Gobierno ordena recuperar tierras arrendadas, nacionales y ejidales para “repartirlas” a campesinos

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*** El Gobierno podrá cancelar los contratos de arrendamiento de tierras con empresas, terratenientes o campesinos que no están utilizandolas para la producción de granos básicos  o que estén en estado de abandono y entregarlas a otros, según el decreto.

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández,  mediante un Decreto Ejecutivo, publicado en el diario oficial La Gaceta, ordenó a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), revisar y entregar en un plazo no mayor de quince (15) días, un registro de las tierras fiscales, nacionales y ejidales, para ponerlas a disposición de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y entregarlas a los “campesinos”.

La disposición anterior se colige en el diario oficial La Gaceta No. 35, 248, publicada el pasado domingo 10 de mayo, invocando el Decreto Ejecutivo PCM-030-2020, del 9 de abril donde se declara como una prioridad nacional el apoyo al sector productor de alimentos y agroindustria alimentaria y donde se decreta las medidas para asegurar la soberanía y seguridad alimentara en el país.

 Se detalla en el Decreto, que le corresponde al Presidente de la República entre otras atribuciones, dirigir la política general del Estado y representarlo, emitir Acuerdos, Decretos y expedir Reglamentos y Resoluciones conforme a la Ley, asimismo en se establece que el Estado por razones de orden público e interés social, se puede reservar el ejercicio de determinadas industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público y dictar medidas y leyes económicas, fiscales y de seguridad pública, para encauzar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada.

Que los atributos constitucionales le permiten al mandatario hondureño establecer que “La producción agropecuaria debe orientarse preferentemente a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población hondureña, dentro de una política de abastecimiento adecuado y precios justos para el productor y el consumidor”.

“Que es deber del Estado asegurar por todos los medios a su alcance los derechos a la salud y la seguridad alimentaria del pueblo, para lo cual se hace necesario tomar medidas de carácter extraordinario, considerando también la suspensión de derechos fundamentales decretadas por el Poder Ejecutivo por el Covid-19 y sus efectos negativos en la seguridad alimentaria.

Entonces, en el “ARTÍCULO 4. Del Decreto, – Se ordena a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), que en un plazo no mayor de quince (15) días, en conjunto con las demás instituciones del Poder Ejecutivo relacionadas con el tema de tierras a crear un registro de las tierras fiscales, nacionales y ejidales que pudiendo dedicarse a la producción agropecuaria no estén siendo utilizadas para este fin, estando en la obligación de revisar los contratos de arrendamiento o concesión que existieran a la fecha sobre dichas tierras y analizar si su uso y goce corresponde al fin establecido en el contrato correspondiente.

El registro de las tierras fiscales, nacionales y ejidales propiedad del Estado de Honduras o sus dependencias deben de ponerse a disposición de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), a fin de que esta Secretaría de Estado en base a criterios técnicos orientados a evitar la concentración de tierras y asegurar el uso efectivo de la tierra, pueda bajo contratos de concesión de tierras ponerlas a disposición de los productores nacionales para la producción de alimentos; se establece un canon de Cien Lempiras (L.100.00) anuales por manzana por la concesión de las tierras.

Es entendido que las tierras continuarán siendo propiedad del Estado y sus dependencias y no serán objeto de reivindicación de 3 La Gaceta A. Sección A Acuerdos y Leyes REPÚBLICA DE HONDURAS – TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE MAYO DEL 2020 No. 35,248 dominio de ningún tipo, estando en la obligación el beneficiario de devolverlas al finalizar el plazo de la concesión, mismo que será hasta por un plazo máximo de 20 años y renovable de mutuo acuerdo por la mitad del tiempo, dice textualmente.

Sigue, que, “Toda tierra nacional, fiscal o ejidal sujeta al presente programa y que haya sido concedida a un particular, será afectable de devolución al Estado o sus dependencias cuando se compruebe por la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) que las mismas no han sido destinadas a la producción de alimentos de conformidad con lo prescrito en el presente decreto; para dar cumplimiento con lo anterior la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) por sí o con el apoyo de otras instituciones del Poder Ejecutivo realizará inspecciones periódicas de campo para verificar el buen uso de las tierras.

La producción que se genere mediante el uso de estas tierras ociosas deberá ser utilizada para el abastecimiento del mercado nacional. La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola deben supervisar el cumplimiento de esta disposición.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) debe, en un plazo de quince (15 días), crear un programa de aseguramiento de la soberanía y seguridad alimentaria con el propósito de lograr el ordenamiento, y el apropiado financiamiento, registro, trazabilidad de las unidades de producción nacional de alimento y la categorización de los productores y agroindustriales nacionales.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, con el acompañamiento de otras instituciones competentes, debe crear un censo de tierras con potencial para aplicar sistemas de riego y la identificación de tierras aptas para la construcción de represas de agua o cosechas de agua y realizar los estudios expeditos para la construcción de represas con la colaboración de INVEST-H. a quien le otorgarán la administración de los recursos aprobados para tal fin.

Entendidos en los procesos administrativos del gobierno, señalan que por el tiempo, “básicamente esto no es para la producción agrícola, pues eso debe ir acompañado de un gasto publico fuerte en materia de tecnología, lo cual no se tiene presupuestado, peor en el marco de la reducción de un 16% del presupuesto”.

“Esto tiene otro fondo, facilitar el acceso a zonas indígenas y con cierta protección de grupos o terratenientes, sumado a que beneficiará a grupos o individuos en el marco de arreglos políticos para la nueva contienda política”, indicó el entrevistado, teniendo en cuenta los mecanismos de distribución.

Agregó que esto permitiría entregar a terratenientes o políticos las tierras ejidales que están en poder de la OABI a 100 lempiras anuales por manzana por 20 años renovables por 10 años más, “siendo que se trata de atender el programa de seguridad y soberanía alimentaria por la crisis sanitaria del Covid-19 y ésta no va a durar 20 años, lo que podría permitir que se queden con las tierras”. Marino Ortariz/ hondudiario  / file:///C:/Users/ACEVAS002/Downloads/10%20DE%20MAYO%202020,%2035,248.pdf

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