*** La extorsión al sector transporte en Honduras es un problema grave que ha estado presente en el país durante muchos años.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]

El dirigente del transporte, Jorge Lanza, señaló que el rubro sigue pagando extorsión a las estructuras criminales, pero confían en que los entes de seguridad puedan detener el flagelo.
“Estamos creyendo que las autoridades pueden parar esta situación, estamos confiando que todo lo que se ha venido dando pueda tener un freno, pero antes pedirle al Gobierno que actúe con los entes de Seguridad que requieren de las herramientas necesarias”, declaró.
“Nosotros seguimos pagando el impuesto de guerra normalmente, es más están unas rutas amenazadas, en San Pedro Sula y Tegucigalpa varias rutas paradas por el elemento dinero”, indicó.
Lanza argumentó que la extorsión es un problema de nunca acabar, “esta gente pide cada vez más, ya no se encuentra de dónde sacar fondos para dotas esas personas de lo que ya no tenemos”.
“Esperamos que el Gobierno Central dote de las herramientas que los entes de Seguridad necesitan y puedan dar resultados diferentes”, insistió.
Al menos dos rutas en Tegucigalpa y una en San Pedro Sula estarían paralizadas por la extorsión, según reveló el empresario.
“Esperemos no continúe esto porque la gente depende de un servicio y esto perjudica al desarrollo. Tegucigalpa, es una ciudad donde se vive política y empresarialmente; la gente necesita la movilización”, comentó.
Por otro lado, mencionó que están a la espera de que el Gobierno les cancele “lo que se nos debe, para no llegar a interrumpir el trabajo diario”.
La extorsión al sector transporte en Honduras es un problema grave que ha estado presente en el país durante muchos años. La extorsión se lleva a cabo por parte de bandas criminales que exigen pagos regulares a los conductores de autobuses, taxis y otros vehículos comerciales a cambio de permitirles operar en ciertas áreas o rutas sin ser atacados o robados.
Las bandas criminales a menudo utilizan la violencia y la intimidación para obligar a los conductores a pagar. Los conductores que se niegan a pagar corren el riesgo de ser atacados, sus vehículos pueden ser robados o quemados, y ellos mismos pueden ser secuestrados o asesinados. OB/Hondudiario