***La reforma autoritaria de la Ley Especial contra Lavado de Activos, aprobada por el CN, es la estocada final a la lucha contra la corrupción en Honduras, consideró la ASJ.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El miembro de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Leste Ramírez, condenó las reformas que hizo el Congreso Nacional (CN), en relación a la Persona Expuesta Políticamente (PEP).
En ese sentido, mencionó que si se explica de manera sencilla dicha reforma es una nueva estocada a todo lo que es el combate a la corrupción en Honduras.
Ramírez ahondó que con ello prácticamente están cerrando las puertas a cualquier organismo de sociedades civil, como por ejemplo ASJ o el CNA, para que hagan investigaciones y veedurías, y puedan presentar las evidencias a las instancias como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o el Ministerio Público (MP).
Consideró que esa reforma a la Ley de Lavado de Activos tiene dedicatoria, ya que las ONGs que se dedican a la investigación están expuestas a investigaciones administrativas y que se les puedan congelar las cuentas.
En el CN le dieron otra naturaleza legal a la PEP, y “eso también es una aberración, es un elemento que puede entrar en un espacio de inconstitucionalidad y también puede interpretarse como un golpe al derecho de asociación cívica que tiene la población hondureña y tiene dedicatoria”, concretó.
De igual forma, a través de las redes sociales la ASJ La acción del Congreso de incorporar a las organizaciones de sociedad civil y su liderazgo como PEP es dictatorial y antidemocrática, atenta contra la libre participación y va en contra de toda la normativa y estándares internacionales.
Asimismo, que la reforma autoritaria de la Ley Especial contra Lavado de Activos, aprobada por el CN, es la estocada final a la lucha contra la corrupción en Honduras.
El organismo de la Sociedad Civil reiteró que el Congreso Nacional de la República, el día 07 de octubre de 2021 de manera opaca y en el sigilo, reformó la Ley Especial Contra el Lavado de Activos para incluir a las organizaciones de sociedad civil que investigan denuncian y exponen actos de corrupción, como “Personas Expuestas Políticamente (PEP)”.
Asimismo, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anota que las reformas aprobadas en el Congreso Nacional, podrían agravar la situación de conflictividad agraria en el país, criminalizar la protesta social y debilitar la lucha contra la corrupción.
Pronunciamiento de la ASJ
1.Condenamos enérgicamente esta acción de hostigamiento desde un poder del Estado al tachar a ciudadanos organizados que combaten la corrupción en Honduras como actores que corren el riesgo de lavar dinero en el sistema financiero, cuando ni siquiera entran dentro del concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP), al no ejercer cargos públicos, colaborar con políticos, influir en las decisiones sobre el destino del gasto público y tampoco ser personas naturales.
2.Al incluir sin razonamiento legal o dictamen técnico en la definición de Personas Expuestas Políticamente a “…organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa que se dediquen a ejecutar proyectos o programas de diferentes tipos, la veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública…”, el Poder Legislativo claramente contraviene lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, demostrando su intención de amenazar, perseguir y coaccionar a organizaciones que en los últimos años han demostrado ser el único bastión contra la corrupción.
3.Alertamos a los medios de comunicación, periodistas, empresarios, organizaciones religiosas, universidades, entidades de la Cooperación Internacional, que esto solamente es el comienzo. Si estas acciones logran materializarse sin ninguna reacción concertada, cada vez será más fácil callar y coartar las acciones ciudadanas contra la corrupción. Estos comportamientos autoritarios se conocen muy bien en América Latina y han producido trágicas consecuencias, causando enorme dolor y luto en las familias y retrocesos en los países.
4.Desde la ASJ, al contar con interés personal, directo y legítimo por la decisión tomada por el Poder Legislativo, advertimos que una vez entre en vigencia la reforma a Ley Especial Contra el Lavado de Activos procederemos a interponer un recurso de inconstitucionalidad. En tal sentido, invitamos a las demás organizaciones de sociedad civil y liderazgos comprometidos con el combate a la corrupción a juntar esfuerzos y hacer que este evento sea el detonante de un trabajo en bloque para hacer valer nuestros derechos y compromiso con la justicia.
Reformas aprobadas imponen secreto bancario
Entre lo aprobado se encuentran reformas a artículos del nuevo Código Penal, Código Procesal Penal y de la Ley Especial de Lavado de Activos.
Entre ellos, la reforma al artículo 47 que establece que el secreto bancario debe ser suspendido únicamente en las investigaciones por los delitos de tipificación en los títulos 25 y 32 del Código Penal y supuestos de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, mediante siempre orden emitida por el órganos jurisdiccional competente.
En ese sentido, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, condenó que los diputados del CN se hayan aprovechado del Feriado Morazánico y del partido de La H para aprobar una serie de barbaries.
De acuerdo al fiscal, este no es un Congreso Nacional legislando a favor de las mayorías, sino personas investigadas e involucradas en actos de corrupción buscando cómo auto protegerse y proteger a sus allegados.
“Cada día estoy convencido que en Honduras vivimos en un Estado de barbarie. Con las reformas aprobadas, se impone secreto bancario para investigar los delitos de corrupción, quieren que los fiscales nos limitemos a investigar abusos de autoridad”, comento Santos.
Artículos reformados
Los artículos 219, 248, 312, 325, 328, 373, 374, 378, 379, 386, 439, del Decreto 130-2017 de 18 de enero de 2018 que contiene el nuevo Código Penal de Honduras
Adicionar el artículo 378-A al Decreto 130-2017 de 18 de enero del 2018 que contiene el nuevo Código Penal de Honduras.
Derogar los artículos 296, 353 y 613 del Decreto 130-2017 de 18 de enero de 2018 que contiene el nuevo Código Penal de Honduras.
Reformar el Código Procesal Penal contenido en Decreto No. 99-9-E de fecha 19 de diciembre 1999 y sus reformas, mediante la modificación del artículo 54 y la adición de los artículos 26-B y 224-A
Reformar los artículos 2, 26, 29, 30, y 47 del Decreto No. 144-2014 que contiene la “Ley Especial contra el Lavado de Activos”,
Interpretar el tercer párrafo de Código Procesal Penal contenido en Decreto No. 99-9-E GO/Hondudiario
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Políticos no están eximidos de presentar informes financieros pese a ultima reforma del CN – ►https://t.co/kJM9jcAQow pic.twitter.com/Nleuq6PQHZ
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