***El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, recibirá este martes 14 de enero un país polarizado en el que la corrupción es la norma y del cual huyen al menos 300 mil personas cada año, en su mayoría indígenas bajo el umbral de la pobreza.
[su_heading]Tegucigalpa,Honduras[/su_heading]
A Giammattei le tocará combatir en cuatro años los principales problemas que aquejan a los guatemaltecos desde hace dos décadas sin remedio: violencia, pobreza e impunidad.
No son nuevos conflictos para el país centroamericano, considerado por organismos internacionales como uno de los 10 más sangrientos del planeta y con los peores índices del continente en desnutrición crónica infantil (último según la Organización de Naciones Unidas), inversión pública en educación (penúltimo de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo) y corrupción (solo arriba de Nicaragua, Haití y Venezuela con base en un estudio de Transparencia Internacional).
El “deterioro” es tan grande, que un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales aseguró en 2019 que “la pobreza extrema” en Guatemala “alcanzó el máximo registrado desde el año 2000”.
De acuerdo con datos de entidades locales e internacionales, seis de cada 10 guatemaltecos viven en la pobreza y el 23 por ciento intenta sobrevivir en condiciones de pobreza extrema.
Los últimos cinco mandatarios llegaron al poder con la misma agenda por cumplir como Giammattei. A la fecha, tres de ellos han pisado la cárcel (Otto Pérez Molina, Álvaro Colom y Alfonso Portillo) sindicados o condenados por corrupción. Solamente se salvan al momento Óscar Berger y Jimmy Morales.
La corrupción y el abuso de poder están prácticamente normalizadas en Guatemala de acuerdo al presidente saliente, Jimmy Morales, en palabras pronunciadas durante su segundo año de Gobierno.
“Tal vez todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país, una corrupción que, de una u otra forma, en Latinoamérica, Guatemala y muchas partes del mundo, se ha considerado como normal”, aseguró en una entrevista en junio de 2017.
Las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) entre 2015 y 2017 desnudaron la realidad de la política guatemalteca. Las pesquisas de ambas entidades imputaron por corrupción a alrededor de 160 personas entre empresarios, funcionarios, ministros, diputados y el presidente de 2012 a 2015, Otto Pérez Molina, además de su vicepresidenta, Roxana Baldetti.prensalibre/hondudiario
