***Un grupo de inmigrantes que perdieron sus casos de asilo durante el controvertido programas MPP logró una importante victoria al conseguir que una corte de California permitiera avanzar en un juicio para permitir que miles de afectados vuelvan a pedir la protección de EEUU y tengan un juicio justo.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
Inmigrantes procesados bajo el programa conocido como ‘Quédate o Permanecer en México’ (MPP), que fueron expuestos permanecer en zonas de violencia, se les impidió entender sus procedimientos de asilo, no tuvieron acceso a un abogado que los representara o no pudieron asistir a sus audiencias y sus casos fueron negados, tendrán una segunda oportunidad para buscar la protección del gobierno estadounidense.
Así lo ordenó la semana pasada una Corte Federal de Distrito del Centro de California en el caso conocido como Immigrant Defenders Law Center et al. v. Mayorkas, en el que un grupo de afectados demandó al gobierno tras perder sus casos de asilo por fallos cometidos durante el proceso regulado por el polémico programa, activado en enero de 2019 durante el gobierno de Donald Trump.
En enero, el tribunal celebró una audiencia donde escuchó argumentos adicionales respecto a una solicitud de desestimación pendiente de los demandados (el gobierno) y una moción pendiente por parte de los demandantes (inmigrantes que perdieron sus casos de asilo bajo el MPP) para una certificación de clase (una demanda colectiva puede afectar a los derechos de muchas personas).
Documentos judiciales indican que bajo el MPP “más de 60,000 personas que buscan asilo en condiciones potencialmente mortales en México (…) sobrevivieron a angustiosos viajes para buscar protección en Estados Unidos, solo para ser enviadas de regreso a peligrosas ciudades fronterizas mexicanas a esperar audiencias en la corte de inmigración que tal vez nunca sucedieron”.
Los errores fueron denunciados
En febrero de 2021 el gobierno de Biden reconoció que miles de casos bajo el MPP habían sido desestimados porque los peticionarios no se presentaron a sus audiencias por diversas causas y recibieron a cambio una orden de deportación.
Abogados consultados por Univision Noticias en ese momento enumeraron las posibles causas por las cuales los jueces desestimaron los pedidos de asilo bajo el MPP y emitieron órdenes de deportación en ausencia:
- Los migrantes no recibieron a tiempo la “Notificación de Comparecencia (NTA) para asistir al tribunal y el juez dio por terminado el caso;
- Los migrantes recibieron la NTA minutos antes del juicio y se hallaban a muchas millas de distancia del tribunal, situación que les impidió cumplir con el citatorio y perdieron sus casos;
- Muchas NTA no llegaron a manos de los migrantes debido a que muchos no tienen una dirección estable en México;
- Un alto porcentaje perdió sus casos porque no tuvieron representación legal;
- Los migrantes recibieron su notificación de comparecencia en inglés y no entendieron las instrucciones;
- Los migrantes que perdieron sus casos no sabían que tenían un plazo de 30 días para apelar la decisión del juez;
- Los migrantes no tenían evidencias que corroboraran sus historias;
- Los migrantes no tenían causa para pedir asilo en el momento de presentar la petición;
- Algunos ya habían sido deportados con anterioridad;
- Muchos abandonaron sus procesos a causa de la inseguridad y la pobreza en la que viven en la frontera.
- Algunos murieron o se enfermaron durante la espera;
- Algunos ya habían sido deportados con anterioridad y/o tenían crímenes en Estados Unidos y faltas que los convertía en inadmisibles.
La demanda colectiva
Luego del cierre del programa, una decisión respaldada incluso por la Corte Suprema de Justicia, un grupo de seis personas que buscan asilo en Estados Unidos y que han estado sujetas al MPP, fueron apoyados por el Immigrant Defenders Law Center y el Jewish Family Service of San Diego para entablar una demanda en contra del gobierno por violación de sus derechos al momento de pedir asilo bajo el cuestionado programa.
Entre los argumentos presentados al tribunal, los demandantes indican que el MPP funcionó para deportar “a casi todas las personas sujetas a ellos” y que su efectividad fue “despiadada con una tasa de deportación del 98% de las personas afectadas durante veinte meses”, indica un reporte de Innovation Law Lab.
El estudio agrega que, para lograr el objetivo de deportación de todos durante la Administración anterior, el MPP funcionó a través de un enfoque múltiple.
“Primero, obligaron a los solicitantes de asilo a vivir indefinidamente en condiciones peligrosas en México y les impidieron poder satisfacer sus necesidades humanas básicas. En segundo lugar, obstruyó la representación legal de casi el 93% de las personas afectadas. Y en tercer lugar, confinaron efectivamente a los solicitantes de asilo en zonas de peligro extremo, donde quedaron vulnerables a asaltos, robos, violaciones, secuestros y otros daños a manos de cárteles, pandilleros y funcionarios mexicanos, y los han privado del acceso a sus necesidades básicas”.
A través de esta demanda, los abogados de los demandantes (Innovation Law Lab, Southern Poverty Law Center, National Immigration Project of the National Lawyers Guild, junto con el socio pro-bono Arnold & Porter), señalan que “buscan comenzar la restauración de la ley de asilo”.
El gobierno de Biden solicitó al tribunal desestimar los argumentos de los demandantes, pero la Corte Federal de Distrito del Centro de California denegó gran parte de la moción para descartar el recurso y falló a favor de los demandantes.
En su fallo, el tribunal declaró que, de ser comprobadas, las alegaciones de los demandantes constituirían «violaciones agudas y generalizadas» de los «derechos fundamentales” de los demandantes, agrega la organización en un informe.
El SPLC también dijo que “el tribunal concedió la moción de los demandantes para certificar la acción colectiva, lo que significa que se permitirá que los demandantes representen a un amplio número de personas, incluidas aquellas cuyos casos fueron cerrados o quienes recibieron órdenes de deportación final bajo la política original radicada por el gobierno del ex-presidente Trump”.
«El tribunal tomo la decisión correcta. Es desconcertante que el gobierno continúe defendiendo los graves daños infligidos por una política que la propia administración (de Biden) ha condenado, citando sus ‘costos humanos injustificables», dice Melissa Crow, Directora de Litigio del Center for Gender & Refugee Studies (CGRS).
«El tribunal señaló correctamente que el Congreso no autorizó al gobierno a aplicar la política de forma que se le podría negar a una persona el derecho a solicitar asilo. Seguiremos luchando enérgicamente para garantizar que todos los solicitantes de asilo que permanecen en el limbo legal a causa de la política de MPP tengan una oportunidad significativa de presentar sus reclamos», agregó.
Otras voces aplauden la decisión
- «Aplaudimos la decisión del tribunal federal de denegar la petición del gobierno de desestimar el caso y la certificación de la acción colectiva”, dijo Álvaro M. Huerta, director de litigio y defensa del Immigrant Defenders Law Center.
- «El fallo del tribunal es un paso positivo en la vindicación definitiva de los derechos de nuestros clientes y de todos los solicitantes de asilo. MPP merecen una oportunidad justa de buscar protección bajo las leyes de asilo de nuestra nación», dijo Luis González, abogado director del Servicio Familiar Judío de San Diego.
- «Los solicitantes de asilo deben tener acceso a protección en EEUU en lugar de ser dejados en situaciones inseguras al otro lado de la frontera cuando ya están huyendo de la violencia y la persecución en sus países de origen. Debemos volver a centrarnos en la humanidad«, dijo Stephanie M. Álvarez-Jones, abogada del Proyecto de Justicia Migrante del Southern Poverty Law Center.
- “Nuestros valientes demandantes e integrantes de la acción colectiva siguen sufriendo los impactos de esa cruel política. La decisión del tribunal de certificar nuestra acción colectiva y denegar la solicitud del gobierno de desechar este caso nos permitirá continuar litigando la mayoría de nuestros reclamos. El fallo es un reconocimiento de los horrores causados por la política MPP y un primer paso para remediar esos daños y lograr justicia para miles de familias», dijo Victoria Neilson, directora supervisora en el Proyecto Nacional de Inmigración.
- “Esta decisión es una victoria para muchas personas a las que se les negó su derecho a solicitar asilo y afirma que el gobierno tiene la responsabilidad de abordar la inhumanidad, el sufrimiento y el desastre que fabricó a través de esta política insensible», dijo Kelsey Provo, abogada senior supervisora de Innovation Law Lab.
Univisión/Hondudiario
