***¿HACIA DÓNDE VAMOS? NECESITAMOS CONSTRUIR UNA DIFERENTE REALIDAD DE RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA Y DE DISFRUTE DEL BIENESTAR COMÚN.
Por : Roberto Herrera Cáceres
Es factible construir una diferente realidad de respeto a la dignidad humana y de disfrute del bienestar común por la población, sin discriminación, porque ello ya está ordenado en nuestro régimen constitucional y sólo requiere del cumplimiento de los deberes y derechos constitucionales de la población como titular de la soberanía nacional y de las correspondientes obligaciones y responsabilidad del Estado y sus servidores.
Tal como lo dispone la Constitución de la República: Honduras es República Democrática y Estado de Derecho que vincula, a gobernantes y gobernados, en el logro del objetivo superior de asegurar respeto, protección y promoción de la dignidad humana y del bien común de todos (as) los habitantes.
A pesar de esa obligatoriedad imperativa que deriva de la supremacía constitucional, la realidad del pasado y presente evidencian que nos desviamos de esa normativa, sin que la sociedad reaccionase solidariamente, con patriotismo constitucional, para evitarlo en ejercicio de su titularidad de la soberanía nacional.
Esa histórica mala experiencia, nos llama a liberarnos de esos errores del pasado, de la incertidumbre del presente y de quienes, con fines autocráticos o dictatoriales, buscan convencernos de una supuesta impotencia política ciudadana ante los males públicos que agobian a nuestra sociedad y al Estado.
Logremos liberarnos de esas infundadas suposiciones mediante nuestra participación constructiva, como soberanos individuales, en la transformación de la injusta realidad actual de pobreza, subdesarrollo y otros males públicos en nuestro Estado, en la diferente realidad de dignidad humana y bienestar común ya señalada constitucionalmente como objetivo supremo del Estado y la sociedad, mediante el ejercicio del derecho al desarrollo que tenemos para mejorar progresivamente nuestra calidad de vida y asegurar nuestro progreso social.
En nuestra República democrática y conforme al Estado de Derecho, los gobiernos como servidores del pueblo deben asegurar la efectividad de ese derecho humano de los gobernados(as). Lo que, en la situación actual, se expresa en la obligación de convocar, contribuir e impulsar al diálogo pluralista y consenso social para lograr el contenido del Plan de Nación 2023 – 2035, y de garantizar la ejecución debida de su planificación y la eficiencia y eficacia en el logro de los resultados esperados.
La Constitución de la República dispone expresamente que, al Estado por medio de sus gobiernos corresponde promover el desarrollo participativo e inclusivo, con visión a mediano y largo plazo, conforme a una Ley de planificación estratégica, contentiva de objetivos, medios y mecanismos para alcanzarlo.
La Constitución precisa asimismo que: “El Plan de Nación, los planes de desarrollo integral y los programas incorporados en los mismos son de obligatorio cumplimiento para los gobiernos sucesivos”.
la Constitución de la República y la Ley de Visión de País y Plan de Nación constituyen así la base normativa de la visión de Honduras para la promoción, concertación y ejecución planificada del desarrollo nacional por medio del constitucionalmente obligatorio y socialmente esperado Plan de Nación 2023 – 2035.
