***Un reporte publicado el martes por el diario The New York Times revela que unos 1,000 menores nacidos en Estados Unidos fueron separados a la fuerza de sus padres indocumentados en la frontera con México durante el gobierno de Trump en el marco de la cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras[/su_heading]
Un grupo de tarea (Task Force) creado por el gobierno de Joe Biden a principios de 2021 para reunificar a cientos de familias separadas forzosamente por durante el gobierno de Donald Trump, está rastreando el destino de unos 1,000 niños estadounidenses hijos de padres indocumentados, revela un informe publicado este martes por el diario The New York Times.
Algunas de las víctimas de la cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’ del exmandatario han permanecido durante años en hogares temporales, agrega el reporte.
Durante el gobierno de Trump miles de familias fueron afectadas por estas separaciones, cuyo número total de afectados no se conoce. En mayo de 2018 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, aseguró que los casos afectados eran 2,654 entre principios de mayo y el 20 de junio de ese año, de acuerdo con documentos judiciales de una corte en San Diego, California.
Pero informes posteriores del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IG-DHS) aseguraron que el número total de separaciones era de varios miles y que la cifra total quizás nunca se conozca.
Un informe de Univision Noticias en 2020 halló que las separaciones no comenzaron en mayo de 2018, sino que iniciaron el 11 de abril de 2017 cuando Sessions ordenó a los fiscales fronterizos levantar cargos criminales a inmigrantes padres de familia que cruzaban la frontera, incluso en busca de asilo.
Esta política permitió al gobierno arrebatarles a sus hijos mientras enfrentaban carg0os criminales por ingreso ilegal, siendo que se trataba de una falta de carácter civil. Una vez terminado el proceso criminal y cuando los padres fueron a reclamar a sus pequeños, el gobierno en miles de casos no tenía registros actualizados de ellos y cientos de ellos fueron deportados solos a sus países de origen.
Un reportaje de Univision Noticias, titulado Terror en la frontera, cuenta lo que sucedió en aquellos años a miles de padres indocumentados, muchos de los cuales huyeron de sus países en busca de asilo en Estados Unidos. Descarga ahora tu ejemplar aquí.
Hasta 1,000 ciudadanos estadounidenses
The New York Times revela que cientos, y posiblemente hasta 1,000, niños estadounidenses nacidos de padres inmigrantes fueron arrebatados por el gobierno federal en la frontera, según abogados y defensores de inmigrantes que están trabajando con el gobierno de Biden para encontrar a las familias afectadas.
“En muchos casos los niños nacidos en Estados Unidos fueron colocados en hogares de guarda durante períodos prolongados, y algunos aún no se han reunido con sus padres, perdidos en el sistema casi cinco años después de que ocurrieron las separaciones”, explica el reportaje.
Investigadores entrevistados por el periódico indicaron que no se sabe dónde están los padres hoy. Y que dos años después de la llegada de Biden a la casa Blanca, el gobierno estadounidense apenas comienza a darse cuenta de la cantidad de ciudadanos que atraviesan este trauma “inimaginable”.
Hasta ahora se estima que unos 5,500 niños nacidos en el extranjero habían sido separados de sus padres en virtud de la política migratoria. Y las separaciones solían durar cuestión de semanas, pero en algunos casos llegaban a durar años.
Es la primera vez que se confirma que niños estadounidenses que viajaban con padres inmigrantes también estaban sujetos a la política de separaciones forzadas en el marco de la ‘tolerancia cero’ de Trump.
Más de 600 reunificaciones hasta febrero
A principios de febrero Univisión Noticias reportó que poco más de 600 familias separadas forzosamente durante el gobierno anterior habían sido reunificadas por el Task Force. Y que otras 998 familias todavía estaban siendo ubicadas, de acuerdo con los registros del gobierno y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que participan en el proceso de reunificación.
“Reconocemos la dedicación de quienes han ayudado a reunir a estas familias y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar sin descanso para reunir a las otras familias que sufrieron a causa de la anterior política cruel e inhumana, una política que no reflejaba los valores de nuestra nación”, dijo entonces Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el segundo aniversario del grupo.
Además de los 600 menores reunificados a la fecha, otros 148 se encontraban en proceso avanzado de ser entregados a sus familias, y otros cientos están siendo investigados para ser localizados y realizar las complejas tareas de reunificación.
“Entendemos que nuestro trabajo crítico no ha terminado”, precisó Mayorkas. “El grupo de trabajo continúa coordinando el alcance a las familias que fueron separadas para garantizar que tengan la oportunidad de reunirse en Estados Unidos y recibir los servicios de salud conductual que se necesitan de manera crítica para abordar el trauma que sufrieron”.
Situación de desventaja
Analistas legales entrevistados por el periódico neoyorquino dijeron que “como ciudadanos estadounidenses, los niños no necesariamente tenían ningún derecho adicional que hubiera impedido que fueran separados de sus padres encarcelados”. Y que, de hecho, “puede (que esta situación) los puso en desventaja. Su condición de ciudadanos los colocó automáticamente bajo la supervisión de las autoridades estatales de bienestar infantil, lo que complicó los esfuerzos para seguirles la pista y reconectarlos con sus padres”.
Las recientes investigaciones determinaron además que si bien los niños nacidos en el extranjero fueron enviados a refugios operados por la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR, que opera bajo el mando del Departamento de Salud y Recursos humanos, HHS), donde se ingresaron en las bases de datos federales y finalmente se les permitió hablar con sus padres por teléfono, no existía tal sistema para los niños estadounidenses enviados a los sistemas estatales de cuidado de crianza.
“Se dejó que los tribunales de familia estatales, usando varios conjuntos de criterios, decidieran independientemente cómo manejar los casos”, apuntaron, un vacío que complicó desde entonces cientos, quizás miles de separaciones forzadas ordenadas por el gobierno de Trump.
Los nuevos estudios agregan que esta situación “se volvió aún más difícil cuando los padres fueron deportados” solos a sus países de origen, un trauma que el Task Force sigue batallando para encontrarlos y reunificarlos.
Carlos Holguín, un abogado que ha representado a miles de inmigrantes niños bajo custodia federal, señaló al periódico que “teóricamente, un tribunal estatal de dependencia determinaría si lo mejor para el niño es que se reúna con uno de sus padres, incluso si el padre ha sido expulsado o se enfrenta a una deportación inminente”.
Investigaciones tardarán meses
Al igual que se dijo en febrero de 2021, cuando iniciaron los trabajos de búsqueda, dos años después los expertos sostienen que las investigaciones y las tareas de búsqueda de reunificación todavía demorarán meses.
El gobierno tardará meses en revisar archivos adicionales para identificar a padres e hijos separados y luego tratar de determinar su paradero en los Estados Unidos o en el extranjero, dijeron varios defensores de inmigrantes que han estado trabajando con el Task Force, dice The New York Times.
Los primeros informes judiciales ventilados en una corte federal de distrito del sur de California en San Diego hablaban de 2,654 separaciones de familiares de inmigrantes de varias nacionalidades y niños de distintas edades entre recién nacidos hasta casi cumplo 18 años.
El gobierno de Trump sostuvo en todo momento que las separaciones forzadas, que mantuvo en secreto desde abril de 2017 hasta principios de mayo de 2018, que la cuestionada política era un intento de disuadir a los miles de padres que, según los funcionarios de aquella época, estaban poniendo en peligro a sus hijos al llevarlos en peligrosos viajes a la frontera.
Lo que no decía el gobierno era que la ley vigente indicaba que el asilo era un recurso legal disponible y que, de acuerdo con el debdo proceso migratorio, eran los jueces de inmigración quienes debían determinar el futuro en estados Unidos de los extranjeros solicitaban esta protección.
Cuando el Task Force se integró en 2021 la directora Mickelle Brane contó a Univision Noticias que “no había nada, no había espacio para trabajar, no había personas (equipos) trabajando (en las reunificaciones), no teníamos la información de quienes habían sido separados”.
“Solo había un montón de papeles, de archivos, pero no unidos, ni confirmados. Lo que encontramos fueron errores en nombres, errores en números (de registro como extranjeros y de casos), repeticiones, falta de información”, agregó. Univisión/Hondudiario
