Niegan excepciones interpuestas por defensores privados en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”

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 ***Las denuncias que presentó Berta Cáceres en su momento, permitieron develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad Lenca.

Tegucigalpa,Honduras

El Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción declaró en las últimas horas “Sin Lugar” las excepciones por falta de acción y competencia interpuestas por defensores privados, con las que se pretendía evitar juicio oral y público en caso “Fraude sobre el Gualcarque” llevado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

 Esta causa tiene que ver con la explotación del río del Gualcarque, en el occidente del país y que se relaciona con la lucha que libró la ambientalista Berta Cáceres.

 La acusación involucra a 16 personas por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.

 Los 16 acusados son: Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía y Ana Lourdes Martínez Cruz.

Además, Gabriela Zelaya Gómez, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Redondo Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lizeth Castillo Argueta y Zaida Odilia Pinel.

La investigación fue conducida por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ahora UFERCO, y contó con la colaboración activa de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y el apoyo de las Fiscalías de Etnias y Protección del Medio Ambiente.

En el juicio de busca demostrar que 16 acusados cometieron delitos contra la administración pública para lograr que una empresa desarrolladora del proyecto fuera beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque que se celebró con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), así como el contrato de suministro y potencia de energía con la ENEE.

Las denuncias que presentó Berta Cáceres en su momento, permitieron develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad Lenca.

Entre las irregularidades administrativas, se establece que Roberto David Castillo (presidente de DESA, también procesado por la muerte de Berta Cáceres) ejercía un cargo en la empresa desarrolladora y al mismo tiempo en la Enee, lo que le permitió asistir a las diversas sesiones de la junta directiva de la ENEE en calidad de invitado

En las reuniones se discutían y aprobaron los contratos específicamente los contratos con su empresa, eminentemente había un conflicto de intereses.hondudiario/AB

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