Poder democrático y legitimidad representativa, debate e independencia del Poder Legislativo.
Por: Roberto Herrera Cáceres
El poder democrático es el que el pueblo soberano tiene sobre sí mismo y su organización jurídica como Estado, con una lógica de ejercicio de las funciones públicas en la perspectiva de su seguridad humana para su desarrollo individual, familiar, comunitario y nacional. El poder democrático está construido sobre una estructurada base de dignidad humana que posibilita el respeto del poder de cada persona sobre su propia vida y bienestar, en un Estado y una sociedad diseñados jurídicamente para promover y proteger los derechos humanos que son propios de cada persona que habita en territorio hondureño y sus migrantes.
Todos los poderes del Estado traen su origen y principio del poder democrático de la población hondureña, la cual elige representantes para ejercer esos poderes conforme a los objetivos constitucionales de su organización y funcionamiento y en subordinación ineludible al Estado democrático y social de Derecho.
El Poder Legislativo se ejerce constitucionalmente por el Congreso de Diputados y Diputadas (Congreso Nacional) que, en democracia, es el órgano encargado de representar a la población y de controlar al Gobierno, con vista a cimentar la vida estatal y la forma de gobierno, con una sociedad democrática donde, en cohesión social, todas y todos gocemos de justicia, libertad, paz y desarrollo integral.
Las acciones y decisiones en esa dirección, se conocen por la deliberación y los debates públicos, en el Congreso Nacional, que aseguran accesibilidad y verificabilidad al pueblo representado, para que pueda valorar las posiciones y actitudes de sus representantes legislativos en los temas, asuntos o materias que conocen, abordan y tratan; la profundidad con la cual razonan; el respeto mutuo y la tolerancia al pluralismo ideológico con los cuales dialogan; y su nivel de conciencia social de la superioridad, en democracia, del bien común de la gente.
Es así que, en república democrática, por medio de la deliberación y los debates parlamentarios debidamente organizados, el pueblo representado ejerce su derecho a verificar si los diputados y diputadas cumplen con sus deberes y responsabilidades, como representantes del pueblo, de actuar en función exclusiva del fin supremo del Estado que es el respeto y protección de la dignidad de todos (as) los habitantes y la promoción de su bienestar progresivo, sin ningún tipo de discriminación.
Asimismo, permite al pueblo entero, valorar si las actuaciones y actitudes de cada uno de los diputados y diputadas, en sus relaciones con los otros poderes del Estado, es conforme a la normativa constitucional sobre su papel representativo y a su atención exclusiva a las necesidades y soluciones que favorezcan a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Es importante que tanto el diputado (a) como el ciudadano (a) tengan presente ese aspecto esencial de la relación entre diputado representante y pueblo representado, pues, en democracia, es necesario que el diputado siempre piense, sienta y actúe como un representante de la voluntad popular y actúe dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho, para que todo ciudadano y toda ciudadana pueda saberse y sentirse concretamente representados.
Ignorar el contenido de esa relación de representación, en democracia, es lo que ha acarreado la pérdida progresiva de legitimidad de quienes fueron investidos inicialmente de representación política (para impulsar al país hacía la construcción del diseño constitucional de dignidad humana, bienestar común y justicia social, que todos anhelamos se haga conforme lo manda la Constitución de la República); pero que nunca pudieron entender el sentido de la honrosa representación democrática asumida o entendiéndolo prefirieron apartarse de la voluntad general y del bien común, para someterse a intereses personales, sectoriales o de grupos determinados.
Por todo ello, reitero la expectativa cívica de que, en particular los representantes del pueblo que integran el Congreso Nacional, mantengan su inicial legitimidad representativa, cumpliendo con la advertencia y el consejo de nuestro sabio José Cecilio del Valle, según los cuales: “No se oirá en este salón lo personal, individual o privado. Solo resonará lo nacional, lo público o de interés universal para la República. Si queremos que el pueblo cumpla la ley, ame lo justo, respete la autoridad y guarde consideración a los que la ejercen: seremos los primeros a dar ejemplo de respeto a la ley y autoridad, de amor a la justicia, y consideración a los funcionarios celosos en el lleno de sus deberes. Esta sala puede ser el punto de donde salga partida la opinión y divididos los sentimientos en lo más esencial y delicado o el centro de la unidad o armonía; puede ser el origen triste de los partidos o facciones o el principio feliz de la unión de todas las clases en derredor de la Patria; puede ser la fuente de donde fluya el mal o el nacimiento donde emane el bien. La elección está en nuestras manos. Los legisladores deben ser los primeros modelos. Este salón será el templo del Decoro, de la Prudencia y del Patriotismo juiciosos. En las discusiones seremos oradores modestos porque la modestia aumenta los valores del raciocinio y las fuerzas del convencimiento. En las votaciones seremos, como la razón fría y tranquila que decide en calma, sin el calor de los partidos”.
