VOZ Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIDA PÚBLICA, POR LA DIGNIDAD HUMANA Y EL BIENESTAR COMÚN DE LA POBLACIÓN
*** Transformación nacional para resguardar y lograr progresivo cumplimiento del objetivo supremo del Estado de Honduras, velando cívicamente porque todos los gobiernos orienten, hacia ello, sus decisiones y acciones públicas.
Por: Roberto Herrera Cáceres
Todos los seres humanos, en todo el mundo, somos personas con dignidad. De ahí derivan nuestros derechos humanos, entre ellos el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica que, por ser esencial en la vida digna en toda sociedad democrática, está prohibido derogar.
Ese derecho humano, junto a los demás y fundamentado en los principios de igualdad y no discriminación, nos da existencia efectiva ante la sociedad, el Estado y la comunidad internacional que están obligados a respetarlo, protegerlo y promoverlo; y tienen la prohibición de derogarlo.
Ahí está la raíz de la voluntad de las personas de vivir en Estados democráticos pluralistas, en unión solidaria con los demás, para disfrutar del fin supremo de respeto, protección y promoción de la dignidad humana y de bienestar común. Estados en los que se escucha y respeta la diversidad de ideas, de opciones individuales, así como de la participación de todos (as) en la vida pública
El pueblo de Honduras ha determinado libremente, por medio de la Constitución de la República, la forma de nuestro gobierno, sus expresas atribuciones y facultades, y lineamientos fundamentales como Estado democrático y social de Derecho, para que avancemos hacia el fin supremo permanente de asegurar progresivamente vida con dignidad y bienestar para todos los (as) habitantes.
A pesar de lo anterior, en nuestro país, vivimos en subdesarrollo con pobreza y desigualdad que afecta a alrededor del setenta y cinco por ciento de la población del cual el cincuenta por ciento es de gente que se encuentra en situación de pobreza extrema; debido a causas estructurales y problemas coyunturales que son obstáculos y amenazas a la vida digna y a la confianza en la institucionalidad estatal y social.
Ello es debido a acciones u omisiones de ciudadanos (as) que, habiendo sido electos (as) o nombrados (as) para asegurar el funcionamiento del Estado en el cumplimiento del objetivo superior del buen gobierno (legitimidad de origen), han hecho lo contrario (ilegitimidad de ejercicio) al favorecer la desviación de los gobiernos del cauce constitucional conducente al disfrute cierto y verdadero, por todos (as) los habitantes, de su dignidad humana y del bien común que es el objetivo superior de la sociedad y el Estado.
Entre los viciados hábitos que han contribuido históricamente a ese inconstitucional estado de cosas y que siguen determinando características principales del sistema político imperante, se encuentran: la democracia simulada o fingida que, en general, se ha exteriorizado en el comportamiento de las dirigencias de los partidos políticos y de servidores públicos; la falta de prevención y solución de los diferentes casos y situaciones que pueden amenazar y vulnerar los derechos humanos de las personas individuales y de la población hondureña, como: la falta de vigor de la lucha contra la pobreza, el hambre, el desempleo, las enfermedades, los niveles bajos de aprendizaje y educación; la corrupción; la falta de capacidad y compromiso en favor de la seguridad humana y del mejoramiento continuo del bienestar común; la falta de planificación e implementación sistemática del desarrollo sostenible; la violencia, la delincuencia y la falta de trabajo decente que, entre otras consecuencias, fuerzan a nuestros (as) compatriotas y sus familias a abandonar nuestro territorio.
Así, es evidente que vivimos entre el incumplimiento de deberes imperativos del Estado por la falta, a ese propósito, de vigencia efectiva de la Constitución, lo que destaca, aún más, el deber constitucional de la ciudadanía de mantener o restablecer esa vigencia efectiva de la norma fundamental del Estado de Derecho, en Honduras.
A esa situación estructural se agrega los nuevos factores y circunstancias que han prevalecido en los últimos años, ante los cuales se ha igualmente manifestado el incumplimiento del deber del Estado de asegurar continuidad y accesibilidad al funcionamiento regular y a los bienes de los servicios públicos básicos; así como a la inmediata protección y defensa de todas las personas consumidoras y usuarias, en especial de las personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que continúan, hasta la fecha, siendo revíctimizadas por el aumento arbitrario y crecientemente abusivo del precio de los alimentos y otros bienes esenciales, incluyendo la pérdida de su calidad.
Esa situación estructural y coyuntural de nuestra realidad nacional, constituye una transgresión grave del Estado Constitucional de Derecho; de la libre determinación del pueblo, de los derechos del pueblo y de las personas al desarrollo, a la democracia y soberanía, a los recursos naturales y riquezas del territorio del Estado.
En resumen, hay vulneración constante de la Constitución que es la norma fundamental en la cual se basa la unidad del orden jurídico que cristaliza la libre determinación del pueblo o la sociedad al organizar y poner en funcionamiento, en Honduras, el Estado democrático para el logro de su objetivo social supremo, por medio de los sucesivos gobiernos y con la cooperación solidaria del pueblo.
Ante este estado lamentable de cosas y en este tiempo de acumulación de crisis que se han venido multiplicando y acelerando: el Estado democrático y social de Honduras, dirigido por sus gobiernos y acompañados por la población, ya debería estar diligentemente ocupado en dar soluciones a esos atentados contra el Estado constitucional de Derecho, transformando e innovando para evitar que sea el Estado mismo que, por medio de sus gobiernos y grupos determinados, continúe victimizando al pueblo que es el titular de la soberanía nacional, del derecho a la libre determinación y a la democracia.
En consecuencia, ante sus necesidades comunes, la importancia de sus aportes o contribuciones y su apoyo debido a los buenos gobiernos que cumplan con sus deberes y responsabilidades constitucionales de proteger y promover sus derechos humanos y el bien común: la población, mediante su unión solidaria, debe actuar, exigir sus derechos y cumplir sus obligaciones con el Estado y expresar cívicamente su voz a sus gobiernos y ser escuchados por ellos, en la toma de decisiones como servidores del pueblo;
Es preciso hacerlo para crear un contexto de seguridad humana con igualdad de oportunidades y posibilidades para que la ciudadanía y pueblo o población logre disfrutar de su dignidad humana y del bienestar común, objetivo supremo de la sociedad y el Estado, según lo establece la vigente Constitución de la República.
El Estado tiene el deber de escuchar a su sociedad o población, fomentando, sin discriminación, la participación política de la ciudadanía en la política y en la vida pública en todo lo que concierne a su dignidad y bien común de los (as) habitantes, con la aplicación, por los diferentes gobiernos, de las normas constitucionalmente vigentes sobre la soberanía del pueblo, la gestión legítima del Estado democrático y social de Derecho y el fomento diligente del desarrollo sostenible con sujeción a una planificación estratégica y a la vigente Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.
Hacia la mayor eficacia de esa ineludible y esperada acción, el Estado debe también planificar estratégicamente la cooperación internacional que necesita lograr para nuestro desarrollo sostenible y asimismo lo que debemos buscar en relaciones internacionales constructivas de inversión e intercambio económico en bienes y servicios conforme a nuestra posición geográfica, realidad e interés nacional, recursos, necesidades y prioridades; salvaguardando siempre lo requerido, en todo tiempo, para disponibilidad y acceso de nuestro pueblo a sus propios medios de subsistencia y progresivo bienestar, y con respeto debido a nuestra personalidad e igualdad soberana, independencia política, integridad territorial y a la buena vecindad que buscamos con todos los Estados.
En esta nueva era mundial que comenzamos a vivir, deberíamos estar ya, en primera línea con otros Estados, abogando prioritariamente por recursos, tecnologías, prácticas útiles e iniciativas de renovación e innovación dirigidas a asegurar la eficacia y eficiencia de resultados concretos para dignificar los pueblos de los países en desarrollo, con el cambio progresivo de la calidad de vida y de trabajo, de todos ellos.
