Caso fortuito y fuerza mayor y su aplicación tributaria en Honduras

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Rita Silva Socia de Impuestos y Servicios Legales Deloitte Honduras

La suspensión de las garantías constituciones establecidas por el Gobierno de la República mediante el Decreto PCM 021-2020 del 16 de marzo del 2020, hace necesario hacer una reflexión jurídica- tributaria sobre los conceptos de Caso Fortuito y Fuerza Mayor aplicados a la materia fiscal. Generalmente, ambos conceptos se aplican en materia contractual civil o mercantil, pero tomando en consideración los efectos económicos generados a nuestros empresarios por la pandemia COVID 19, es importante desarrollar el tema desde un punto de vista fiscal por los beneficios que podrían generarse para los contribuyentes

Nuestro Código Tributario desarrolla ambos conceptos de la siguiente manera: caso fortuito: “Suceso no provocado por el obligado tributario que impide el cumplimiento de una obligación, sin responsabilidad para el mismo por no haber podido preverse o que pudiendo preverse, ha resultado inevitable. Y define la fuerza mayor como: “Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido resistirse, que impid

e hacer lo que se debía o era posible y licito. Aparece como obstáculo, ajeno a las fuerzas naturales y que se opone al ejercicio de un derecho o al espontaneo cumplimiento de una obligación”

A continuación, hacemos una relación de la normativa fiscal que hace referencia a estos dos conceptos y que concede el derecho a los obligados tributarios que pudieran estar enfrentando esta situación, a realizar los procesos legales ante la administración tributaria, con el objeto principal de no estar sujetos al pago de los tributos que vamos a detallar.

La Ley Impuesto al Activo Total Neto (Decreto 51-2003) en su artículo 14 numeral 5) establece que no estarán sujetos a dicho tributo: “Los contribuyentes que en un periodo sufrieren pérdidas operativas originadas por caso fortuito o fuerza mayor; dicha perdida deberá ser certificada por una firma auditora, debidamente registrada en el Colegio respectivo, sin perjuicio de la fiscalización posterior…”

Adicionalmente, el artículo 1 de la Medida anti Evasión para el Impuesto Sobre la Renta (Decreto 96-2012) que regula aquellas personas naturales o jurídicas que durante los periodos fiscales no prescritos y que en dos años hayan tenido pérdidas de operación consecutivas o alternas y que en el último periodo fiscal hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a  L 100,000.00,  estarán sujetas al pago de un anticipo del 1% en concepto de Impuesto Sobre la Renta.  Se exceptúan de esta disposición las personas naturales o jurídicas que acrediten mediante dictamen de auditoría fiscal, realizada por una firma auditora debidamente registrada,

en su colegio respectivo, que la perdida fiscal sea real, la cual será verificadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, hoy SAR.

Por último, tenemos el Decreto 31 – 2018 que reforma el Artículo 22 A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que regula “el impuesto mínimo”.  Dicha norma en el artículo 1 literal d) establece: “Las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor derivadas de desastres naturales, catástrofes, guerras, estado  de excepción, debidamente acreditable ante la Administración Tributaria, hasta dos (2) ejercicios  fiscales desde que ocurran. Aquella perdida deberá ser certificada por una firma auditora debidamente registrada en el colegio profesional respectivo, quedando sujeta a la fiscalización posterior …”   Dicha certificación deberá cumplir los requisitos establecidos en el Acuerdo DEI-SG-067 2015 publicado el 30 de abril del 2015 y sus reformas.

Es importante tomar en consideración que la Administración Tributaria será la entidad encargada de verificar si los argumentos que certifiquen las pérdidas ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor a los obligados tributarios cumplen con todos los requerimientos, fiscales, legales y contables al respecto para conceder dichos beneficios fiscales. El derecho de los obligados tributarios a solicitar la aplicación de la normativa relacionada con el tema de caso fortuito y fuerza mayor en ningún caso pueden considerarse como motivos para eludir el pago de tributos, sino únicamente, como el ejercicio de los derechos establecidos en las normas tributarias vigentes anteriormente indicadas.

De tal forma que, los efectos colaterales de la pandemia cumplen a cabalidad las características del caso fortuito y fuerza mayor como ser: inevitable, irresistible y cuya culpa no es atribuible a los obligados tributarios.

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