33 del Código Penal, en actos consumados o en tentativa:
1) La abstención total o parcial de la acción penal o la suspensión condicional de la persecución penal, en los términos establecidos en el artículo 36 del Código Procesal Penal;
2) La abstención del inicio de la investigación;
3) La libertad condicional;
4) La rebaja de la pena en dos terceras partes o la extinción de la misma cuando efectuada tal rebaja aquella se tenga por cumplida.
En todos los casos prevalecerá la obligatoriedad del cumplimiento de penas de inhabilitación e interdicción civil y la posibilidad de la víctima de demandar la responsabilidad civil proveniente del delito.

LO QUE SE TENDRA EN CONSIDERACIÓN

Para otorgar beneficios al colaborador eficaz, el Fiscal o el Juez tendrá en consideración el grado de eficacia o importancia de la colaboración, conjuntamente con el grado de responsabilidad en el delito cometido por la persona colaboradora, así como la gravedad del mismo. En caso que, el colaborador forme parte de una organización criminal, se deberá valorar su grado de responsabilidad en la organización.

La persona colaboradora deberá entregar todos aquellos instrumentos, objetos, bienes, efectos, productos y/o ganancias que haya obtenido como consecuencia de la actividad ilícita.

De igual forma, en la iniciativa se establece que no se puede otorgar los beneficios descritos a las personas investigadas, procesadas o condenadas por los delitos de femicidio, violación, violación especial, genocidio, tortura, asesinato u homicidio de operadores de justicia o menores de edad, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. La colaboración eficaz tampoco procede en los casos de delitos de acción privada.

Los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas o los funcionarios o empleados públicos solo podrán acogerse a los beneficios cuando presten información y evidencias para identificar a otras personas de igual o mayor categoría dentro de una organización o identificar a personas que presten una colaboración necesaria para los fines de la organización.

PROYECTO INTEGRO DE LEY DE COLABORACIÓN EFICAZ

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA LEY
La presente Ley tiene como objeto regular los procedimientos, requisitos, circunstancias y beneficios que podrán gozar todas aquellas personas en libertad, investigadas, procesadas o sentenciadas por la comisión de un determinado hecho delictivo que proporcionen información o evidencias que conduzcan a mejorar la eficacia de la persecución penal.
ARTÍCULO 2.- PRINCIPIOS
1) CONTROL JUDICIAL: Todo acuerdo de colaboración eficaz requiere de la participación del
Juez en su condición de garante de derechos y libertades fundamentales y decisor en la
aplicabilidad del beneficio premial.
2) FORMALIDAD: Todo el procedimiento de colaboración eficaz deberá tramitarse de acuerdo
lo establecido en esta Ley.
3) LEGALIDAD: Todas las actuaciones contempladas en la presente Ley deben regirse por la
Constitución de la República y demás Leyes vigentes, respetando también los principios del
debido proceso y presunción de inocencia en su caso.
4) OBJETIVIDAD: La información y evidencias que brinde el colaborador eficaz deberán ser
sometidas por el Ministerio Público a todas las diligencias necesarias para determinar
plenamente los hechos y la responsabilidad o no de las personas que se señalen, considerando
objetivamente los elementos probatorios, indicios y evidencias, que sustenten o que enerven los
cargos imputados.
5) CELERIDAD: La obtención de la información será realizada de manera expedita a efecto de
analizar su relevancia, conforme a los plazos establecidos en la presente Ley.
6) VERACIDAD: La información que proporcione el colaborador eficaz deberá de ser apegada a
la verdad, por lo tanto, la información proporcionada debe ser verificable y corroborable con
otros medios de investigación.
7) PROPORCIONALIDAD: El beneficio que se otorgue al colaborador debe ser en proporción a
la eficacia e importancia de la información, el grado de responsabilidad del colaborador en la
organización delictiva, la gravedad del delito que se investiga y su grado de participación en el
mismo.
8) SECRETIVIDAD: Todas las diligencias realizadas en el marco de la presente Ley por las
partes intervinientes en el proceso de colaboración, se mantendrán en secreto respecto de toda
persona que no forme parte de las mismas.
9) EFICACIA: La información que brinde el colaborador eficaz deberá ayudar a la
desarticulación de bandas criminales, aportando elementos probatorios que sirvan para procesar
a miembros de dichas estructuras, a efecto de que no queden impunes sus actos delictivos.
10) REVOCABILIDAD: Los beneficios que se otorguen a un colaborador eficaz podrán ser
revocados, cuando se compruebe que el colaborador ha mentido, brindado declaraciones falsas
o incumplido con los compromisos que suscribió en el acuerdo.
ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES ESENCIALES
1) ACUERDO DE COLABORACIÓN: Es el documento que determina las disposiciones y
beneficios que se derivan del acuerdo entre el Ministerio Público y la persona colaboradora,
con la finalidad de que quien haya participado en un hecho delictivo, preste ayuda o
colaboración brindando información o evidencias para la eficacia de la investigación y
persecución penal de los delitos.
2) CRIMINALIDAD ORGANIZADA: Grupo estructurado por tres o más personas que exista
durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer delitos.
3) CRITERIO DE OPORTUNIDAD: Facultad atribuida al Ministerio Público de abstenerse de
ejercitar total o parcialmente la acción penal, limitarla a alguna de las infracciones o a alguno
de los imputados, en supuestos reglados y cuando así convenga al interés público, para dirigir
los recursos de persecución penal a los delitos que más ofenden y lesionan a los bienes
jurídicos de superior entidad.
4) COLABORADOR EFICAZ: Es la persona particular en libertad, investigada, procesada o
condenada que, habiendo participado como autor o cómplice en la comisión de un determinado
hecho delictivo, transmita mayores conocimientos de quiénes fueron los que participaron en la
comisión del mismo, la forma cómo se ejecutó un delito, y/o, como se integra o funciona la
estructura de la organización criminal, a efecto de mejorar la eficacia de la persecución penal.
5) MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Consiste en los mecanismos que garantizan el resguardo del
colaborador eficaz y su cónyuge, compañero(a) de hogar, familiares u otras personas
relacionadas con el colaborador, que en virtud de su colaboración se encuentren en situación de
riesgo. La aplicabilidad de las medidas se hará de conformidad con la Ley de Protección a
Testigos en el Proceso Penal.
6) CONVALIDACIÓN JUDICIAL: Es el acto a través del cual el Juez verifica y declara válido
lo actuado por el Fiscal en la celebración de acuerdos de colaboración eficaz en la etapa
preliminar y de ejecución del proceso penal.
CAPÍTULO II
CONDICIONES PARA OTORGAR EL BENEFICIO
ARTÍCULO 4.- DELITOS HABILITANTES A LA APLICACIÓN DE LA COLABORACIÓN
EFICAZ
La presente Ley podrá ser aplicada cuando la información o evidencias que brinde el colaborador
eficaz tenga como objeto mejorar la eficacia de la persecución penal de uno o más de los delitos
descritos en los articulados siguientes:
a) De los contenidos en la Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas:
Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29.
b) De los contenidos en la Ley Especial contra el Lavado de Activos: Artículos 36, 37, 38, 39, 41.
c) De los contenidos en la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo: Artículos 3, 4, 5.
d) De los contenidos en la Ley contra la trata de personas: Trata de personas.
e) De los contenidos en el Código Penal:
e.1) Delitos contra la vida y la integridad corporal: Artículos 116, 117, 117-A.
e.2) Delitos contra la libertad y la seguridad: Artículos 192, 193, 194, 195.
e.3) Delitos de explotación sexual y comercial: Artículos 148, 149-A, 149-B, 149-C, 149-D, 149-E.
e.4) Delitos contra la seguridad interior del Estado: Artículos 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332,
332-A, 332-B, 333, 333-A, 334, 335, 335-A, 335-B.
e.5) Delitos contra la Propiedad: Artículo: 218-E.
e.6) Delitos contra la fe pública: Artículos: 274, 275, 276, 278, 279, 284, 292, 294-A.
e.7) Delitos contra la Economía: Artículos: 295, 296, 297, 299 numeral 4.
e.8) Delitos contra la Administración Pública: Artículos: 349, 350, 350-A, 352, 361, 362, 363, 364,
365, 366-A, 368, 369, 369-A, 369-B, 369-C, 369-D, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384.
e.9) Delitos Financieros: Artículo 394 incisos H y K.
e.10) Delitos en la Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y pensiones y sus
penas: Artículo 394 incisos P y Q.
e.11) Delitos Forestales (Decreto 98-2007 de fecha 19 de septiembre de 2007; artículos 182 y 190)
e.12) Delitos de contrabando y defraudación Fiscal: Artículos 392-A, 392-A, 392-B, 392-C, 392-D,
392-E, 392-F, 392-H.
ARTÍCULO 5.- AMBITO DE LA COLABORACIÓN EFICAZ
Se considera colaboración eficaz la información que permita cualquiera de los resultados siguientes:
1) Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o disminuir sustancialmente la
magnitud o consecuencias de su ejecución;
2) Evitar o neutralizar futuras acciones delictivas;
3) Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito o las circunstancias en las
que se viene planificando o ejecutando;
4) Identificar a las personas responsables de un delito cometido o por cometerse, o a los jefes o
cabecillas de una organización criminal;
5) Identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento o a personas que
presten una colaboración necesaria para los fines de la organización;
6) Brindar información que permita desarticular la organización criminal, menguarla o determinar
la responsabilidad penal de uno o varios de sus miembros, con posición jerárquica o capacidad
de decisión relevante en la misma;
7) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, objetos, bienes, efectos, productos y/o
ganancias del delito, así como indicar la fuente de financiamiento y apoyo de las
organizaciones criminales;
8) Entregar la totalidad o cantidades sustantivamente importantes de los instrumentos, objetos,
bienes, efectos, productos y/o ganancias relacionadas con la actividad ilícita a las autoridades
competentes.
Para efectos del numeral 1) del presente artículo, se entiende que disminuyen sustancialmente la
magnitud o consecuencias de la ejecución de un delito, cuando se indemniza a las víctimas o cuando se logra disminuir el número de perjudicados o la magnitud de los perjuicios que habrían de ocasionar los delitos programados o en curso, mediante el oportuno aviso a las autoridades, o se impide por este medio la consumación de los mismos.
ARTÍCULO 6.- REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO
Los beneficios establecidos en la presente Ley, se otorgarán siempre que concurran las siguientes
condiciones:
1) Que la persona colaboradora actúe voluntariamente y con conocimiento de los alcances del
procedimiento;
2) Que admita expresamente los hechos en que ha intervenido o se le imputen. Aquellos hechos
que no acepte no formarán parte del proceso por colaboración eficaz y se estará a lo que se
decida en el proceso penal correspondiente;
3) Que devuelva los instrumentos, objetos, bienes, efectos, productos y/o ganancias del delito que
haya percibido como consecuencia de la actividad ilícita o garantice su reintegro de forma
equivalente o proporcional a los actos cometidos;
4) Que se comprometa a no cometer delito doloso en un término no menor del doble de la pena
máxima que establece la Ley por el delito que se le impute o que hubiere cometido desde el
momento de la autorización judicial del acuerdo de colaboración, en caso de reincidencia se
revocará el beneficio otorgado al colaborador beneficiado;
5) Que se comprometa a no divulgar la información que ha entregado en el acuerdo de
colaboración.
ARTÍCULO 7.- CONTROL JUDICIAL
El Fiscal encargado del caso, previo a suscribir algún acuerdo de colaboración y en los casos que
proceda deberá contar con la autorización del Juez Competente, a efecto de otorgar los beneficios
descritos en el artículo que precede, observando las reglas descritas en la presente Ley.
ARTÍCULO 8.- BENEFICIOS A OTORGAR
Se podrán otorgar los siguientes beneficios por colaboración eficaz a las personas consideradas como responsables del delito, de acuerdo a los artículos 32 y 33 del Código Penal, en actos consumados o en tentativa:
1) La abstención total o parcial de la acción penal o la suspensión condicional de la persecución
penal, en los términos establecidos en el artículo 36 del Código Procesal Penal;
2) La abstención del inicio de la investigación;
3) La libertad condicional;
4) La rebaja de la pena en dos terceras partes o la extinción de la misma cuando efectuada tal
rebaja aquella se tenga por cumplida.
En todos los casos prevalecerá la obligatoriedad del cumplimiento de penas de inhabilitación e
interdicción civil y la posibilidad de la víctima de demandar la responsabilidad civil proveniente del
delito.
ARTÍCULO 9.- PARÁMETROS PARA OTORGAR LOS BENEFICIOS
Para otorgar los beneficios descritos en el artículo precedente, se tendrá en consideración el grado de eficacia o importancia de la colaboración, conjuntamente con el grado de responsabilidad en el delito cometido por la persona colaboradora, así como la gravedad del mismo. En caso que, el colaborador forme parte de una organización criminal, se deberá valorar su grado de responsabilidad en la organización.
La persona colaboradora deberá entregar todos aquellos instrumentos, objetos, bienes, efectos,
productos y/o ganancias que haya obtenido como consecuencia de la actividad ilícita.
ARTÍCULO 10.- RESTRICCIONES PARA OTORGAR LOS BENEFICIOS
No se puede otorgar los beneficios descritos en el artículo 8 a las personas investigadas, procesadas o condenadas por los delitos de femicidio, violación, violación especial, genocidio, tortura, asesinato u homicidio de operadores de justicia o menores de edad, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. La colaboración eficaz tampoco procede en los casos de delitos de acción privada.
Los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas o los funcionarios o
empleados públicos solo podrán acogerse a los beneficios señalados en el artículo 8 numeral 3 y 4,
cuando presten información y evidencias para identificar a otras personas de igual o mayor categoría dentro de una organización o identificar a personas que presten una colaboración necesaria para los fines de la organización.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA COLABORACIÓN EFICAZ
ARTÍCULO 11.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN EFICAZ
El proceso de colaboración eficaz constará de las etapas siguientes:
1) Solicitud de colaboración eficaz;
2) Reuniones informativas;
3) Corroboración de la información y evidencias recibidas;
4) Negociación y celebración del acuerdo de colaboración eficaz;
5) Formalización de la solicitud de colaboración eficaz en sede jurisdiccional; y,
6) Resolución Judicial.
ARTÍCULO 12.- TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN EFICAZ
La colaboración eficaz es un proceso especial, que deberá tramitarse en pieza separada y en ningún
caso suspenderá el curso del proceso principal. El expediente contentivo de la solicitud de
colaboración eficaz se manejará bajo estricta reserva, siendo únicamente permitido su acceso a los
intervinientes del mismo, asegurando en tal sentido su custodia a este efecto.
La tramitación de este procedimiento deberá efectuarse garantizando la reserva de la información de
las actuaciones, así como de la identidad de las personas involucradas.
ARTÍCULO 13.- SOLICITUD DE COLABORACIÓN EFICAZ
La persona imputada o el Fiscal que desee negociar un acuerdo de colaboración eficaz deberá
comunicarlo inmediatamente al Juez que conoce la causa en la que el interesado tiene la calidad de
imputado. En el plazo de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Juez
mediante auto emitirá la autorización para la celebración de las reuniones informativas entre el Fiscal y la persona imputada.
ARTÍCULO 14.- SOLICITUD DE COLABORACIÓN EFICAZ EN LA INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR Y EJECUCIÓN DE LA PENA
En los casos en que no exista un expediente judicial o de encontrarse en la etapa de ejecución de la
pena, el Fiscal previo a iniciar las reuniones con el solicitante o sus abogados, requerirá la autorización del Fiscal General de la República, quien deberá resolverlo en el plazo establecido en el artículo anterior, pudiendo dicha autorización ser delegada al Director de Fiscales.
Cuando la información brindada por el colaborador eficaz involucre a miembros del Ministerio
Público, el Fiscal del caso podrá solicitar la autorización ante el Juez que por razón de competencia
podría conocer en una futura acción penal, debiendo en este caso evacuarse bajo los mismos supuestos de las acciones ya judicializadas.
En caso de proceder la presentación del requerimiento Fiscal, el Ministerio Público deberá acompañar en pieza separada el acuerdo de colaboración eficaz, acreditando la autorización del Fiscal General o Director de Fiscales, la manifestación y voluntad de la persona imputada de someterse a dicho proceso, la participación de los abogados del colaborador durante el proceso de colaboración, los actos de investigación realizados para corroborar la información proporcionada, y demás información que considere necesaria que acrediten el respeto de los derechos y garantías del colaborador.
ARTÍCULO 15.- REUNIONES INFORMATIVAS
El Fiscal, en cualquier etapa del proceso o en etapa de ejecución de la pena, previa autorización del
Juez o del Fiscal General de la República, atendiendo la complejidad del caso, en un plazo no mayor de un (1) mes contados a partir de la autorización, podrá celebrar de manera reservada reuniones informativas con el o los solicitantes, quienes podrán ser asistidos por sus respectivos defensores.
Todas las reuniones serán documentadas, por el medio más idóneo, atendiendo las circunstancias del caso.
ARTÍCULO 16.- ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO COMO ÓRGANO
INVESTIGADOR Y REQUIRENTE
Como resultado de estas reuniones, atendiendo la complejidad del caso, el Fiscal dispondrá las
investigaciones conducentes para corroborar la información proporcionada, dirigiendo técnica y
jurídicamente a los equipos de investigación en la realización de las pesquisas necesarias, quienes
deberán rendir un informe detallado sobre la información y evidencias recabadas y comprobadas.
Mientras se determina la veracidad de la información proporcionada, el Fiscal deberá tomar las
medidas necesarias establecidas en el capítulo IV de la presente Ley. En caso que, la información
proporcionada por el solicitante sea falsa, se promoverán las acciones penales por el delito de
acusación o denuncia falsa conforme al artículo 387 del Código Penal.
ARTÍCULO 17.- DILIGENCIA DE CORROBORACIÓN CON INTERNOS RECLUIDOS EN
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Cuando en el desarrollo de las diligencias de corroboración se requiera la conducción del colaborador eficaz fuera del Establecimiento Penitenciario donde se encuentre, el Fiscal deberá de solicitar su traslado ante el Juez, quien mediante auto autorizará y establecerá las medidas de seguridad que deberá seguirse para la conducción del solicitante. Los cuerpos de seguridad del Estado deberán prestar la colaboración requerida para dicho efecto.
ARTÍCULO 18.- VALORACIÓN DE INFORMACIÓN Y EVIDENCIAS
El Fiscal y en su caso el Juez, valorarán la información y evidencia proporcionada por la persona
solicitante bajo los principios de veracidad y legalidad; y, considerando los criterios de eficiencia,
eficacia y oportunidad para la investigación. En ningún caso, aceptarán prueba obtenida ilícitamente
especialmente proveniente de tortura, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes y otros
abusos de derechos humanos.
ARTÍCULO 19.- ASISTENCIA INTERNACIONAL
En caso de que la persona solicitante se encuentre en el extranjero o la información o evidencias sobre las que se pronuncie también lo estén, el Ministerio Público realizará las acciones pertinentes para solicitar la colaboración judicial internacional a través de los canales pertinentes. El Fiscal General podrá autorizar que se practiquen en el extranjero cuantas diligencias sean necesarias para la recolección de la evidencia, de conformidad con los Tratados o Convenios ratificados y la práctica internacional bajo los principios de asistencia técnica y colaboración judicial internacional.
ARTÍCULO 20.- DENEGACIÓN DEL ACUERDO EN SEDE ADMINISTRATIVA
Si el Fiscal considera que los actos de investigación realizados no corroboran la información
proporcionada por la persona solicitante, pondrá en conocimiento tal circunstancia al Juez competente.
En este caso, se devolverán las evidencias presentadas por el solicitante.
ARTÍCULO 21.- NEGOCIACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL ACUERDO DE
COLABORACIÓN EFICAZ
Finalizada las diligencias de corroboración de la información y evidencias, el Fiscal si considera
procedente el acuerdo, procederá a negociar sus alcances y suscribir el mismo, con el colaborador y su defensor, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley.
ARTÍCULO 22.- ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN
Cuando los actos de investigación corroboren la información o evidencia proporcionada por la persona solicitante, el Fiscal elaborará el acuerdo de colaboración eficaz, el cual deberá contener lo siguiente:
1) Los datos que sirvan para identificar al colaborador eficaz;
2) La información o evidencias proporcionada por el colaborador y las averiguaciones o pesquisas
que hayan corroborado dicha información;
3) La calificación de los hechos investigados mediante información y evidencias proporcionadas
por el colaborador eficaz, así como los preceptos penales aplicables;
4) La determinación del beneficio propuesto. En los casos que, se trate de una persona condenada
se especificará la rebaja concreta conforme a la pena impuesta;
5) Las medidas personales para garantizar la seguridad del colaborador y de sus familiares de la
forma establecida en el capítulo IV de la presente Ley;
6) El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal, en
el entendido que ello no constituye una restricción al derecho de no declarar contra sí mismo,
por cuanto la declaración en su contra constituye a la vez un beneficio procesal para la persona
imputada o condenada;
7) El compromiso de resarcir los daños y perjuicios causados a la víctima; y,
8) Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada.
ARTÍCULO 23.- OBLIGACIONES Y CONTROL DEL ACUERDO
Cuando se concedan los beneficios previstos en el artículo 8 de la presente Ley, el acuerdo de
colaboración deberá indicar una o más de las siguientes obligaciones a las quedará sujeta la persona
beneficiada:
1) Presentarse periódicamente ante las autoridades competentes;
2) El resarcimiento de los daños y perjuicios causados al Estado;
3) Reparar los daños ocasionados por los ilícitos cometidos de acuerdo a su capacidad económica;
4) No acudir a determinados lugares o visitar determinadas personas;
5) Informar del cambio de domicilio;
6) Ejercer profesión u oficio lícitos;
7) Prohibición de portar armas de fuego u otro tipo de armas, salvo que el Fiscal lo considere
necesario por su propia seguridad;
8) En caso de ser necesario, adoptar alguna identidad distinta que permita una mejor colaboración;
9) Devolver bienes, productos o ganancias que, de acuerdo a la información corroborada, sean
consecuencia de los actos ilícitos;
10) No salir de determinada circunscripción territorial sin previa autorización judicial.
El control en el cumplimiento de las obligaciones del colaborador recaerá en el Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Estado, exceptuando los numerales 2 y 3, que deberán quedar bajo el control de la Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público deberá llevar un registro de las personas beneficiadas, así como un control de los casos en los cuales se haya aplicado el proceso de colaboración establecido en la presente Ley.
ARTÍCULO 24.- FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN EFICAZ
Cuando el Fiscal considere que la información proporcionada por el colaborador ha contribuido en la investigación, de tal modo que permita cumplir las finalidades señaladas en el artículo 5 de la presente Ley, formalizará la solicitud de colaboración eficaz ante el Juez competente. En la solicitud deberá expresarse las razones justificativas para la aplicación del beneficio de colaboración eficaz.
A dicho efecto, junto con la solicitud remitirá el acuerdo de colaboración. El Juez verificará y
corroborará la información y evidencias en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud, si el Juez lo considera necesario y dentro de ese mismo plazo, podrá
realizar una audiencia reservada donde el Fiscal argumente la solicitud.
ARTÍCULO 25.- DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE Y PARTICIPACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS
De acreditarse la veracidad de la información y evidencias, cumplido el plazo anterior, dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes celebrará audiencia con la finalidad de escuchar la declaración del
solicitante, la que se realizará en presencia del Fiscal y de su defensor. En caso que, se haya solicitado el beneficio de libertad condicional o la extinción o suspensión de la acción penal, previo a dictar su resolución en un plazo que no deberá exceder de los tres (3) días hábiles siguientes, escuchará a las víctimas del proceso.
ARTÍCULO 26.- RESOLUCIÓN JUDICIAL
Una vez celebrada la audiencia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes el Juez deberá dictar la respectiva resolución, verificando la legalidad de los beneficios acordados, la compatibilidad de las obligaciones impuestas, y la proporcionalidad entre los hechos delictivos perpetrados y los beneficios acordados.
En su resolución y tomando en consideración los presupuestos antes descritos el Juez podrá realizar las modificaciones pertinentes para adecuar el beneficio a las obligaciones a imponer, de acuerdo a la naturaleza y modalidad del hecho punible. En ningún caso la resolución excederá los términos del
acuerdo.
ARTÍCULO 27. CONVALIDACIÓN JUDICIAL
Cuando el proceso de colaboración eficaz se haya seguido en sede administrativa, el Juez competente de conocer la causa principal, deberá convalidar el acuerdo de colaboración. De considerar que el mismo reúne los requisitos necesarios para ser utilizado en el proceso, convocará audiencia en el plazo de (3) días siguientes a la solicitud de convalidación, en la que la persona solicitante en presencia del Fiscal y de su defensor manifieste que actúo voluntariamente y con conocimiento de los alcances del procedimiento, así como rinda su declaración en la que admita expresamente los hechos en que ha intervenido o se le imputen.
El Juez en su resolución, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado por el Ministerio
Público.
ARTÍCULO 28.- DENEGACIÓN JUDICIAL
El Juez podrá rechazar el acuerdo de colaboración suscrito entre el Fiscal y el solicitante en los casos siguientes:
1) Cuando la información proporcionada por el solicitante no haya sido suficientemente
corroborada por el Fiscal a criterio del Juez;
2) Cuando la información proporcionada por el solicitante no aporte nuevos elementos a la
investigación;
3) Cuando los beneficios ofrecidos al solicitante, sean desproporcionados con respecto a la
información que este haya brindado. En este caso, el Juez podrá modificar los beneficios
ofrecidos de acuerdo a la relevancia de la información proporcionada a la investigación;
4) Cuando el acuerdo se realice inobservando la normativa que regula dicha figura;
5) Cuando el acuerdo se realice por medio del fraude de Ley.
En caso de que, la solicitud fuere denegada, el Fiscal podrá apelarla conforme al procedimiento que
establece el Código Procesal Penal.
ARTÍCULO 29.- FRAUDE DE LEY
Se entenderá que existe fraude de Ley en los casos siguientes:
1) Cuando el colaborador no haya actuado voluntariamente;
2) Cuando la información sea falsa y el acuerdo se realice con el único propósito de beneficiar al
solicitante o imputar falsamente a una persona determinada.
El Juez que observe que la solicitud se está realizando mediante fraude de la normativa jurídica,
denegará el acuerdo y lo hará saber al Fiscal General o Director de Fiscales, exponiendo los hechos
que considere están al margen de la Ley, para que este inicie las acciones disciplinarias administrativas o penales que correspondan.
El Fiscal General, o a quien este designe, podrá nombrar a otro Fiscal a efecto de que continúe con el curso normal del proceso penal de acuerdo a la etapa en que se encuentre.
ARTÍCULO 30. INEFICACIA DE LAS EVIDENCIAS
Si el acuerdo de colaboración no es autorizado por el Juez, las declaraciones del colaborador se tendrán como inexistentes y no podrán ser utilizadas en su contra o contra terceros.
ARTÍCULO 31.- REVOCATORIA
Si el colaborador comete nuevo delito doloso antes del vencimiento del período establecido a dicho
efecto en esta Ley o no cumple con las obligaciones establecidas en el mismo, se revocará el beneficio otorgado.
En caso de revocarse el beneficio otorgado al colaborador eficaz y éste tenga que volver a cumplir la pena que le fuera suspendida o regresar nuevamente a prisión preventiva, no se computará en tales casos, el tiempo que el colaborador estuvo en libertad por virtud de la aplicación de los beneficios otorgados por el acuerdo de colaboración eficaz.
ARTÍCULO 32.- TRÁMITE DE LA REVOCATORIA
Si el Fiscal considera que el beneficiado ha incumplido una o más de las obligaciones establecidas en el acuerdo solicitará al Juez la revocatoria. Recibidas las actuaciones el Juez correrá traslado al
beneficiado para que se pronuncie en un plazo de tres (3) días. En caso que, la persona beneficiada no compareciere, el Fiscal podrá solicitar las respectivas órdenes de captura para que sea puesto a la orden del Juez competente. Transcurrido dicho plazo o recibida la contestación por parte del beneficiado, el Juez resolverá dentro de los tres (3) días siguientes. Contra la resolución que resuelva la solicitud de revocatoria cabrá el recurso de apelación, observando los mismos principios que regulan esta Ley.
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 33.- PERSONAS DESTINATARIAS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Las medidas de protección previstas en este capítulo son aplicables a los solicitantes o colaboradores que intervengan en los procesos penales materia de la presente Ley.
Para que sean aplicables las medidas de protección será necesario que el Fiscal, y cuando exista
proceso abierto el Juez, aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de
quien pretenda ampararse en ellas, su cónyuge compañero(a) de hogar, familiares u otras personas
relacionadas con la persona colaboradora, que en virtud de su colaboración se encuentren en situación de riesgo.
ARTÍCULO 34.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El Fiscal, y en su caso el Juez, al haber apreciado las circunstancias previstas en el artículo anterior, de oficio o a instancia de parte, deberán adoptar según el grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio, de la acción de contradicción que asista al colaborador, pudiendo adoptar las siguientes medidas:
1. Protección policial, que puede incluir el cambio de residencia y de ocultación de su paradero
y/o cualquier otra que pueda ser considerada pertinente;
2. Reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias que se practiquen y
cualquier otro dato que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para esta un
número o cualquier otra clave;
3. Medidas procesales jurisdiccionales, que imposibiliten su identificación y proteja su integridad
física en las diligencias que se practiquen;
4. Fijación como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede de la Fiscalía
competente, a la cual se las hará llegar reservadamente a su destinatario;
5. Medidas de protección penitenciarias.
ARTÍCULO 35.- MEDIDAS ADICIONALES
El Ministerio Público y los cuerpos de seguridad del Estado deberán evitar que a los colaboradores,
objeto de protección se les hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento.
Asimismo, se deberá facilitar al colaborador el traslado en vehículos oficiales para las diligencias y un ambiente reservado para su uso exclusivo, convenientemente custodiado, cuando sea el caso de
permanecer en las dependencias judiciales para su declaración.
Con la finalidad de determinar la continuación de las medidas de protección, el Fiscal del caso, y en su caso el Juez, debe estimar una vez finalizado el proceso judicial si se mantiene la circunstancia de peligro grave prevista en el artículo 33. En casos excepcionales podrá ordenar la emisión de
documentos de una nueva identificación y de medios económicos para cambiar la residencia o lugar de trabajo del colaborador.
ARTÍCULO 36.- VARIABILIDAD DE LAS MEDIDAS
El Fiscal del caso, y en su caso el Juez competente, debe pronunciarse motivadamente sobre la
procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección
concedidas al colaborador.
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 37. APLICABILIDAD
La presente Ley será aplicable a todas las investigaciones o procesos en trámite o en ejecución de
sentencia.
ARTÍCULO 38.- RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY
A efectos de implementar la presente Ley, se autoriza a la Secretaría de Finanzas a realizar las
transferencias que sean necesarias, al Ministerio Público, para la total implementación de los sistemas de colaboración eficaz y de protección a colaboradores; así como Fiscales del Ministerio Público y Jueces del Poder Judicial.
ARTÍCULO 39.- REGLAMENTACIÓN
Corresponde al Fiscal General de la República, fijar los alcances de la intervención del Ministerio
Público en este procedimiento especial. En el máximo de 60 días a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, reglamentará los alcances de la presente Ley, referidos a su competencia.
El reglamento deberá incluir la forma en que se llevará por parte del Ministerio Público el registro y
control de los casos en los cuales se celebren acuerdos de colaboración conforme a la presente Ley.
ARTÍCULO 40.- DEROGACIÓN
Derogar los artículos 79-A, 79-B, y 79-C del Código Penal contenido en el Decreto No. 144-83,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,264 de fecha 12 de marzo de 1984, reformados por
adición mediante el Decreto No. 70-2015 de fecha 28 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,942 de fecha 25 de enero de 2016.
Derogar los artículos 402-A, 402-B, 402-C, 402-D, 402-E, 402-F, 402-G del Código Procesal Penal
contenido en el Decreto No. 144-83, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,264 de fecha
de marzo de 1984, reformados por adición mediante el Decreto No. 70-2015 de fecha 28 de julio de
2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,942 de fecha 25 de enero de 2016.
ARTÍCULO 41.- REFORMAS LEGALES
Reformar el artículo 29, eliminado la segunda parte del párrafo primero del Código Procesal Penal en el Decreto No. 9-99 de fecha 19 de diciembre de 1999 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 29,176 de fecha 20 de mayo de 2000, el cual deberá leerse de la forma siguiente:
La aplicación del criterio de oportunidad deberá ser autorizada por el Fiscal General de la República, quien podrá delegar esta facultad en el Director de Fiscales y éste en el sentido descendente de la jerarquía.
Si como consecuencia…
Reformar mediante supresión el numeral quinto del artículo 28 del Código Procesal Penal contenido en el Decreto No. 9-99 de fecha 19 de diciembre de 1999 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.29,176 de fecha 20 de mayo de 2000.
Reformar mediante adición el artículo 76 del Código Penal contenido en el Decreto No. 144-83,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,264 de fecha 12 de marzo de 1984, el cual deberá
leerse de la forma siguiente:
El tribunal de primera instancia que conoció de la causa, podrá conceder la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena, en los casos de condena o reclusión que exceda tres (3) años y no pase de doce (12), o que haya sufrido las tres cuartas (3/4) partes de la pena cuando ésta exceda de doce (12) años, y concurran, además, en ambos casos, las siguientes circunstancias:
1) Que el reo no haya sido condenado…
2) Haber observado buena conducta…
3) Que haya restituido la cosa y reparado el daño en los casos de delito contra la propiedad…
4) Haber celebrado un acuerdo de colaboración eficaz conforme a lo establecido en la Ley especial.
ARTÍCULO 42.- VIGENCIA
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en Tegucigalpa, Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los XX días
del mes de XXX de dos mil dieciocho.

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