*** En la primera fase de la operación, hubo fuga de información lo que permitió que parte del armamento fuera sacado.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó que la corrupción, complicidad y sabotajes al interior del INP, ha sido el detonante para que actos violentos se estén generando en los últimos días, los que dejaron como resultado, dos privados de libertad muertos en los Centros Penitenciarios de “El Pozo” en Santa Bárbara y “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso.
Según información de inteligencia penitenciaria en poder de la Comisión Interventora, el objetivo que conlleva el crimen organizado es desestabilizar el plan de acción instruido por la Presidenta de la República Xiomara Castro a través de la puesta en marcha de la “Operación Refundación Penitenciaria”, que tuvo su primera fase en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara.
En el marco de las acciones tácticas operativas, se detectó la filtración no solo de la primera fase de la operación; sino hasta de información del desarrollo de la misma, obstaculizando el decomiso total del armamento que actualmente tienen los privados de libertad en su poder y que permiten un constante enfrentamiento entre los miembros de dos estructuras criminales, según información con la que cuentan los interventores y la Cúpula Policial tanto del INP como de la Secretaría de Seguridad.
En el transcurso del trabajo que realizan los interventores la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva y los abogados Sandra Rodríguez y Mario Chinchilla, la corrupción y confabulación de parte de algún personal operativo asignado al establecimiento fue tan evidente en el caso de “El Pozo I” al acceder a la colocación de una antena que enviaba señal de internet hacía los módulos.
En ese sentido, las redes de comunicación fueron desmanteladas por órdenes de la Comisión Interventora, los indicios decomisados fueron entregados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los teléfonos encontrados, son objetos de vaciados para determinar si fueron utilizados y por quien para ordenar acciones criminales en perjuicio de la población hondureña, lo que nunca antes se había hecho en materia de investigación del delito desde los recintos penitenciarios. PC/Hondudiario
