*** Las mujeres deben cumplir las penas privativas de libertad en establecimientos Penitenciarios exclusivos para ellas.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
La comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos crueles, Inhumanos y Degradantes (CONAPREV), Glenda Ayala, interpuso una garantía de inconstitucionalidad por vía de acción, contra la reforma el artículo 41 del reglamento general de la ley del sistema penitenciario.
Esta Acción de Inconstitucionalidad se interpone contra el Acuerdo N° 002-2020 publicado en fecha 30 de enero de 2021, mediante el cual se reformó el artículo 41 del Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario.
En dicha reforma se asigna a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), unicada en Támara, como única cárcel de mujeres en Honduras
Esta reforma recae de manera expresa en el artículo 41; pero, tácitamente, afecta también las declaraciones y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y Tratados Internacionales, cuya naturaleza es evolutiva y jamás restrictiva.
Las condiciones carcelarias de las mujeres probadas de los centros penitenciarios del país, esta reforma viene a tener una involución en materia de derechos humanos, sobre todo en el trato diferenciado que se le debe dar las privadas de libertad.
“Existen más de 400 mujeres en la PFNAS que no pertenecen a la jurisdicción de Tegucigalpa, y el efecto psicológico causado ha sido grande”, reclamó la profesional del derecho.
De igual forma, cuestionó la situación socioeconómica de las carcelarias, ya que muchas de ellas viven en una situación de desarraigo y sin la posibilidad de tener una visita por sus parientes por ser de tierra adentro.
“Esta situación de venir a centralizar no permite el incumplimiento de las reglas, que establecen que las mujeres privadas deben estar lo más cercano a su domicilio y teniendo en cuenta la situación sociocultural en Honduras, que la mujer lleva la responsabilidad de los hijos”, apeló.
Finalmente, reiteró que esta reforma se vuelve atentatoria a ese derecho fundamental que tienen las privadas de libertad. hondudiario/AB
