*** Luego de comparecer en audiencia de imputados, el juez ordenó que los seis garífunas se defiendan en libertad.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
La Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos (SEDH), señaló que el desalojo realizado por las instancias judiciales en la comunidad garífuna de Punta Gorda debía cumplir con garantías y estándares mínimos de derechos humanos (DDHH).
“Manifestamos nuestra preocupación por el desalojo forzoso de la comunidad garífuna de Punta Gorda, establecida hace 225 años en ese mismo territorio, antes que Honduras fuera Estado independiente, por lo que les asisten derechos ancestrales, mismos que son reconocido por el Estado de Honduras mediante la ratificación del convenio 169 de la OIT”, señaló la entidad del Gobierno en un comunicado.
Enfatizó que, los defensores del territorio están plenamente reconocidos por el Estado en la Ley de Protección a Defensoras y Defensores de DDHH, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia en su Artículo No. 5., por lo que el Estado deviene obligado a su protección.
“El desalojo ordenado por instancias judiciales debió cumplir con las garantías y estándares mínimos de Derechos Humanos, que implican respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la garantía de reubicación y el no uso de la violencia. Instamos a la Secretaría de Seguridad y a los entes de seguridad del Estado a cumplir con los dichos lineamientos”, añade el documento.
Asimismo, afirma: “Responsabilizamos al Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, por actuar de forma contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y en contraposición con su mandato de representar los intereses de la sociedad en su conjunto. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.
Como ente rector en DDHH, la SEDH insta a la búsqueda de soluciones concertadas, no criminalizadoras, ni judicializadoras, de las personas defensoras de derechos humanos, cuyo rol es reconocido internacional y nacionalmente por las entidades e instituciones de derechos humanos.
Además, agregó: “Recordamos, desde nuestra función como promotores y garantes de la protección de los Derechos Humanos, que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
Fueron liberados
El dirigente de la comunidad garífuna en Punta Gorda, Máximo Castro Molina, confirmó que este martes quedaron en libertad bajo la figura de medidas cautelares distintas a la prisión, los seis garífunas detenidos el lunes tras un violento desalojo en esa comunidad de Islas de la Bahía.
Luego de comparecer en audiencia de imputados, el juez ordenó que los seis garífunas se defiendan en libertad.
Los imputados en la causa son: Dorotea López, Richard Martínez, Efraín Sánchez, Keider Gonzales, Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez
Sin embargo, un grupo de garífunas que se apostaron en las afueras de los juzgados departamentales, dijeron que seguirán luchando por sus tierras.
Presidenta Castro pide informe
La Presidenta Xiomara Castro se pronunció en las últimas horas sobre el desalojo violento realizado en la comunidad garífuna de Punta Gorda, en la isla de Roatán, Islas de la Bahía.
Castro indicó a través de su cuenta de Twitter que solicitó un informe sobre la ordenanza judicial de desalojar las tierras ancestrales.
Asimismo, aseguró que no fue informada de la determinación previo a ejecutar la acción, exigiendo la libertad inmediata de los capturados y el respeto a los derechos humanos. OB/Hondudiario
