FMI propone a Honduras aumentar apoyo a $530 millones

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***La pandemia provocará una recesión en 2020, con una contracción esperada de la economía de aproximadamente un 3.3 por ciento, según el organismo.

Tegucigalpa, Honduras

El Fondo Monetario Internacional (FMI), dio a conocer a través de un comunicado, que ha llegado a un acuerdo con Honduras a nivel de personal técnico sobre la segunda revisión del programa económico bajo el Acuerdo Stand-by de Facilidad de Crédito, en el que propone aumento en el apoyo a 530 millones de dólares.

Comunicado:

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Esteban Vesperoni mantuvo por conversaciones con las autoridades hondureñas por video conferencia respecto a la Segunda Revisión del Programa de Honduras apoyado por el FMI bajo el Acuerdo Stand-by (SBA) y el Acuerdo de Facilidad de Crédito (CFA). Al término de la misión, el Sr. Vesperoni declaró hoy lo siguiente:

El personal técnico del FMI y las autoridades de Honduras mantuvieron discusiones muy productivas sobre el apoyo del Fondo a las políticas económicas, incluidas las medidas de emergencia implementadas por las autoridades a raíz de la pandemia del COVID-1 Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, el personal técnico propone aumentar el nivel de acceso bajo las facilidades SBA/CFA en DEG162 millones (aproximadamente US$222 millones), llevando el acceso total a DEG387 millones (en torno a US$530 millones), y completar la segunda revisión del programa.

La pandemia COVID-19 está teniendo un impacto adverso importante en las condiciones sociales y económicas en Honduras. Provocará una recesión en 2020, con una contracción esperada de la economía de aproximadamente un 3.3 por ciento.

Esto refleja el impacto de las medidas necesarias de mitigación para aliviar las presiones sobre el sistema de salud y proteger vidas, así como los grandes choques externos a través de las remesas, la maquila, el comercio, el turismo y las condiciones financieras externas. También se proyecta que la pandemia genere aumentos en las necesidades de financiamiento fiscal y de balanza de pagos.

Las autoridades están desplegando una respuesta bien focalizada a la pandemia, estableciendo marcos sólidos de transparencia y rendición de cuentas. En este contexto, y previa solicitud al Congreso del uso de la cláusula de emergencia contenida en la Ley de Responsabilidad Fiscal, el programa del gobierno prevé un déficit del 4 por ciento del PIB para el sector público no-financiero en el año 2020, y reorientaciones del gasto presupuestal no prioritario.

Este déficit sería generado por menores ingresos fiscales relacionados con la recesión, así como por mayores gastos para contener el alcance y mitigar el impacto de la crisis sanitaria, humanitaria y económica causada por la pandemia.

Las autoridades también están adoptando medidas importantes de política monetaria y financiera para limitar el impacto de la crisis, incluidas reducciones en la tasa de política monetaria, aumento de la provisión de liquidez, alivio del servicio de la deuda, e implementación de fondos de garantía.

En el contexto del programa apoyado por el Fondo, las autoridades continuarán enfocándose en proteger el gasto social y la inversión frente a la caída de los ingresos tributarios asociada con la desaceleración en el crecimiento económico; implementar reformas en el sector eléctrico; fortalecer la política monetaria y los marcos de regulación y supervisión financiera; y tomar medidas para mejorar el clima de negocios y la gobernanza.

La misión sostuvo conversaciones con Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras, Rocío Tábora, secretaria de Finanzas, Ethel Deras, presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Miriam Guzmán, ministra directora del Servicio de Administración de Rentas.

La misión también mantuvo reuniones con autoridades y equipos técnicos de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Tribunal Superior de Cuentas, el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda, la Comisión Interventora de la ENEE, el regulador y el operador del sector eléctrico, y representantes de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional. GO/Hondudiario

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