*** El ex comisionado indicó que en el ámbito internacional, en comparación con otros Estados, se determina la posición deplorable de Honduras como uno de los países más pobres, desiguales y con índices de desarrollo más bajos del hemisferio occidental.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
El ex comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) Roberto Herrera Cáceres, señaló que el deber primordial del Estado democrático del país, es crear condiciones favorables al bienestar de las personas y todo el pueblo, pero con la participación pluralista y significativa de la ciudadanía, planificando y ejecutando eficazmente una estrategia de desarrollo sostenible de corto, mediano y largo plazo.
Sobre la recomendación anterior del Ombudsman hondureño, agregó que es un deber imperativo constitucional, buscar esas condiciones favorables no se han creado ciertamente, considerando que «la realidad social revela una inhumana y prolongada crisis humanitaria que angustia al sector mayoritario del pueblo hondureño debido a la falta de respuesta estatal que se requiere urgente y prioritariamente para atender a alrededor de siete millones de compatriotas que viven en la pobreza y entre ellos más de tres millones en la pobreza extrema.
Indicó que «los compatriotas carecen de recursos para vivir su dignidad de personas humanas y que son también víctimas de desigualdad, exclusión, hambre, inseguridad alimentaria, falta de atenciones de salud y medicamentos; de oportunidades de trabajo o empleo decente; de educación; y amenazados constantemente por la violencia, corrupción e impunidad; desastres naturales y efectos del cambio climático; y migración forzada».
El también consultor internacional, sobre la situación del país, «en el ámbito internacional, en comparación con otros Estados, determina la posición deplorable de Honduras como uno de los países más pobres, desiguales y con índices de desarrollo más bajos del hemisferio occidental».
Agregó además que «ante la gravedad progresiva de nuestro subdesarrollo y de la crisis nacional como sociedad y Estado, corresponde activar nuestra responsabilidad ciudadana de trabajar solidariamente unidos para construir el camino adecuado hacia el desarrollo sostenible conducente al bienestar de toda la población de Honduras; realizando, en primer lugar, acciones positivas urgentes para atender la situación actual de las personas en situación de pobreza, así como para su participación equitativa en el desarrollo nacional y en sus beneficios».
Asimismo, reflexionó que «desde la base de sustento y el alcance en perspectiva de la dignidad humana y bienestar común de las personas y pueblo hondureño, este es un llamado ciudadano que converge con el espíritu de lo examinado presencialmente y recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en ocasión de la reciente visita a Honduras, del 24 al 28 de abril de 2023».
«La CIDH ahí constata y advierte a los responsables de la gestión del Estado de Honduras que: “frente a los desafíos estructurales y coyunturales identificados, el Gobierno tiene la responsabilidad y la oportunidad de promover las transformaciones necesarias para atenderlos promoviendo una amplia participación», señaló
«Adicionalmente, habiendo Honduras enfrentado un rompimiento del orden constitucional con la consecuente ruptura del tejido social, que se ha venido profundizando en los últimos años, la amplia participación popular con la que fue elegido el presente gobierno constituye una oportunidad para reforzar la democracia y trabajar hacia la consolidación del Estado de Derecho», advirtió Herrera Cáceres.
Lo anterior, de una parte, mediante el respeto y garantía de la independencia de los Poderes Públicos; y de otra, mediante el ejercicio del control político y judicial a los actos del Ejecutivo, para asegurar el respeto al marco normativo interno, así como a las obligaciones y estándares interamericanos en derechos humanos”.
Sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordó que esta concluye afirmando lo siguiente: “Finalmente, los poderes públicos del Estado deben trabajar de manera coordinada para beneficio de toda la población mediante la implementación de acciones concretas dirigidas a superar los problemas estructurales persistentes y a avanzar en una agenda de inclusión social basada en el respeto a los derechos humanos. En este esfuerzo es fundamental propiciar un diálogo franco, abierto y transparente con todos los sectores de la sociedad, incluidas las voces disidentes; con la participación activa de los grupos de población que de manera histórica han sido excluidos y discriminados en Honduras. La CIDH confía en el mantenimiento de un orden constitucional”.
Contribuyamos a que ese diálogo democrático inclusivo sobre la planificación del desarrollo sostenible se realice y de resultados positivos en cuanto a posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo a que tiene derecho toda la hondureñidad, en igualdad de oportunidades de participación para todos (as) las personas y el pueblo, Ya disponemos de legislación, avances, iniciativas y planes para ello. MO/hondudiario
