Organizaciones civiles realizan fuerte denuncia por irregularidades en el nuevo Código penal

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*** La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) pidió al Congreso Nacional (CN), que extienda la vacatio legis del nuevo Código Penal hasta el 1 de enero del 2021 para que exista suficiente tiempo para realizar las labores de reformas profundas, integrales y consensuadas que beneficien a la sociedad hondureña.

Tegucigalpa,Honduras

Organizaciones civiles lideradas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunciaron corrupción legislativa en la aprobación del decreto 130-2017 Código Penal. Detallan que en sesión se aprobó una cosa y al momento de la publicación era distinto a la aprobado.

Después de haber realizado un exhaustivo análisis a los documentos que contienen las actas sobre el decreto legislativo 130-2017 así como cada uno de los videos que dejan constancia sobre las sesiones legislativas dentro del Congreso Nacional (CN), específicamente para la aprobación del Código Penal hemos concluido de manera responsable en la presentación de una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC).

Denunciamos una serie de irregularidades cometidas durante el proceso de discusión y votación en cada uno de los artículos, capítulos, títulos que conforman dicho instrumento legal, es así que se puedo constatar lo siguiente

En fecha 17 de mayo del año 2016 el diputado Mauricio Oliva presento ante la Cámara Legislativa el dictamen que contenía el proyecto del Código Penal.

Dándose inicio a la discusión de los primeros siete desarrollándose una modalidad recurrente y es que se contradigan lo establecido en el artículo 69 de la Ley orgánica del Poder Legislativo en donde se prescribe que para la aprobación de toda decisión dentro del CN deberá ser con la mayoría simple de los presentes

Por lo que en la primera discusión del nuevo Código Penal se determinó la dispensa de debate sobre este instrumento con únicamente 42 votos a favor una abstención, 36 en contra y 49 no votaron siendo un total de 128 diputados autorizados esta es la primera acción que transgiversaron la voluntad de la mayoría del CN.

De esa manera se puedo observar que dentro de los artículos que también presentan las violaciones al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se encuentran al menos 53 artículos que no cumplieron los requisitos de la mayoría simple exigida.

De igual manera el CNA constato que hubo artículos que hoy se encuentran publicados en el decreto 130-2017 que nunca fueron discutidos mucho menos aprobados.

Entre las acciones más destacables y que concurren en la comisión de delitos fue cuando el 2 de agosto de 2017 los diputados presentes aprobaron con 70 votos a favor de los 128 diputados autorizados, las penas en los delitos contra la administración pública, específicamente la malversación de caudales públicos en sus diferentes modalidades, con penas que oscilaban entre los 6 y 9 años de prisión.

Sin embargo todo fue un plan concebido para delinquir, cuando el 8 de agosto de 2017 el exdiputado Agapito Rodríguez presentó una moción de reconsideración del acta del 2 de agosto, en donde ya se habían aprobado las penas de algunos delitos en contra de la administración pública; dicha acción jurídicamente era improcedente ya que la figura de reconsideración –en base al artículo 61 de la Ley Orgánica del CN- únicamente operará cuando se pretenda hacer una corrección de forma o redacción, pero en ningún momento el fondo del asunto, tal es el caso sobre la disminución de penas en artículos que garantizan el buen funcionamiento de la administración pública.

El CNA indican que los parlamentarios incurrieron en delitos como abuso de autoridad y falsificación de documentos.hondudiario/AB

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