***El togado dijo que la normativa pone en precario la investigación de casos tras su aprobación, no solo para los organismos nacionales, sino también internacionales que en su momento pueden llegar a Honduras.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
El abogado constitucionalista, Raúl Pineda, consideró que, el decreto de amnistía para presos políticos puede entorpecer la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
“Lamentablemente, con la amnistía, la CICIH no va a tener nada que hacer”, expuso.
Señaló que la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) tuvo el tiempo para levantar la mano y oponerse cuando esta se estaba discutiendo. “Buscar reforma es extemporáneo”, dijo.
Por su parte, el abogado penalista Fernando Gonzales, alertó que la amnistía política aprobada en el Congreso Nacional (CN) será una clara obstrucción a los alcances y acciones de la CICIH.
Gonzales aplaudió la intención del actual gobierno en instalar una misión internacional para combatir la corrupción en Honduras, pero consideró que los decretos en referencia, son algunas contradicciones de la actual administración gubernamental.
El togado dijo que la normativa pone en precario la investigación de casos tras su aprobación, no solo para los organismos nacionales, sino también internacionales que en su momento pueden llegar a Honduras como el caso de la CICIH.
Por lo anterior, mencionó que primeramente las Naciones Unidas deben mandar una avanzada para que analice temas como periodo de la Comisión, financiamiento, alcance, entre otros factores, sin descuidar el respaldo que debe tener desde el Congreso Nacional de Honduras.
Cabe señalar que, será crucial esta semana para revisar el decreto de amnistía que la generalidad de los círculos de opinión relaciona con un “engendro” de impunidad y de corrupción.
Se espera que, en las próximas sesiones legislativas, el Partido Salvador Honduras (PSH) concretice una iniciativa para delimitar los alcances de la ley exclusivamente para los delitos políticos y no para aquellos personajes señalados por responsabilidad penal.
Como se sabe, la amnistía decretada ha beneficiado al ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; y al exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri.
Se conoce que más de medio centenar de solicitudes de extinción de responsabilidad penal han sido presentadas ante los entes competentes, en tanto que dirigentes de Libre aseguran que siete mil campesinos procesados por delitos que no existen podrían resultar favorecidos.
El decreto abarca a las personas que se desempeñaron como empleados, funcionarios o autoridades electas durante la administración del expresidente, José Manuel Zelaya, entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009.
Establece que estas personas fueron víctimas al ser acusados criminalmente “por oponerse y protestar contra el golpe de Estado; y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”. GO/Hondudiario
