Conmoción en Colombia por la violación de siete militares a una niña indígena

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***Los agresores, reclutas de 18 a 22 años, estaban prestando el servicio militar obligatorio.

Tegucigalpa, Honduras

La brutal violación a una niña indígena del pueblo embera-chamí en el departamento de Risaralda (centro de Colombia) por parte de siete militares colombianos ha conmocionado al país cuya sociedad ha expresado un repudio unánime. Los agresores han aceptado los cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.

Al parecer, la menor de 12 años estaba sola, recogiendo guayabas cerca de un campamento militar, cuando los siete uniformados (entre ocho según la víctima) la secuestraron y violaron durante la noche del lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia, que hace parte del municipio de Pueblo Rico.

Fue la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) quien hizo pública la acusación la mañana del miércoles en un comunicado en el que el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena.

“Esta no solo ha sido una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y como miembro de un pueblo ancestral, ha sido una agresión para todo nuestro pueblo embera katío, y un acto que defrauda la confianza que hemos depositado en ellos como representantes del Estado”, expresó Queragama.

Irán a la cárcel

El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, municipio donde ocurrieron los hechos, decidió enviar a prisión a los militares involucrados, medida que deberá aplicarse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias.

“Mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia”, expresó Barbosa, quien agregó que “en menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el presidente colombiano, Iván Duque, manifestó que el Gobierno va a “enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia”, y agregó que si toca “inaugurar la cadena perpetua” aprobada la semana pasada en el Congreso con este caso, se hará. El Senado de Colombia aprobó la prisión perpetua para los violadores de niños, iniciativa que reforma el artículo 34 de la Constitución.

En Colombia, según cifras oficiales, en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 fueron asesinados.

Investigación exhaustiva

El Defensor del Pueblo pidió este jueves al Ejército y al Ministerio de Defensa que “hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho”.

“Cuando la violencia sexual además es cometida por miembros de la fuerza pública, a quienes se les confió el uso de las armas del Estado, es una grave violación de los derechos humanos y particularmente de la obligación estatal de respetar la vida, integridad y salud de una menor de edad”, añadió el organismo.

Al respecto, el mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército, a la que pertenece la unidad militar involucrada, recalcó que desde que conocieron la información tomaron los “protocolos correspondientes” para que se lleve “a feliz término” la investigación.

Los involucrados en este caso, reclutas de entre 18 y 22 años que prestaban el servicio militar obligatorio, en el del Batallón San Mateo, fueron relevados de sus servicios, avanzó Ospina. El caso está siendo juzgado por la justicia penal ordinaria en vez de a un tribunal militar, mientras que el Ejército “seguirá los parámetros que a esto corresponde”, añadió e general. Vanguardia/Hondudiario

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