**** La empresa Covi no ejecutó el aumento del peaje en el 2019, además en el 2021 la circulación vial bajó por los efectos del covid-19 en el país, pero el Poder Ejecutivo ordenó que se pague por esos ingresos dejados de percibir.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El presidente hondureño en consejo de ministros, ordenó incluir en el Presupuesto General de la República del 2022, el pago del dinero que dejó de percibir la Concesionaria Vial (COVI), por no haberse autorizado el aumento del peaje en el 2019 y por el déficit en el cobro del peaje por los efectos de la pandemia del 2020, según se colige en el DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-043-2021, publicado oficialmente en La Gaceta.
La determinación del Poder Ejecutivo de «resarcir las pérdidas» de la Concesionaria Vial, fue publicada el pasado 24 de abril, donde se instruye el pago de los dineros dejados de percibir, sin precisar el monto, pero que se incluyan en el Presupuesto General del próximo año.
La empresa COVI realiza el cobro de peaje en postas sobre la carretera CA5, mediante una concesión de realizar ampliaciones a la carretera, mismas que aún no están terminadas en su totalidad en varios tramos, como también es la responsable de darle mantenimiento a la red vial, aunque gran parte de la misma no fue construida por ellos.
En el 2019, la empresa COVI, según el acuerdo, tenía autorizado el aumento de las tarifas en los peajes, pero debido a las presiones por diferentes sectores, no se aplicó y ahora el Poder Ejecutivo terminó autorizando el pago de ese aumento no aplicado, sumado a eso, se incluye los bajos ingresos por los efectos de la pandemia en el 2020, que al final pagarán los hondureños mediante sus tributos en el ejercicio fiscal de 2022.
Para el diputado por Colón, Ramón Soto, con el PCM 43-2021 Casa Presidencial le puso en las manos un “cheque en blanco” a COVI y alerta que se pueda generar un perjuicio “leonino en contra del Estado”.
“Eso es una sinvergüenzada, ellos mismos (Poder Ejecutivo) respaldan esos términos porque son socios de ese tremendo negocio. En este país de corruptos todo se puede, ¿quién los audita y qué validez tienen esos pequeños recibos que le dan a cada conductor?”, cuestionó el parlamentario de Libertad y Refundación (Libre), sin descartar que COVI puede alterar sus reportes mensuales de circulación.
La Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) recibe los informes de circulación e ingresos que COVI registra mensualmente, pero como este año no se hizo el “ajuste ordinario a la tarifa de peaje”, para que “no sea cobrado al usuario y en su lugar éste sea calculado conforme a lo establecido en el contrato”, se abre la ventana a un conflicto de intereses.
Para Soto, todo el contrato de concesión y este último PCM 43-2021 aprobado por el Poder Ejecutivo es «leonino” para un pueblo hondureño afectado económicamente.
“Todo el contrato está viciado, en primer lugar, nunca debieron dar en concesión una obra que ya estaba concluida con la plata donada por la Cuenta del Milenio, desde ahí todo fue irregular”, concluye el diputado por Colón que en enero de este año tuvo un accidente vehicular en la CA-5 mientras iba hacia su departamento.
El plazo de concesión es de 22 años y entró en vigencia a partir del 12 de octubre de 2015, con un monto de inversión que superará los 121 millones de dólares, los fondos se recaudan actualmente en tres casetas de peaje, pero será cuatro porque está pendiente la construcción de otra en Lamaní, Comayagua, en el Canal Seco.
Para Antonio Rivera, un ingeniero agrónomo que semanalmente circula entre San Pedro Sula y Comayagua, opina que es “injusto” que COVI reciba reajustes en porque “no terminado la ampliación de varios tramos entre Taulabé y La Barca”.
Otro aspecto cuestionable, según este conductor, es que en la temporada de invierno hay derrumbes y la mayoría de limpiezas las hace el gobierno, no el concesionario.
“Eso es una estafa a nivel grande, demasiado. Cuando hay derrumbes ellos deben tener todo listo, maquinaria, pero no tienen y es el gobierno el que tiene que ir a limpiar. Ellos como concesionaria privada debería resolver eso”, indicó.
“Más bien las tarifas deberían ser más baratas, el país debería pensar en revisar ese contrato. Los cobros deberían hacerse en carreteras fronterizas”, agregó.
El equipo de redacción de HONDUDIARIO intentó solicitar entrevistas con los ejecutivos de COVI, para tener detalles sobre las ampliaciones pendientes y sobre el retiro derrumbes, pero no hubo respuestas.
Según el sitio en Internet del concesionario, la población beneficiaria de su gestión ronda los dos millones de habitantes, distribuidos entre de las ciudades de Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Villa de San Antonio, Goascorán y otras poblaciones interconectadas a la carretera CA-5. (JQ.Hondudiario)
