*** El Ministerio Público acusa a los tres imputados por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional declaró no ha lugar la solicitud de cambio de medidas para el excapitán Santos Rodríguez Orellana, Jennifer Lizeth Bonilla y Reina Lizeth Bonilla acusados del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, confirmó este jueves el Poder Judicial.
Sobre lo anterior, la portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Lucía Villars, detalló que se realizaron dos audiencias, y una fue la solicitud de cambio de medidas.
“El médico forense que revisó a estas personas ha indicado que a pesar que ellas tienen enfermedades de base, son situaciones que pueden ser controladas en el centro donde están recluidas”, dijo Villars.
El Ministerio Público acusa a los tres imputados por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Al respecto, la portavoz indicó que en la audiencia de proposición de medios de prueba fueron admitidos el 95 por ciento de los propuestos por las partes procesales.
“En el caso de la audiencia de proposición de medios de prueba se han admitido en este caso aproximadamente un 95 por ciento de los medios de prueba presentados por las partes procesales”, reiteró.
Villars adelantó que los medios de prueba admitidos serán desarrollados y evacuados durante la etapa del juicio oral y público.
No obstante, mencionó que el Tribunal de Sentencia todavía no programa la fecha para el juicio oral, porque un perito de la Fiscalía tiene que estar presente en otra audiencia.
Ahora bien, el desarrollo del juicio oral en contra del excapitán y familiares podría realizarse en 2023, según estimó Villars.
Santos Orellana fue capturado por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en noviembre de 2021 en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.
De acuerdo con el ente acusador del Estado, un testigo protegido aseguró que el exmilitar luego de operaciones antinarcóticos en las que participaba se quedaba con parte de la droga incautada.
Asimismo, que el armamento incautado lo distribuía a una organización criminal en la zona atlántica de Honduras y habría participado en la muerte de un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA). OB/Hondudiario
